Identificación de Christian Alonso, sello del sexto aniversario del vergonzoso caso Ayotzinapa

Agencias / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Hoy se cumplen seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la historia da un vuelco luego de que fueron identificados los restos de uno de los estudiantes, dado que estaban lejos del lugar donde, según la verdad histórica de la pasada administración federal, se suponía que habían sido asesinados los jóvenes. Pero algo sigue presente hoy, como al inicio de las investigaciones: los obstáculos judiciales que impiden conocer la realidad de un hecho que hace 6 años convulsionó al país y que persiste como una vergonzosa deuda del Estado mexicano.

Ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a llegar al fondo del asunto, fueron encontrados huesos pertenecientes a Christian Alonso Aguilar, y eso no sólo reaviva la esperanza de desenmarañar un caso sumamente nebuloso, sino que echa por tierra la versión oficial emitida por el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del entonces procurador Jesús Murillo Karam, artífice de la llamada “verdad histórica”.

Esta nueva pista “viene a ser un replanteamiento total. El hallazgo representa un tiempo, un lugar y unas circunstancias totalmente distintas a las que definió la verdad histórica”, señaló este viernes Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y encargado de liderar la nueva investigación.

De la “verdad histórica” a “ya me cansé”

Según el gobierno federal de la anterior administración, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron privados de la libertad, asesinados, incinerados y sus restos fueron arrojados al Río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos, porque fueron acusados de pertenecer a Los Rojos, el grupo contrario.

Esa fue la “verdad histórica” que planteó el 27 de enero de 2015 el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, cuando ofreció a los medios un informe sobre los últimos avances, hasta ese momento, del caso, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, quien se desempeñaba como director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y sobre quien hoy pesa una orden de captura por presuntamente torturar a los detenidos.

En su mensaje, Murillo Karam se refirió a las conclusiones del caso como la “verdad histórica”, sustentada en lo que consideró una investigación exhaustiva, profunda y seria, con resultados científicos.

Esa “verdad histórica” se basa en declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Terco o El Cepillo, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas la noche entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

También se sustenta en declaraciones de Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje, que fueron los primeros detenidos. A seis años del caso se ha liberado a 77 de los 142 implicados por falta de ´pruebas concluyentes y violaciones al debido proceso.

De acuerdo con Tomás Zerón, Felipe Rodríguez Salgado fungía como jefe de sicarios de Guerreros Unidos, y coordinado con el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y su grupo de agentes, facilitaban el trasiego de droga y evitaban que grupos rivales tuvieran presencia en el municipio.

Su detención fue clave dentro de la investigación porque todos los testimonios lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas. Según el entonces director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Rodríguez Salgado confesó su participación.

Según testimonios, el 26 de septiembre de 2014, Felipe Rodríguez Salgado, El Terco o El Cepillo, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, recibió una llamada telefónica en la que se le informaba que un grupo de Los Rojos estaba atacando Iguala y que debía trasladarse al lugar conocido como Loma del Coyote, donde le serían entregados unos “paquetes”, término utilizado para denominar a los miembros de cárteles rivales cuando eran capturados.

Una vez en Loma del Coyote, los agentes municipales de Iguala y Cocula le entregaron un grupo numeroso de estudiantes, que bajaron de las patrullas y subieron a dos camionetas que luego fueron conducidas hasta el basurero, donde los estudiantes fueron interrogados, ejecutados e incinerados.

“Algunos de los detenidos venían amarrados con mecate; otros, esposados, y algunos venían golpeados ya ensangrentados. De policías, pude apreciar que también venían entre 30 y 35, sin poder precisar ya que no los conté”, declaró El Terco cuando fue detenido.

Rodríguez Salgado narró paso a paso los hechos de esa noche a partir de que le fueron entregados los estudiantes. Relató que él dio la orden a Patricio Reyes Landa, alias El Pato, de terminar con la vida de todos ellos, y que no quedara nada, por lo que quemaron inclusive los teléfonos celulares de los estudiantes. Después, El Terco se dirigió a la casa de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, donde esperó hasta recibir más instrucciones.

Ya el 27 de septiembre, Rodríguez Salgado regresó al basurero. Según su testimonio, cuando llegó, el fuego había reducido a cenizas a las víctimas. Patricio Reyes Landa, alias El Pato, le dijo que habían colocado los cuerpos sobre una cama de llantas y leña y fueron quemados con diésel.

Rodríguez Salgado instruyó a Reyes Landa a comprar bolsas de basura. Una vez recogidas las cenizas las fueron a tirar al Río San Juan. En la operación participaron también, de acuerdo con la declaración, sicarios identificados como Chequel, Wereke, Wasa, Pato y Primo.

Para la entonces PGR, bajo el mando de Murillo Karam, con tales narraciones, asentadas en las declaraciones ministeriales, se consolidó el móvil: los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región. Esa habría sido la razón por la que los privaron de la libertad en un primer momento, y finalmente de la vida.

La PGR identificó también a José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa, alcalde y primera dama de Iguala, respectivamente, y Sidronio Casarrubias Salgado, El Mochomo, como líderes de la organización criminal Guerreros Unidos.

Pero fue un crimen atípico, no solamente por la magnitud y violencia a la que fueron sometidas las víctimas, sino porque el nivel de participación y los roles que jugó cada uno de los autores fueron distintos, mencionó Zerón. La “verdad histórica” estuvo basada en supuestos dictámenes químicos, biológicos, entomológicos, balísticos y fotográficos.

Además, dictámenes practicados durante cuatro meses, entre los que destacan antropología, análisis de voz, asuntos fiscales, criminalística, contabilidad, psicología, retrato hablado, traducción, tránsito terrestre, valuación, ingeniería, arquitectura, incendios, medicina forense, topografía, audio, video, dactiloscopia y genética.

Con las investigaciones se determinó que el área total del fuego fue de 140 metros cuadrados aproximadamente, en una superficie cercana a los 15 por 9 metros.

En el basurero se encontraron diversos elementos que comprobaban la mecánica del suceso, como alambres de acero pertenecientes a las llantas que se quemaron, las rocas fracturadas y calcinadas y los restos humanos carbonizados.

El septiembre de 2018, un juez federal dictó auto de libertad a favor de ocho implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos a Felipe Rodríguez Salgado, señalado de ordenar levantar y asesinar a los estudiantes, por falta de elementos para procesar con las reservas de ley por el delito de delincuencia organizada.

El acuerdo fue notificado por un juez al Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito en los expedientes de Salvador Reza Jacobo, Felipe Rodríguez Salgado, Miguel Ángel Landa Baena, Gildardo López Astudillo. Sin embargo, no especificó que enfrentan otros delitos.

A principios de septiembre de 2019, Gildardo López Astudillo, El Gil, identificado como uno de los líderes de los Guerreros Unidos, organización vinculada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, recuperó su libertad luego de que un juez lo exoneró de la última acusación que la Fiscalía General de la República tenía en su contra.

El año pasado, la FGR presentó recursos e inició diligencias para que el exprocurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio enfrenten procesos legales por incumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso Iguala, ante la liberación de 24 inculpados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

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Además, hace unos días le fue dictado auto de formal prisión a Carlos Gómez Arrieta, exsubsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, que era jefe de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por actos de tortura contra uno de los detenidos.

Pero en noviembre de 2014, al procurador Murillo Karam lo envolvió el escarnio público al señalar a los medios en rueda de prensa “no más preguntas, ya me cansé”.

Esa declaración provocó que la opinión pública le exigiera dejar el cargo, a lo que Murillo Karam respondió que “tenía más de 40 horas sin dormir”. A pesar de la polémica que causó en redes sociales, el funcionario aseguró que no se arrepentía de su afirmación y que volvería a repetir lo dicho.

Por ello, los legisladores del PRD, el 24 de septiembre de 2015, poco después de que Murillo saliera de la PGR, presentaron un juicio político en contra de él.

Sin embargo, el martes 30 de abril de 2019, la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados desechó el proceso presentado contra Murillo Karam porque no se aportaron pruebas suficientes para proceder a enjuiciarlo.

Y se cayó la “verdad histórica”

Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos y entregados a Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en basurero de Cocula.

Esa “verdad histórica” poco tiempo después fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron haber sido quemados en ese lugar.

La primera medida de López Obrador al asumir la Presidencia en diciembre de 2018 fue crear una Comisión de la Verdad con la participación de las familias y la ahora Fiscalía General de la República para reiniciar la investigación que dio un primer resultado el pasado julio: la identificación de Christian.

Los restos, verificados en un laboratorio suizo, habían sido hallados en 2019 en Cocula, pero lejos del basurero, por lo que se tumbó la versión oficial.

“No se han dado los pasos que los familiares quisieran ver al llegar al sexto aniversario de los hechos, pero la identificación es un paso muy relevante”, comentó María Luisa Aguilar, miembro del Centro ProDh, asociación que apoya a las familias de los estudiantes, puesto que no se identificaba a ningún joven desde 2015.

El hallazgo de Christian fue “una noticia muy dolorosa” para las familias, quienes llevan seis años de lucha en búsqueda de los estudiantes, pero a su vez demuestra que “es importante continuar con los esfuerzos” hechos, explicó María Luisa Aguilar.

Avances hasta hoy

El gobierno federal tiene encima de la mesa dos investigaciones: una, sobre la desaparición de los estudiantes, y otra sobre cómo se manipularon las pesquisas por parte de la anterior administración con el objetivo de vender a la ciudadanía la idea de que el hecho se había esclarecido.

“Hubo participación de un grupo delictivo, Guerreros Unidos, en colusión con distintas autoridades del ámbito municipal, estatal y también federal, donde, por motivaciones muy diversas, enfrentaron al grupo de estudiantes y los desaparecieron”, explicó Alejandro Encinas, quien no duda en calificar los hechos como “crimen de Estado”.

Además contó que por parte de las autoridades en turno “se alteró la escena del crimen, se sembraron pruebas y se fabricó la mal llamada ‘verdad histórica’ para salir del paso ante una grave tragedia nacional”.

Además, aplicó la tortura para hacer declarar a muchos sospechosos, lo que ha llevado a que jueces liberen a decenas de implicados al vulnerarse sus derechos. Aunque Encinas no quiere avanzar conclusiones, pues se siguen haciendo más búsquedas y quedan otros restos por identificar, adelantó que un estudio de las llamadas hechas esa noche demuestra que “en ningún momento estuvieron juntos los 43”, otro indicio que contradice la “verdad histórica”.

¿Y el Ejército?

El 13 de marzo salió a la luz otro dato: presuntamente, el estudiante Julio César López Patolzin, uno de los 43 normalistas desaparecidos, se mantenía en activo en el Ejército y le hacía llegar información.

Una grabación, que data del 29 de septiembre de 2014, fue revelada por el periodista Humberto Padgett en Radio Fórmula. Ahí se observa a la madre de Julio César, Joaquina Patolzin de la Cruz, recibiendo la noticia de que probablemente su hijo murió. Quien le informa es el coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor Gregorio Espinoza Toledo.

“Nosotros seguimos buscando a ver por dónde y donde nos manden ahí iremos. Puede venir su hermano también a darle seguimiento a la situación... Ahí puse 5 mil 667 pesos, lo correspondiente a su quincena. Usted necesita el dinero”, le dice, al tiempo que la mujer recibe un sobre amarillo y firma un recibo. “Julio César era un buen informante”, añade el coronel.

De acuerdo con Padgett, en el momento de su desaparición, López Patolzin no sólo estaba en activo en el Ejército, en el que tenía un año de antigüedad, sino que también proporcionaba información a la Mesa de Inteligencia del Batallón 50, con sede en Chilpancingo.

“El era el único (normalista) que tenía un iPhone, que utilizaba por las tardes y noches para poder enviar los informes de las actividades de los estudiantes de la Normal Rural”, explicó el periodista en el noticiario matutino de Radio Fórmula.

El 13 de octubre de 2015, el secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, dijo que López Patolzin era militar en activo al momento del ataque de la policía de Iguala en contra de autobuses en los que viajaban los normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con Cienfuegos, el joven tenía la autorización de estudiar, aunque negó que hubiera sido un informante de la Defensa al interior de la Normal de Ayotzinapa. “Él tenía dos o tres meses de haber ingresado a la Normal y quería estudiar para maestro, hago la aclaración, porque dicen que a lo mejor era alguien que estaba sirviendo de espía; en dos, tres meses que tenía ahí, pues no podía haber servido de nada”, declaró.

Hasta ahora, la familia de López Patolzin ha negado que todavía estuviera el activo al momento de la desaparición.

Horas después de la difusión del reporte, organizaciones civiles señalaron que éste muestra, entre otras cosas, que el Ejército tiene más información de la que ha reconocido públicamente y que los militares buscaron infiltrar a la Normal de Ayotzinapa.

“Los nuevos datos confirman que las Fuerzas Armadas han ocultado información relevante”, dijeron en un comunicado conjunto las agrupaciones Serapaz, Tlachinollan, Fundar y Centro Prodh, que han acompañado a las familias de los 43 normalistas.

“Para las familias y sus representantes es innegable que todas las dependencias deben brindar ya, sin pretextos ni dilaciones, toda la información en su poder que sea relevante para el esclarecimiento pleno del paradero de los 43 estudiantes”, añaden.

Trabas jurídicas, el otro muro

En esta semana, los familiares han protestado frente a las sedes de varias instituciones en contra de su actuación. Y es que el caso Ayotzinapa abrióel debate legal por la liberación de decenas de implicados que testificaron bajo tortura.

De hecho, Tomás Zerón, el que fuera director de la Agencia de Investigación Criminal y quien dirigió los interrogatorios, huyó a Israel y cuenta con una orden de captura de la Interpol por orquestar las torturas.

“Los jueces han liberado a los perpetradores de la desaparición, han dado libertad a personas que fueron torturadas pero también son personas de las que está acreditada su responsabilidad”, señaló Encinas, quien avanzó que el Gobierno federal está buscando la forma de procesar de nuevo a los presuntos implicados.

Pero además, el caso ha demostrado la corrupción dentro del Poder Judicial, pues se han detectado sobornos a cambio de liberaciones, como pasó con José Ángel Casarrubias, conocido como El Mochomo, uno de los principales implicados que compró su liberación, pero poco después fue recapturado.

Familias, incansables

Aunque los familiares tienen gran desconfianza y recelo hacia las autoridades tras los enfrentamientos con el gobierno anterior, la relación con la actual administración es más positiva por haber relanzado la investigación y tomarlos en cuenta.

Sin embargo el hastío es evidente entre los padres y madres de los jóvenes porque desde 2014 sólo se han hallado restos de tres estudiantes, se sigue sin conocer el paradero de los otros 40, se desconoce qué les pasó y no hay avances judiciales contra los cerca de 150 investigados, entre sicarios y autoridades.

“El reclamo de las familias es muy claro: debe haber avances en la investigación acompañados de detenciones de los perpetradores y otras fuerzas de seguridad involucradas esa noche y también en contra de quienes manipularon la investigación”, dijo María Luisa Aguilar.

Desde el gobierno de López Obrador comprenden la petición de las familias para que haya resultados cuanto antes, pero avisan de que no establecerán "plazos fatales" para cerrar las pesquisas.

“El compromiso que tenemos es que vamos a decir la verdad, por dolorosa que sea, pero no vamos a inventar una nueva ‘verdad histórica’ ni a generar falsas expectativas de simulación”, concluyó Encinas.