Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El 40 por ciento de las empresas de la construcción en Michoacán corre el riesgo de quebrar antes de concluir el año, reconoció Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la CMIC, quien detalló que serían las micros y pequeñas empresas las más afectadas ante la falta de inversión pública en infraestructura y ciertas políticas federales que están mermando el flujo de licitaciones y obras. “El reporte que tenemos de nuestros constructores, principalmente Mipymes, las micros y pequeñas empresas, es que una de cada cinco nos ha mencionado que posiblemente ya no concluyan con operaciones en 2019 por falta de trabajo”, subrayó Ramírez Leal en un encuentro con medios de comunicación. En este tenor, Antonio Mazier Contreras, delegado estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), detalló que en el caso de Michoacán serían hasta dos de cada cinco empresas. También puedes leer: Grandes obras de infraestructura no bastan para impulsar la economía En términos netos, hay 225 constructoras agremiadas a la CMIC en el estado que dan trabajo a 32 mil personas. Si bien el tamaño de cada empresa es distinto, así como su número de personal, este vaivén negativo podría significar también la pérdida de miles de plazas laborales formales. El problema no es necesariamente nuevo, admite el presidente nacional de la CMIC, “no es la primera vez, cada seis años parece que nos reiniciamos y como entran nuevos equipos a las diferentes dependencias y secretarías, pues se arrancan primero arreglando un poquito la casa”; sin embargo, en esta ocasión el sector acusa una desaceleración importante en la que se suman otros factores. Son dos las principales problemáticas que atraviesa el ramo de la construcción: en primera instancia el freno que le colocó el gobierno de la República al flujo de recursos con fines de infraestructura, producto de la lucha contra el desvío de recursos y los filtros anticorrupción; en segundo lugar, la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed), que licitaba con las constructoras cientos de obras. Realizamos la inauguración del ll CONAMSCALL en las instalaciones de nuestra cámara, evento con el cual buscamos concientizar a los gobiernos, empresarios y a la ciudadanía acerca de la importancia de cuidar de nuestro recurso natural y comenzar a captar el agua de lluvia. pic.twitter.com/AnshAk8iOI— CMIC Michoacán (@CmicMichoacan) November 4, 2019 Sobre el primer tema, Eduardo Ramírez profundizó que, hasta el momento, las 12 dependencias e instituciones de la Federación con que normalmente trabajan han ejercido menos de la tercera parte del gasto programado. “Es decir, de 383 mil millones de pesos dirigidos a obras, no con todo el componente de gasto de corriente que tienen las secretarías y subdirecciones, hasta agosto tenían ejercidos el 30 por ciento, cercano a los 114 mil millones de pesos”. Es así que, de dependencias como Conagua, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Sedatu, por mencionar algunas, básicamente las empresas adheridas a la CMIC sólo han podido participar en proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), “que es la única que a estas alturas del año ya ha ejercido el 80 por ciento de su presupuesto”. Eduardo Ramírez, si bien reconoce la lucha anticorrupción como positiva, calificó la situación como “preocupante”, porque pareciera que hay recurso suficiente para enfrentar la desaceleración que hay en la industria de la construcción, pero no se hace. Es así que para el mes de agosto reportaron un decrecimiento del 4.3 por ciento. “Con números muy cercanos al cero en el crecimiento de la economía nacional, en la industria de la construcción estamos muy mal, muy complicados”. Expuso que el año pasado este sector creció a nivel país 0.6 por ciento cuando la economía y el crecimiento fue del 2.0, por lo que, con un crecimiento de tasa cero, el panorama luce complejo. Antonio Mazier, por su parte, explicó que en Michoacán tienen 225 constructoras adheridas a la CMIC, de las cuales el 86 por ciento se ha dedicado en los últimos años a la infraestructura educativa, por lo que la cancelación del Inifed repercutirá en un golpe muy fuerte. La nueva reforma educativa refiere que sean las comunidades de padres de familia las encargadas de planear y ejecutar este tipo de obras. “Se pierde la cadena de valor, quién va a recaudar, quién va a construir, quién va a afianzar las obras, quién va a garantizar que tengan la calidad con que se deben hacer”, comentaron los directivos de la CMIC. “Como ya se abrogó el Inifed, lo que estamos proponiendo con la SEP estamos buscando que en esos lineamientos es que la construcción quede a cargo de los profesionales de la misma, ingenieros y arquitectos mexicanos con la finalidad de la generación de empleo formal en todos los rincones del país, que es lo que busca el presidente de la República… pero nosotros lo hacemos de manera formal”, concluyó Mazier Contreras.
La Voz de Michoacán
