Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Michoacán. Advierte el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) que las represalias contra México por la controversia comercial en materia energética podrían costarle en materia de crecimiento económico y desarrollo social. Si bien no todo está perdido, pues la defensa mexicana puede cambiar el tono de las acusaciones, Heliodoro Gil Corona, coordinador de Proyectos Estratégicas del CEEM, apunta que tras las quejas de Estados Unidos y Canadá por lo que consideran violaciones a los términos del T-MEC, bien podrían determinarse sanciones arancelarias. El también investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) expuso que, al no poder aplicar la reforma energética de lleno con los ajustes en la Constitución que propuso el Ejecutivo federal, decidió realizar modificaciones a leyes secundarias en materia regulatoria y acciones de política pública que, en particular, benefician a las empresas productivas del estado Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por ejemplo, en las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica se exige que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) priorice la electricidad generada por la CFE sobre la de productores privados, además de que en general las empresas privadas extranjeras ven obstáculos para su labor. Otro tema que ha causado molestia en es el aplazamiento del requerimiento de diésel ultrabajo en azufre solamente para Pemex. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó una prórroga “injustificada” de cinco años a la petrolera mexicana. En total, acusan violaciones a cuatro capítulos del acuerdo del T-MEC. La primera es al Capítulo 2, dedicado al acceso al mercado energético, que determina que los países deben otorgar trato nacional a las mercancías de los otros países miembros. También el Capítulo 14, dedicado a la inversión, que veta cambios a la regulación en la materia para interferir con las expectativas originalmente proporcionadas a inversionistas; y el Capítulo 22, que trata sobre empresas del estado, donde se piden reglas parejas de competencia a empresas privadas nacionales o extranjeras. Finalmente, al Capítulo 29, en el que se establece que las naciones deberán implementar en su legislación nacional de forma uniforme, imparcial y razonable. Se puede decir en esencia, que Estados Unidos y Canadá acusan a México de practicar medidas disparejas, discriminatorias, proteccionistas y limitativas para la competencia en el mercado energético”, refirió el académico nicolaita. QUEDA UN LARGO CAMINO Tendrá que defender el gobierno de López Obrador su punto, más allá del argumento de que “no somos colonia”, como ha expresado en sus últimas conferencias. El proceso de la Controversia Comercial consta de dos fases: una consulta para la resolución de disputas y, si no se resuelve, un panel solución de controversias, En el primero, las consultas de resolución de disputas, tiene un periodo de 75 días. Para resolverse. Dado que Estados Unidos emitió la solicitud el 20 de julio y tiene que iniciar el ejercicio en un periodo máximo de 30 días, a más tardar el 19 de agosto comenzaría esta etapa. La duración máxima de las consultas es de 45 días, teniendo como fecha límite para una resolución el 3 de octubre. Pero, “si no hay resolución en las consultas, Estados Unidos y Canadá pueden pedir el establecimiento de un Panel de Solución de Controversias”, recordó Gil Corona, el cual estaría integrado por tres o cinco panelistas elegidos a partir de una lista preaprobada por los tres países miembros del tratado. Detalló que el panel tendrá un plazo de 150 días para emitir un reporte inicial y adicionalmente dispondrá de 30 días para presentar el reporte final, así que “entre consultas y el panel se pueden requerir cerca de 9 meses para arribar a un resultado final”. “Los reclamos de Estados Unidos y Canadá no son la última palabra en esta controversia comercial, el proceso apenas inicia y existe materia de defensa por parte del gobierno mexicano que pueden cambiar el tono y el contenido de las acusaciones”, opinó el especialista del CEEM. Sin embargo, explica que si nuestro país llega a perder la controversia podrían aplicarse aranceles a una serie de mercancías que se exportan a los Estados Unidos “y el costo sería alto para la economía mexicana en su conjunto: menos crecimiento económico y reducción en las fuentes de trabajo formal en el país”. “Se sumarían más factores de incertidumbre que afectarían la atracción de Inversión Extranjera Directa en los próximos años”, concluyó.
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