Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- Ante la proliferación y casi perpetua explotación irregular de minerales no metálicos en suelos michoacanos, el gobierno del estado impulsará un nuevo plan de regulación de Bancos de Materiales Pétreos. El panorama es complejo, de más de 400 bancos detectados en todas las regiones, solo 20 se encuentran debidamente certificados y documentados, mientras que el resto se encuentran en la ilegalidad. Alejandro Méndez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Michoacán, señaló que antes de que concluya el mes de marzo se dará a conocer el programa en el que atenderán autoridades administrativas. La Procuraduría Ambiental del Estado trabajará junto con el ejecutivo estatal, emitirán un llamado a los propietarios de los bancos de materiales para que se acerquen a a regularizar su situación. Posteriormente, habrá actos de autoridad. Nosotros en el estado manejamos los minerales no metálicos. El reporte que tenemos de trámite es inferior a 20 y es muy poco. Esto nos ha llevado a dialogar con la Procuraduría Ambiental para generar un programa para que se regularicen primero como invitación para obtener licencias que se requieran", precisó. En cuanto a los minerales metálicos extraídos de las minas, la Secretaría de Medio Ambiente estatal reconoció que hasta el momento se tiene un trabajo estrecho con las autoridades federales para revisar que todas las minas y concesiones de explotación de suelo cuenten con la documentación necesaria. Hemos estado trabajando con los encargados de delegaciones de SEMARNAT y CONAFOR y nos han comentado que analizan los trabajos de impacto ambiental. hay una mina que está pendiente y nos han dicho que tienen que extremar precauciones en algunas zonas", manifestó el funcionario estatal. No son solo los bancos de materiales pétreos, una gran cantidad de empresas de competencia estatal siguen en la irregularidad en lo que refiere a los temas ambientales. De un universo de 260 empresas de competencia estatal, al menos 80 industrias siguen sin cumplir con su documentación ambiental. las empresas se encuentran ubicadas principalmente en Morelia, y Uruapan y los polos de desarrollo económico del estado. Y es que una de las principales violaciones que han cometido en contra de los ecosistemas, ha sido el cambio de uso de suelo, el desmonte de hectáreas completas e bosques y de selva para la extracción de los diferentes tipos de materiales, los cuales se destinan principalmente a la construcción y al desarrollo carretero. En muchos de los casos, ha sido la misma población la que ha denunciado las afectaciones generadas por los bancos de materiales pétreos que siguen expandiéndose por todo el estado, principalmente por el desmonte de hectáreas completas de bosques que, si bien son propiedad privada, deben de contar con los permisos correspondientes. Autoridades de la Mesa de Seguridad Ambiental, han advertido que de 400 bancos de extracción de materiales pétreos de Michoacán solamente 20 se encuentran totalmente regularizados y cuentan con los permisos correspondientes para la extracción de minerales, el resto, operan clandestinamente en detrimento de los ecosistemas forestales. Según el inventario e Bancos de Materiales Pétreos generado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lo que refiere a materiales para construcción y mantenimiento de carreteras; la mayor cantidad de bancos que se tienen cercanos a las rúas, refieren a Tezontleee, riolita, grava y arena, roca alterada, caliza, conglom basáltico, conglom, basalto, canto rodado, basalto con tezontle, volcánica y andesita. La tendencia respecto a la generación e instalación de bancos, refiere a la expansión de las líneas carreteras y desarrollo urbano, por lo que en el estado y en todo el país es común poder observar los bancos de materiales pétreos desde la carretera, muy cercano a la población. En diciembre de 2019, el Congreso Local de Michoacán aprobó la creación de un nuevo impuesto ambiental, el único del paquete de 4 impuestos ambientales propuestos; el de la extracción de materiales, con el objetivo de gravar este tipo de actividades que si bien generan millones de pesos en venta de materiales para la construcción y la industria, nada retribuyen al medio ambiente y a las comunidades aledañas
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