Osiris Olachea / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Michoacán se encuentra entre los 11 estados del país donde se encuentran empresas privadas que no realizan actividades esenciales y que se negaron a cumplir con las disposiciones del gobierno federal de cerrar temporalmente para disminuir la propagación del nuevo coronavirus, por lo cual se alista un proceso de sanción que podría derivar en la clausura de los negocios, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal (Ssa), Hugo López-Gatell Ramírez. Michoacán y estados vecinos como Jalisco, Guanajuato y el Estado de México, además de la Ciudad de México, Veracruz, Nayarit, Puebla, Baja California, Aguascalientes e Hidalgo son las entidades donde se encuentra “un importante número de empresas” que no han acatado las medidas para que las personas se puedan quedar en casa, precisó el funcionario. En el operativo de inspecciones del trabajo en el marco de la emergencia por COVID-19, realizado por el gobierno federal del 3 al 14 de abril, se detectó que 15 por ciento de las empresas privadas no cerró, pese a que fueron visitadas y exhortadas para que así lo hicieran. “No es culpa de las trabajadoras y trabajadores, sino que sus empleadores no están acatando una medida que es de orden general y que es una disposición extraordinaria sumamente importante para el bienestar y la protección de todas y todos”, indicó el subsecretario. En el operativo de inspecciones, que se nutrió con denuncias ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se identificó que 50 por ciento de las empresas que no tienen actividades esenciales sí cerraron, y 17 por ciento de ellas lo hicieron hasta que fueron visitadas por autoridades federales que las exhortaron a cerrar. López-Gatell precisó que, en cambio, 15 por ciento de las empresas de actividades no esenciales en los 11 estados de zonas industriales del país fueron las que se negaron a cerrar, pese a que se les pidió que lo hicieran. La mayoría de las empresas son del ramo automotriz (25 por ciento), seguidas de otras que realizan actividades como en la industria aeroespacial, maquinado industrial, celulosa y papel, tabacalera y construcción, que representan otro 25 por ciento de los casos. Después están empresas dedicadas al comercio, venta o distribución de productos no esenciales, como tiendas departamentales, de calzado, papelería o decoración, las cuales representan 21.09 por ciento. En menor medida están la industria textil, con 17.9 por ciento, y la industria madedera, con 9 por ciento. López-Gatell enfatizó que a todas las empresas que se niegan a cerrar se les levanta un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que dará inicio al proceso de sanción. Después se da vista a la autoridad sanitaria para que realice el procedimiento correspondiente a la clausura. “Y se da vista también al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente al posible delito, porque estamos hablando de un daño a la salud que puede costar la vida”, sentenció el subsecretario. El funcionario indicó las medidas de mitigación comunitaria son acciones masivas que requieren que las personas se mantengan fuera del espacio público, pero para que eso ocurra y las personas se puedan quedar en casa deben tener las condiciones favorables a ello, y al no suspender actividades, son las empresas donde laboran las que no se los permiten. “Estamos conscientes que en México la mitad de la población vive al día, no tiene capacidad de ahorro, porque tenemos un país con una enorme y muy ofensiva desigualdad en la distribución de la riqueza, a lo largo de muchos años. Sin embargo, las personas que no viven al día, porque tienen afortunadamente la oportunidad de un empleo estable, pueden por ejemplo trabajar en empresas privadas, y esas personas van a tener la posibilidad de quedarse en casa solamente si las empresas en las que trabajan colaboran con las medidas sanitarias que son para el beneficio de todas y todos en este país”, indicó López-Gatell.
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