Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Se han identificado al menos 8 centros de conversión sexual en la ciudad de Morelia. A pesar de que estas terapias están prohibidas a nivel nacional, estos espacios continúan proliferando bajo la apariencia de centros religiosos para el tratamiento de adicciones. Además de los centros detectados en la zona urbana de la capital michoacana, se han identificado otros 17 espacios en diferentes partes del interior estado, lo que sugiere la existencia de una red de lugares que operan casi sin restricciones. De acuerdo con Raúl Martínez Rojas, director de la asociación civil Michoacán es Diversidad, en los últimos meses, la Fiscalía General de Michoacán (FGE) ha intervenido 4 centros en Morelia debido a las denuncias presentadas y en muchos casos se ha configurado el delito de secuestro. Este fenómeno se suma al antiguo conflicto de la proliferación de anexos y centros de rehabilitación para adicciones que, debido a la falta de regulación, recurren a prácticas de tortura contra niños, niñas, adolescentes y adultos en situaciones de vulnerabilidad. “Tenemos registrados 8 casos, de los cuales 4 ya han sido intervenidos por la Fiscalía del Estado, y ninguno de ellos se anuncia como centro de conversión. Todos se anuncian como centros religiosos de iglesias católicas y evangélicas, y los presentan como lugares de tratamiento para adicciones. Por ejemplo, uno de los que comenzó con esto fue Mauricio Clark”, afirmó el activista. El obstáculo en el Congreso del estado para abordar el tema de los centros de conversión radica en que las iniciativas para prohibir estos espacios no están consensuadas ni adaptadas a las necesidades de contención. El colectivo Michoacán es Diversidad ha denunciado públicamente el uso de terapias “bíblicas” y religiosas que buscan influir en el comportamiento de jóvenes homosexuales o lesbianas. Raúl Martínez Rojas, líder del colectivo, explicó que, a pesar de haber buscado atención y explicaciones en la Junta de Asistencia Privada del Estado, no se observa ninguna regulación con respecto a estos intentos flagrantes de llevar a cabo procesos de conversión. Además, las violaciones sexuales también son recurrentes en las terapias de conversión tanto en Michoacán como en otras partes del país. Por ejemplo, en el caso de los hombres, es común que los padres, generalmente los hombres, lleven a sus hijos a tener relaciones con trabajadoras sexuales para demostrar su “hombría” cuando sospechan que su hijo es homosexual. Del mismo modo, en el caso de las mujeres, se les obliga a tener relaciones sexuales con hombres que las violan para “corregir” o “curar” su homosexualidad, de ahí el término “violaciones”. “Para 'salvarnos', nos internan y eso es secuestro. Además de estos 8 casos, tenemos otros 17 en todo el estado, y en algunos casos, cuando se trata de adultos, hemos logrado que la persona denuncie”, manifestó. Según el activista, es urgente que los padres tomen conciencia sobre la homosexualidad y la diversidad sexual de los jóvenes y eviten contratar servicios clandestinos que violan los derechos humanos de sus propios familiares, lo que incluso puede terminar en tragedias como ha ocurrido en otras regiones del país. Enfoque en los anexos y centros de adicciones A pesar de los intentos por regularizar los más de 300 centros de rehabilitación de adicciones que operan en el estado de Michoacán, las autoridades sanitarias se han encontrado con la presencia del crimen organizado como protección de estos lugares. Cualquier intento de supervisión por parte de los inspectores de salud se encuentra con la negativa de los anexos para permitir la entrada, y las autoridades de seguridad pública no acompañan las inspecciones. Fuentes cercanas al gobierno del estado de Michoacán han expresado su preocupación por la situación en estos anexos. Se ha observado que en los últimos años se han producido masacres dentro de estos lugares en otros estados del país debido a su naturaleza interna. De los cientos de anexos que existen en todo el estado de Michoacán, solo dos cumplen con las normas oficiales para garantizar un trato digno y los cuidados necesarios para la recuperación de las personas con adicciones. El resto operan según sus propios criterios, e incluso se han denunciado actos de tortura. Otra preocupación en los anexos es la falta de domicilio establecido por muchas de estas empresas que operan de manera discrecional. Se han encontrado casos en los que, cuando se inicia una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, trasladan su domicilio a otros municipios.
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