Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La informalidad es el motor de la economía michoacana. Actualmente, solamente tres de cada diez empleos se da en el sector formal, de acuerdo con la información recabada en la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al corte del segundo trimestre del 2022. Especialistas en la materia y autoridades han reconocido que, en materia económica, la migración hacia el sector formal se constituye una o de los grandes retos, toda vez que las desventajas asociadas son varias. El ejercicio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refleja que el 66 por ciento de los 2.19 millones de empleos en Michoacán es de carácter informal, lo que significa que un alto porcentaje de los trabajadores enfrenta una situación de precariedad laboral. La informalidad está asociada a tres problemáticas centrales: la falta de seguridad social de parte de los empleados, nula captación de impuestos de estas empresas y una media de salario baja asociada a este tipo de plazas. “La informalidad laboral se ha convertido en principal boquete del mercado de trabajo estatal en las últimas dos décadas”, advierte Heliodoro Gil Corona, coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM), quien ataja que la meta del actual gobierno estatal debe ser reducir la tasa de informalidad a no más del 40 por ciento. Y es que los datos de la ENOE señalan que la informalidad incluso ha aumentado en los últimos meses. Al término del tercer trimestre de 2021, previo al relevo de la actual administración estatal, la tasa se ubicaba en 64 por ciento. Si bien el índice se ha aminorado ligeramente de 2010 a la fecha, cuando rondaba el 70 por ciento, en los últimos cinco años se ha mantenido alrededor del 65 por ciento pese a los programas públicos y la llegada de nuevas grandes empresas a la entidad. Reconoce Gil Corona que “el fenómeno de la informalidad muchas veces es motivado por las excesivas regulaciones, la tediosa trama impositiva y los costos económicos que implica la seguridad social de los trabajadores”, lo que ha generado que muchos emprendedores prefieran no regularizarse. El también investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) refiere que “el aumento de las actividades económicas informales trajo consigo el crecimiento acelerado de la informalidad laboral, convirtiendo en una alternativa de vida y sostenimiento familiar que, finalmente, trastocó la estructura productiva y laboral”. En el caso de Michoacán, comenta que es debido al atraso económico y social que se recurre a este formato, lo mismo que otras entidades consideradas como “pobres”, tales como Chiapas, Guerrero o Oaxaca. No obstante, alerta que la informalidad “es causa de la carencia de prerrogativas de los trabajadores en materia de seguridad social: atención médica, crédito para vivienda, fondo para el retiro, aguinaldo, entre otras”. En materia de retos, Heliodoro Gil lo calificó como un desafío estructural que debe tomar el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla; “en el caso de Michoacán los retos para superar la precariedad del mercado de trabajo son mayúsculos, pasan por lograr transformaciones en el aparato productivo en los sectores vinculados a las actividades del campo, el comercio y las manufactureras, en donde se acentúa el trabajo informal”. Por ello, consideró que la meta de la administración de Bedolla debe ser bajar la tasa de informalidad laboral de 66 a 40 por ciento en los próximos 5 años. En un sentido similar se ha expresado Rubén Medina González, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), quien sinceró que la misión del Gobierno de Michoacán es reducir la precariedad laboral de la mano con la reducción de la informalidad. Un punto clave, manifestó, es el tema agrícola, en donde calculan que cerca de 400 mil trabajadores de cultivos de alto valor como aguacate y berries deberán ser formalizados en breve para poder cumplir con las normativas que impuso el T-MEC.
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