Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Restricciones a la libertad y otros derechos humanos durante la contingencia sanitaria que atraviesan Michoacán y México en la actualidad podrían constituir una flagrante violación al orden del Estado de Derecho, a la constitución Política de los Estados Mexicanos y hasta los tratados internacionales. Esta semana que está por concluir, al menos un ayuntamiento Michoacano exhortó a la “restricción de la libertad”, mientras que otras demarcaciones de esta misma entidad han emplazado con aplicar arrestos a quienes no se apeguen a las medidas sanitarias. En este contexto, especialistas en derecho y garantías individuales, ya han expresado su preocupación por la invasión de responsabilidades y las consecuencias que esto podría traer consigo a las mismas autoridades. En voz de Gumesindo García Morelos, especialista en Derecho y coordinador general de la Clínica del Litigio Estratégico en Derechos Humanos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se advierte que solamente la Federación puede recurrir a la suspensión de derechos humanos como parte de alguna medida emergente ante contingencias sanitarias, como podría ser la figura del Estado de Excepción. Aseguró que las acciones de contención a la epidemia se deben de desprender de la coordinación, precisamente, con el gobierno federal. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no habrá suspensión de derechos y aclaró, que tampoco se dará el “toque de queda” en todo el país, como sí se han dado en otras partes del mundo. Las acciones y recomendaciones de la Federación han girado en torno al distanciamiento social, cierre de espacios públicos y a contener las aglomeraciones de personas superiores a 50 personas. Acciones en las que deben ser coadyuvantes los poderes ejecutivos a nivel estatal y municipal respectivamente. Todo, hasta el momento, se mantiene como mera recomendación pese a la urgencia que la misma Secretaría de Salud federal impone al tema. Esta semana el Ayuntamiento de Zacapu emitió un comunicado en donde exhorta a “la restricción del tránsito” a partir de un horario determinado. En un comunicado se especifica que únicamente las emergencias médicas y cuestione laborales estarán consideradas para la circulación. Respecto al documento, el especialista recordó que únicamente el presidente de la República cuenta con atribuciones para suspender los derechos, como en el caso concreto de la libertad de tránsito. En el caso de Zacapu, ese documento es gravemente violatorio al orden del Estado de derecho, viola además a la Constitución y a los tratados internacionales, a la jurisprudencia de las organizaciones internacionales. Ninguna autoridad municipal tiene facultades para restringir derechos como en este caso la libertad de tránsito. Hablamos de vicios de forma y de fondo, el documento no debe ser obedecido porque no está ni publicado, no basta con emitirle”; explicó el especialista. No es el único ayuntamiento que ha tomado decisiones de esta naturaleza. Zamora, anunció también esta semana que se hará uso de la fuerza pública que implicarán la imposición de sanciones e incluso, la prisión, con el fin de evitar un brote de personas enfermas por COVID-19. Al respecto, García Morelos advirtió que estas acciones por parte de los gobiernos municipales les traerían consecuencias legales casi inmediatas. Por otro lado, debido a las condiciones propiciadas por las decisiones de las autoridades, cualquier ciudadano podría demandar al gobierno por afectar el derecho a la alimentación. El Gobierno de Michoacán ha implementado medidas de contención de contagios de COVID-19, no obstante, se ha destacado por la coordinación con la Federación y ha sido enfático, que a pesar de la instalación de filtros carreteros y el blindaje de los accesos al estado, la libertad de tránsito no se restringe ni se restringirá. La instalación de “toques de queda”, corresponde únicamente en atribución al presidente de la República, con la aprobación de las cámaras y el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respectivamente, insiste el especialista nicolaita. “Para que se pueda restringir un derecho tiene que estar en la ley materialmente. la libertad de tránsito, dice el artículo 11, se puede restringir por determinación judicial, migratoria o de seguridad, pero tiene que estar en la ley. Le llamamos la Reserva de Ley. En el caso de Zacapu viola la constitución; el Ayuntamiento, además de las irregularidades, carece de fundamentación y argumentación en el documento. Los derechos y libertades no son competencia de los ayuntamientos para restringirlos, ni tampoco los gobernadores pueden dictar restricciones a la libertad”, manifestó. Derechos humanos, en segundo término Preocupa que, en medio de la contingencia más importante de las últimas décadas en el estado de Michoacán, se destinen grandes cantidades de elementos para el resguardo de centros comerciales y de empresas, refirió Gerardo Herrera Pérez, Coordinador de Estudios de Divulgación en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Aseguró, en este contexto urge que la prioridad sean los ciudadanos, las complicaciones económicas, la gobernabilidad, la gobernanza y muchos otros factores que han salido a flote con la situación atípica que se vivió actualmente en prácticamente todos los municipios del estado. En voz del también especialista, refiere que también, hasta el momento, no hay acciones por parte de las autoridades para contener la crisis de padecimientos mentales que originará la pandemia. “La gente quiere seguir consumiendo, acaparando respecto a lo que se vive como sociedad. Hay una crisis también mental, la gente va a sufrir crisis de ansiedad, depresión y vamos a enfrentar las crisis y estamos ante una crisis muy importante, nos debería de hacer reflexionar en torno a lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer. Las dependencias deben de apoyar para resolver esto”
La Voz de Michoacán
