Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La 75 legislatura de Michoacán está erosionada por la avaricia a ciegas, el chismorreo y la zozobra institucional que genera el Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, cuyos 5 integrantes firmaron propuesta unánime de reasignación de 84 millones de pesos para repartirlo entre los 40 diputados. Pretende el Comité, bajo la presidencia de la perredista Mónica Valdez (licenciada en fisioterapia con certificaciones en masaje deportivo, pilates clínico, vendaje neuromuscular y dynamic tape), asignarle 350 mil pesos extras al mes a cada diputado local como “prerrogativa de gestión”, adicionales a la dieta legislativa. La diputada Valdez declaró estar decidida a tomar el timón para enderezar el rumbo de las finanzas del Congreso. Públicamente rechazó la asignación de 50 mil pesos por diputado que propuso la Junta de Coordinación Política mediante oficio JCP/FCT/084/22. Al propio tiempo, varios integrantes del Comité atizaron la ambición de las disidencias e intensificaron la presión mediática a niveles de extorsión para intentar arrancar una asignación de 350 mil pesos mensuales como prerrogativa de gestión en lo que resta del 2022. Actualmente el Congreso local está ejerciendo un presupuesto deficitario. Siendo el responsable de proyectar el gasto legislativo 2022, incluyendo el respectivo índice inflacionario, el Comité de Administración y Control hizo caso omiso a tres llamados institucionales para cumplir con lo que obliga la Ley Orgánica, de acuerdo con las actas de la Junta de Coordinación Política que firmaron los líderes parlamentarios en el mes de diciembre. El 21 de diciembre de 2021, ante la inoperancia y omisión del Comité, la Junta le propuso a Mónica Valdés elaborar un presupuesto con el mismo monto ejercido ese año, más el 7% de inflación previsto. Nada presentó. En esa fecha se autorizaron altas del “personal adicional” que tuvieron los diputados hasta el 30 de julio de 2022, con 4.8 millones de pesos para sustentar su nómina. Cabe subrayar que el presupuesto del Congreso creció solamente 34 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022, con una inflación superior al 8 por ciento, en comparación con el gasto ejercido el año pasado. Aun así, los 40 diputados de la 75 legislatura disfrutan de prestaciones adicionales históricas (que no existían en la 74 legislatura) cuantificadas en 101 millones de pesos extras en este año, lo que queda acreditado con las pólizas de cheques firmadas. En noviembre del 2021, el Pleno camaral proyectó 899 millones de pesos para gasto del Congreso en el presente año, simplemente refrendando el gasto ya existente. La autorización final para el 2022 subió a 933 millones, gracias a la ayuda del Ejecutivo, subsanando la omisión inflacionaria y concediendo 34 millones más, lo que apenas cubre el 4% de la inflación que al día de hoy llega a 8.15%. Llevando las poderosas firmas de los diputados Mónica Valdez, Juan C. Vélez, Margarita Pérez, Belinda Hurtado y Samanta Flores, el Comité de Administración turnó a los líderes parlamentarios senda propuesta de transferencia, ajustes y modificaciones presupuestales 2022, invocando el antecedente de una reunión celebrada el 6 de abril del año en curso con diversos legisladores y con la secretaria de Finanzas, Rocío Pineda Gochi. La Junta de Coordinación decidió no dar trámite al disparate de reasignar 84 millones de pesos para direccionarlos al bolsillo de los diputados.
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