Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El 56 por ciento de las empresas en Michoacán ha sido víctima de la delincuencia y la inseguridad, muchos de los casos no necesariamente denunciados ante la autoridad, de acuerdo con la plataforma Data Coparmex, que recoge este indicador con base en sus agremiados. El INEGI calcula el costo total anualizado del delito en una cifra que ronda los 10 mil millones de pesos, tomando en cuenta empresas y particulares. La falta de un Estado de Derecho ha ahuyentado la generación de nuevas inversiones y pone en entredicho las existentes, por lo que urge atacar el problema desde todos los flancos, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El presidente estatal del organismo, Rubén Flores Muñoz, ha reconocido que es un problema que va en aumento y se necesita resolver “para que los inversionistas pueden volver sus ojos a Michoacán”, toda vez que la delincuencia está saliendo más cara que antes en el contexto de la crisis por la pandemia, al inhibir la creación de nuevas inversiones y empleos. “No es tanto que se hayan ido capitales, porque habemos muchos empresarios que somos de aquí y definitivamente no nos vamos a ir, pero lo que es cierto es que la problemática de la delincuencia ha evitado la generación de nuevas inversiones y, con ello, de nuevos empleos”, ha declarado el líder empresarial en ocasiones anteriores sobre esta problemática. Y es que de acuerdo con la plataforma Data Coparmex, Michoacán se ubica entre las cinco entidades federativas donde un mayor porcentaje de unidades económicas ha sufrido algún tipo de desaguisado con la delincuencia, principalmente presentado en términos de robos y asaltos. “Muchas veces se llevan los camiones, la mercancía”, dijo Rubén Flores en una entrevista previa con esta casa editorial, quien resaltó que se necesita rescatar el Estado de Derecho en la entidad. Valoró el presidente de la Coparmex Michoacán que esta problemática se suma a otras como son los continuos bloqueos por protestas sociales y a los continuos enfrentamientos en algunas regiones del estado, lo que sin duda complica que se tenga el escenario más propicio para la generación y aumento de inversiones productivas. MICHOACANOS INVIERTEN EN SEGURIDAD PRIVADA De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2020, los michoacanos gastaron en total 3 mil 128 millones para protegerse de la delincuencia, ya sea mediante alarmas, cámaras, equipo personal e incluso personal privado, tomando en cuenta que este gasto se hace tanto para hogares como para unidades económicas. En 2016 el reporte fue de 2 mil 504 millones pesos invertidos en seguridad privada, por lo que el gasto de los ciudadanos michoacanos, entre ellos dueños de negocios, ha aumentado un 25 por ciento ante el incremento de la delincuencia y los pobres resultados en materia preventiva y de procuración de justicia de parte de las autoridades. Las pérdidas reportadas en la Envipe 2020 hablan de 5 mil 947 millones de pesos contra 4 mil 022 millones de pesos que se reportaron hace un lustro, para un costo total del delito 9 mil 754 millones de pesos tomando en cuenta otros rubros como atención en materia de salud, psicología y daños físicos en inmuebles. El tema del aumento en la delincuencia toma (y el evidente incremento también en el gasto en la seguridad privada) toma, en palabras de Rubén Flores, un matiz especial ante el contexto que se vive, donde lo que se busca es que las inversiones crezcan y las condiciones del estado mejoren para poder atraer capitales que permitan una más rápida recuperación económica, tras la crisis por la de pandemia de COVID-19. “Pero eso no pasará de lleno hasta que le hayamos dado la vuelta a esta problemática y recuperado y el Estado de Derecho”, concluyó el presidente de la Coparmex Michoacán. La situación de inseguridad en el estado es difícil, pues las propias autoridades estatales han reconocido que se tiene la presencia de una docena de grupos del crimen organizado en territorio michoacano, más allá de las situaciones propias del fuero común, lo que llama a un trabajo especial y coordinado para hacer frente a la situación.
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