Alfredo Castillo, el enviado de Peña Nieto a Michoacán, hoy está inhabilitado, pero aún tiene cuentas pendientes

Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. De ocupar puestos de medio pelo en las oficinas de seguridad y procuración de justicia a nivel estatal y federal, Alfredo Castillo Cervantes pasó sin dejar huella por la Profeco, pero su salto a la fama se dio cuando llegó a Michoacán para encabezar la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado, en pleno nacimiento del movimiento de autodefensas. Durante su estancia en Michoacán actuó como gobernador de facto, tanto que se ganó el mote de El Virrey.

En su estancia en Michoacán hubo muchos señalamientos en su contra: favoritismo hacia empresas mexiquenses para la adjudicación de obra pública, importación de funcionarios y policías de aquella entidad, el fiasco que resultó la Fuerza Rural y sometimiento a la clase política estatal por medio de la amenaza de sacar a la luz videos y fotografías comprometedoras, todo ello con el fin de que el Congreso del Estado le planchara el camino, hasta el nombramiento de Salvador Jara como titular del Poder Ejecutivo, cuya mansedumbre se vio premiada con un alto cargo en la Secretaría de Educación Pública.

Al final de su gestión como enviado plenipotenciario del entonces presidente Peña Nieto, el funcionario fue premiado con un último cargo público: la titularidad de la Conade, donde tampoco faltaron señalamientos en su contra.

LOS SAMBENITOS DE CASTILLO

Ahora el exfuncionario está de nueva cuenta en la mirada de la opinión pública luego de que  la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó inhabilitarlo por 10 años para ocupar puestos públicos, esto por omisiones en la declaración de 6 cuentas bancarias a su nombre y de su esposa. 

Esta medida, hay que recalcar, ha sido criticada por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien la consideró excesiva:

Se me hace un exceso que por una cantidad de recursos en su paso por la Conade sea la razón por la que se emita ese resolutivo a Castillo”.

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán.

Pero la inhabilitación por su declaración patrimonial es apenas una de las cuentas pendientes que tiene Alfredo Castillo, ya que el exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto también incurrió en otras irregularidades, como acusan diversas organizaciones, las cuales piden que sea llamado a cuentas.   Entre estas anomalías está la fabricación de montajes y de culpables cuando era procurador en el Estado de México, así como las violaciones a los derechos humanos cometidas cuando fue comisionado en Michoacán, además de los desvíos de recursos en las dependencias en las que ocupó la titularidad. 

¿QUIÉN ES ALFREDO CASTILLO?

Tiene 45 años de edad, estudió las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana; de Derecho con Especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial.

Antes de su arribo a cargos de importancia, fue asesor del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y después fue director de Políticas Públicas en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre 2003 y 2004.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, entre 2006 y 2007, fue director de Planeación Estratégica en la PGR, y luego fue director de Concertación, Profesionalización y Capacitación, así como titular de la Dirección de Seguridad Privada en la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, entre 2007 y 2008.

Durante la gestión de su amigo Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, Castillo Cervantes fue subprocurador regional del municipio de Cuautitlán Izcalli. En 2010, luego del escándalo que Alberto Bazbaz protagonizó por la desaparición y muerte de la niña Paulette, Peña Nieto designó a Castillo Cervantes como procurador estatal, cargo que ocupó hasta 2012.

Ya como procurador empezaron los escándalos. Una de las acciones más polémicas de Castillo al frente de la procuraduría fue la aprehensión de 17 personas involucradas en el asalto y violación de siete menores que se encontraban en un campamento, en el lugar conocido como El Colibrí, en el municipio de Chalco. La presentación del video del interrogatorio a los detenidos y la crudeza con la que se hablaba de los hechos, principalmente las violaciones, generó una serie de críticas por su difusión en los medios de comunicación.

Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República en 2012, Castillo consiguió trabajo en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), cargo que dejó en mayo de 2013 cuando el jefe del Ejecutivo lo nombró titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tras la salida de Humberto Benítez, por el escándalo del cierre de un restaurante el cual se llevó a cabo por órdenes expresas de la hija del exfuncionario.

En 2014, al darse el alzamiento de los autodefensas en Michoacán, liderados por Hipólito Mora y José Manuel Mireles, Enrique Peña le dio la encomienda como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, donde cobró mayor notoriedad a nivel nacional, más que por sus resultados positivos, por los señalamientos en su contra. Y es que Castillo tenía la misión de pacificar al que ya entonces era uno de los estados más violentos del país, pero dejó su “virreinato” en medio de acusaciones por favorecer a criminales como José Antonio Torres, El Americano, y reclamos por el encarcelamiento de José Manuel Mireles, quien en ese entonces era líder de las autodefensas, y otros dirigentes. Finalmente, el 22 de enero de 2015, luego de un año estar en el cargo, Castillo Cervantes fue removido.

IRREGULARIDADES FINANCIERAS

La inhabilitación a Alfredo Castillo por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se da luego de que la dependencia detectó una serie de irregularidades en sus declaraciones patrimoniales entre 2014 y 2016, que fue cuando estuvo al frente de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán (2014) y luego como titular de la Conade (2015-2018), durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán se creó por un decreto del gobierno federal el 15 de enero de 2014, y en los dos años que estuvo operando le fueron asignados 207 millones de pesos, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no fiscalizó, de acuerdo con reportes de Milenio.

El organismo era el encargado de coordinar los esfuerzos de todas las dependencias para restablecer la seguridad en el estado, para lo cual estaba conformado por 132 funcionarios, aunque cada uno tenía su séquito.

Según el mismo diario,   Alfredo Castillo pasó de tener un presupuesto de 21 millones de pesos como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a poco más 118 millones de pesos que le fue asignado a la Comisión en Michoacán. 

Es en las cuentas de 2014 en las que la Secretaría de la Función Pública detectó que el patrimonio de Castillo Cervantes aumentó. De acuerdo con el comunicado de la dependencia,  el extitular de la Profeco y la Conade omitió en su declaración patrimonial la información de seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge de por más de 18.3 millones de pesos. La investigación fue consecuencia de la verificación a su evolución patrimonial en la cual detectaron que “faltó a la verdad” en sus declaraciones correspondientes. 

Los recursos con los que operó la Comisión, cuyo objetivo era apaciguar al estado, que vivía una guerra declarada por los autodefensas al cártel de Los Caballeros Templarios, no figuraban en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 aprobado por la Cámara de Diputados, porque se creó en enero.

De los recursos asignados a la Comisión en Michoacán, el 96 por ciento fue utilizado para el pago de servicios personales, es decir, salarios (114.5 millones de pesos) y 2.8 por ciento para gastos de operación (3.4 millones de pesos). En el decreto se mencionó que los recursos humanos provendrían de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal. Entre los principales resultados estuvo la captura o muerte de líderes como Nazario Moreno, Enrique Plancarte, Dionicio Loya Plancarte y Francisco Galeana.

El trabajo de Alfredo Castillo Cervantes concluyó en 2015 y ese año tuvo un presupuesto por 89.3 millones de pesos, de los que 86.8 millones de pesos se destinaron a servicios personales y 2.5 millones de pesos para gastos de operación.

 Pero su gestión en la Conade, puesto que desempeñó de abril de 2015 a noviembre de 2018, la ASF encontró irregularidades y en marzo de 2019 dio a conocer que no encontró registro de 21 proveedores a los que se les canalizaron 262.1 millones de pesos, dinero que habría sido dirigido a empresas fantasma, lo cual fue parte del Informe de resultados de Fiscalización de Cuenta Pública 2017. 

LA ÉPOCA "VIRREINAL"

Al final de su trabajo en Michoacán, Alfredo Castillo dejó un sabor entre lo agridulce y lo amargo en el estado, ya que, pese a todos los recursos gastados,  no desarticuló a la delincuencia organizada ni logró capturar al líder más mediático y visible de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, La Tuta, hoy preso en el Penal del Altiplano, quien fue detenido el 27 de febrero de 2015. 

En su intento por desarticular a las autodefensas, les dio armamento reglamentario, una placa y un uniforme, creando así la Fuerza Rural y la Fuerza Ciudadana. De esta manera, si no los desarticuló, al menos los institucionalizó como una forma de buscar controlarlos. A esta medida siempre se opuso José Manuel Mireles, y luego Hipólito Mora se quitó el uniforme al ver que en la misma corporación estaban personajes ampliamente señalados como criminales: José Antonio Torres, El Americano, y Juan José Farías, El Abuelo.

Los desencuentros con los autodefensas provocaron el encarcelamiento en dos ocasiones de Hipólito Mora, en tanto que el doctor Mireles fue apresado en 2014 bajo los cargos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y hasta marihuana. Aunque en realidad la detención se dio porque el médico de Tepalcatepec estaba por ingresar a Lázaro Cárdenas y ante la prensa había anunciado que incursionarían en Morelia, lo que desató el enojo de Castillo, a quien siempre le gustó mantener férreo control de lo que sucedía en el estado, no sólo con los autodefensas, sino también con la clase política estatal.

Los políticos tampoco escaparon a las acciones de Castillo, pues comenzaron a salir videos de personajes políticos y sus familiares en los que aparecían en videos con La Tuta, pero los detenidos lograron su libertad al no haber pruebas sólidas que sostuvieran un proceso judicial ni mucho menos una sentencia condenatoria.

Entre esos personajes estuvo el exgobernador interino y secretario de Gobierno con Fausto Vallejo, Jesús Reyna García, quien, a unos meses de la llegada del emisario federal, el 6 de abril de 2014, fue detenido por presuntos delitos de delincuencia organizada.

En esa lista también figuraron los exalcaldes Uriel Chávez Mendoza, de Apatzingán; Noé Octavio Aburto Inclán, de Tacámbaro; Jesús Cruz Valencia, de Aguililla; Dalia Santana Pineda, de Huetamo; Salma Karrum Cervantes, de Pátzcuaro; José Luis Madrigal Figueroa, de Numarán, y Simón Vicente Pacheco, de Charapan.

Ya en la recta final de su mandato de facto, Castillo Cervantes operó para que Salvador Jara Guerrero, rector de la UMSNH, fuera el gobernador interino, con el pretexto de que eso permitiría a Fausto Vallejo atender sus problemas de salud.

SOMETIMIENTO COMO TÁCTICA

El 25 de mayo de 2014, el diario La Jornada publicó una entrevista con la hoy morenista Selene Vázquez Alatorre, quien aseveró que la estrategia de Castillo consistía en amedrentar.

Por esos días, Castillo Cervantes se hizo acompañar por quien fuera sacerdote de La Ruana, José Luis Segura, a una reunión que sostendría con autodefensas en lo que apenas era la construcción del penal de Buenavista. Luego del encuentro, el sacerdote sólo dijo: “Yo nunca había visto que la gente de aquí le tuviera miedo a nadie, y al comisionado Castillo le tienen miedo”.

Siendo diputada independiente tras renunciar al PRD, Sele Vázquez votó contra la ley de extinción de dominio, que al final fue aprobada por mayoreíto del PRI y el PAN en el Congreso de Michoacán.

La hoy activista de Morena relató que el entonces comisionado había sostenido una reunión a puerta cerrada con los diputados locales priistas, a quienes regañó por no aprobar la citada ley en un primer momento. En ese encuentro “les dijo que había más fotos y videos de La Tuta, que el Congreso no servía para nada y que no estaban ayudando a la estrategia del señor presidente”, relató Sele Vázquez a La Jornada.

Antes de reunirse con los priistas, Castillo se había reunido, en los primeros días de mayo de ese año, con los diputados del PAN. En ese encuentro los legisladores señalaron que el Congreso no había recibido iniciativa alguna en la materia, lo que fue resuelto de inmediato: al día siguiente de las reuniones con los legisladores, presentaron la iniciativa con carácter de dictamen, como si ya hubiera sido estudiada, leída, atendida por los diputados. Fue aprobada por el PRI y el PAN sin ningún reparo.

La diligencia con que los legisladores actuaron para aprobar la ley fue explicada por Selene Vázquez con base en lo que un diputado priista le había confiado: “Muy alterado, me dijo: ‘¿sí pueden meter a la cárcel a un diputado?’ Le dije que sí. Imagínate con qué los amenazó”.

El diputado del PRI, cuyo nombre no fue revelado por Vázquez Alatorre, también se mostraba preocupado pues, según cuenta, Castillo estaba dispuesto incluso a hacer que en el estado se diera la desaparición de poderes, y el temor no era infundado, porque, de haber querido, lo hubiera hecho, ya que en ese entonces varios políticos filtraron a la prensa que Castillo no sólo tenía evidencia de encuentros entre políticos y criminales, sino hasta información personal, como relaciones extramaritales y de otra índole.

DE MICHOACÁN A LA CONADE

El 17 de abril de 2015, con todo y los señalamientos y no tener ningún antecedente en materia de deporte, salvo su afición al tenis, Alfredo Castillo fue premiado con la titularidad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en donde siguieron las acusaciones, irregularidades y arbitrariedades.

Entre las críticas estuvo que Castillo Cervantes negó apoyo financiero a las federaciones de box, tiro con arco, atletismo y remo, así como fiscalizar el dinero que la Conade daba a las federaciones.

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la Conade lució por los escándalos de sus funcionarios y las polémicas en que se vieron envueltos. La mala actuación de México en los Juegos Olímpicos de Río 2016 incluso fue noticia internacional.

Incluso el propio Comité Olímpico Mexicano (COM) denunció ese mismo año que Alfredo Castillo y su séquito presionaban e incurrían en actos de corrupción al interior de algunas federaciones deportivas. Además Castillo fue señalado de utilizar recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento para colocar y pagarle miles de pesos mensuales a sus amistades (Israel Valero, Ricardo Langre y Julio César Everardo), entonces representantes de diferentes instituciones deportivas.

El organismo también denunció que la Conade llevaba a médicos no acreditados por la Federación Mexicana de Taekwondo para que atendieran a atletas de la disciplina.

Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), Ricardo Contreras, denunció que Castillo había hecho firmar pagarés a los boxeadores Joselito Velázquez y Elías Emigdio, y al entrenador Francisco Bonilla, como requisito para darles fondos para que pudieran asistir a los Olímpicos de Río.

Pero lejos de relajar su imposición, fue más enérgico: pidió a federaciones internacionales que desconocieran a sus filiales en México y apoyó a las ligas de beisbol profesional para que se desvincularan de su Federación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública de 2016, encontró las fallas de la administración de Castillo durante los Juegos.

Ya en 2018, en la revisión del desempeño de la Comisión y el ejercicio de los recursos, la ASF concluyó sobre la comprobación de los apoyos que el Comité Olímpico Mexicano (COM) dijo que se tenían 17 millones de pesos de presupuesto para cubrir los gastos de los deportistas que asistirían a Brasil, pero el dinero lo terminó por ejercer la Conade pese a que no entraba dentro de sus responsabilidades.

El 8 de julio de 2016 hizo 3 convenios por 13 millones 911 mil pesos, los cuales establecieron que las federaciones serían las responsables de la contratación, pago, recepción y comprobación de los recursos otorgados por la Conade; pero el 6 y 11 de julio de 2017, las federaciones Ecuestre y de Triatlón informaron a la ASF que de manera no oficial la Comisión les solicitó apoyo para el manejo financiero del recurso destinado a los Juegos Olímpicos de Río.

Además de los Juegos Olímpicos, la ASF revisó las cuentas de la Conade y el dinero destinado a programas específicos. En particular, sobre el dinero del programa S269 “Cultura Física y Deporte” quedaban en duda 759 millones 245 mil 100 pesos porque fueron transferidos a otras cuentas no registradas por la Conade, se mezclaron con otro dinero, permanecieron ociosos en las cuentas o generaron rendimientos financieros que no fueron reportados.

 La ASF también encontró en ese entonces que los beneficiarios de 7 convenios y un adendum (que es una modificación a un contrato) recibieron 213 millones 921 mil pesos, en las cuentas notificadas a la Conade, pero traspasaron los recursos a otras cuentas, el mismo día del depósito y hasta 132 días después de recibirlos sin avisar a la Comisión. 

Desde 2016, el medio Cámara Húngara reveló que la Conade le daba más dinero a la prensa que a los propios deportistas. De acuerdo con la investigación periodística, la Conade otorgó entre 2012 y hasta mediados del 2016 al menos 201 millones 838 mil 499 pesos en mensajes emitidos en los medios de comunicación, mientras que en el mismo lapso destinó 179 millones 125 mil 683 pesos en apoyo a deportistas de alto rendimiento a través del Fodepar.

El 20 de junio de 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que desde el mes de abril de ese año había iniciado cuatro investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Conade. El inicio de las investigaciones se fundamentó en denuncias ciudadanas. La primera carpeta fue abierta a finales de abril por supuestos actos de corrupción en el Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; la segunda, el 16 de mayo, por presunta usurpación de funciones. La tercera indagatoria, por probable conflicto de intereses entre funcionarios de la comisión y otra más, abierta desde el 4 de junio de 2019, por presunta complicidad entre funcionarios de la Conade y dos empresas que habrían sido beneficiadas en forma ilícita con recursos del Fodepar.

Finalmente, este 26 de enero, la SPF anunció que Alfredo Castillo quedaba inhabilitado por 10 años debido a las omisiones en sus declaraciones patrimoniales, que ascienden a cuentas bancarias con un saldo total de más de 18 millones de pesos.