Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A 4 años de la llegada de Uber a la capital Michoacana y otras regiones del Estado, el servicio de las plataformas de transporte a la carta se ha arraigado a los esquemas de movilidad urbana. A pesar de las acotaciones que ha encontrado este servicio en términos legislativos y la resistencia de agrupaciones de transportistas, sigue creciendo la cantidad de operadores y usuarios de estos servicios. Han pasado cuatro años desde que el Gobierno del estado y los principales líderes de transportistas aseguraron que la plataforma no podría operar en suelo michoacano. En la actualidad ya son más de 4 mil unidades y casi el doble de operadores en las distintas plataformas, solamente en la zona urbana de Morelia. Operadores y organizaciones de trabajadores de Uber señalaron para esta casa editorial que “la cacería” que emprendieron taxistas y organizaciones de transportistas, apoyados con los inspectores de la Comisión Coordinadora del Transporte del Estado (Cocotra) de Michoacán desde hace 4 años siguen, pero ya con menor intensidad. Aún se siguen generando las detenciones, la retención de las unidades e incluso agresiones constantes da parte ambos grupos de trabajadores del volante. A pesar del panorama anterior, los intentos de una reforma legislativa que permita operar o que en su caso restrinja de una vez por todas el uso de este tipo de tecnologías en el transporte de pasajeros ha quedado en el olvido en el Congreso del Estado, si bien ante los recientes cambios en materia tributaria a nivel federal básicamente se legaliza y formaliza este tipo de servicio en todo el territorio. Foto: Víctor Ramírez. Taxistas han realizado varias protestas en contra de la plataforma. El último intento por actualizar la Ley de Transporte Público del estado data del año 2017, mientras que las siguientes legislaturas no han abordado el tema que ha sido urgido para evitar más agresiones, violaciones de los derechos humanos y, sobre todo, garantizar un servicio de transporte público adecuado para los michoacanos y que no se trate de un coto de poder de algunos grupos de concesionarios. Con el cambio de Gobierno de Michoacán y los relevos en dependencias como la Cocotra durante este 2021, no se ha dado conocer cuál será la postura de las dependencias en torno a la presencia de las plataformas digitales. En términos legales, las plataformas se impusieron sobre la autoridad estatal y las organizaciones de transportistas en los juzgados. De las multas y sanciones impuestas en los últimos cuatro años, hasta 3 millones de pesos han tenido que ser devueltos a los operadores de Uber y otras compañías por los amparos ganados. El licenciado José Macouzet, abogado defensor de los colectivos de operadores de plataformas destacó que solamente en los últimos meses se han logrado hasta 100 amparos con devolución del recurso de la multa, gastos de corralón y de arrastre de las unidades detenidas. Precisó que la tendencia es la misma en los procesos legales que llevan otros defensores legales de los choferes de plataformas, por lo que el impacto a las arcas estatales es importante en cuanto a la devolución de los recursos. Actualmente las multas generadas por la Cocotra oscilan entre los 30 y 60 mil pesos mexicanos, pero desde la administración anterior no ganan una sola denuncia. Cuando se presentan los amparos la resolución es que se devuelvan todos los recursos pagados, que son cantidades fuertes por concepto de corralón y arrastre. Por la cantidad de amparos que son 100 los que yo tengo, pues son casi 3 millones de pesos que se han recuperado en favor de los conductores. En términos generales, las multas van entre 30 mil y 60 mil pesos”, precisó el abogado defensor. En voz del abogado, la postura legal de la Cocotra ha sido presentar recurso de revisión de los amparos obtenidos, de los cuales ninguno se ha logrado más allá de obtener hasta 4 meses de tiempo. Explicó que la Secretaría de Finanzas ha solicitado en este caso prórrogas al Poder Judicial para la devolución del recurso, por lo que se presume la insuficiencia presupuestal para el efecto de devolución y el uso del dinero originalmente sancionado. Ley les da la razón El argumento es el mismo. Debido a que la legislación no contempla a las plataformas que operan bajo el esquema de Uber como transporte público, no pueden ser sujetos a detenciones. El argumento de Uber es que no se trata de un transporte público, sino de un servicio que se prestan entre particulares “es algo como compartir tu coche con tus amigos y pagarles por el servicio”. Aseguran que no son competencia de los taxis, sino del mismo uso de los automóviles particulares. Una de las constantes quejas, ha sido que la Cocotra sigue deteniendo y reteniendo a las unidades, aun cuando la ley estatal ha destacado que los únicos argumentos para la retención de documentos oficiales, como la licencia, tarjeta de circulación y el automóvil es en flagrancia de delito, con una orden judicial o cuando el conductor represente un riesgo para la ciudadanía.
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