Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Circula en redes sociales un video que muestra la agresión de una alumna hacia un compañero y la miss, presuntamente porque se le prohibió usar el celular en el salón durante la clase. Este hecho ocurrió en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) de Tepic, Nayarit y en la grabación se observa que el alumno se interpone entre la adolescente y la maestra, aparentemente en defensa de esta última, quien graba con su celular la escena. En un momento dado, la estudiante da una bofetada a su compañero, lo toma del pelo, él también hace lo mismo, y ella vuelve a pegarle en el rostro; así, ambos se sujetan con mayor fuerza hasta que el alumno le da un violento giro y caen al suelo. La profesora hace intentos por separarlos, aunque no deja de grabar, pero los ataques no cesan. “A mí no me vuelvas a tocar, eh”, exige el compañero, pero ella embiste con otra cachetada y es derribada nuevamente de un empujón. Entonces tocó el turno de la miss, quien abraza a la alumna y le explica que la quieren ayudar, pero no se deja; sin embargo, la docente también es tomada del cabello, quien pide a los demás estudiantes que graben lo que estaba haciendo, al tiempo que habla por teléfono con una persona a quien le pregunta lo que hará, pues ya golpeó a un niño y a ella la tenía agarrada. Otra compañera cede y le entrega el celular a la jovencita del conflicto, segundos después termina el video. Video: redes sociales, a quien corresponda. CDDH INTERVIENE, PERO... La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit (CDDH) se pronunció al respecto, señalando que la profesora solo se limitó a grabar con un teléfono celular, sin ejercer para detener la agresión. Por lo anterior, el organismo, de manera oficiosa, ordenó activar el mecanismo de queja al que se refiere el Sistema No Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos, a efecto de investigar acciones u omisiones de naturaleza administrativa que pudieran atribuirse a personas servidoras públicas adscritas al platel educativo en cuestión, que pudieran constituir presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad estudiantil.