Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La propuesta de presupuesto 2022 no sería suficiente para los trabajos de investigación y procuración de justicia en el estado de Michoacán. Ante el recorte de casi 100 millones de pesos que se ha planteado a la Fiscalía General del Estado (FGE), se tendrán que “estirar” y buscar “opciones” para garantizar la operatividad de la institución. Destaca que el Gobierno de Michoacán haya enviado un proyecto de este tipo, en un estado donde, de acuerdo con las encuestas del INEGI y de firmas privadas, los temas de seguridad, justicia y fortalecimiento de las corporaciones figuran en el primer lugar de las exigencias ciudadanas, y en donde la impunidad y la falta de resultados en la materia son –también- de las principales quejas en Michoacán. En voz del fiscal Adrián López Solís, la propuesta de presupuesto colocada por parte del Ejecutivo en el Congreso del estado plantea un decremento en los recursos destinados a la FGE. Advirtió que lo anterior se suma a la tendencia que ubica al estado entre las entidades federativas que menos capital destina a las fiscalías. Para este 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) ejerció poco más de mil 500 millones de pesos, la cuales disminuirán a mil 400 millones para el próximo año pese a un aumento en el gasto público planteado. Tendencia continúa La idea desde la creación de la Fiscalía en 2019, fue que el organismo descentralizado del gobierno del estado alcanzara incrementos sostenidos de presupuesto para alcanzar las metas año con año. En 2021 el incremento autorizado en términos presupuestales respecto al 2020 fue de casi 400 millones de pesos para continuar con los procesos de investigación, formación de personal de investigación, instalación de fiscalías regionales y otros procesos internos de la FGE. Ante la situación de recortes de este año, López Solís aseguró que apelarán a seguir “estirando” el presupuesto, mismo al que se le tiene que restar un 7 por ciento en capacidad por concepto de inflación. “Sale publicado en Impunidad Cero (sitio web de la organización civil) de un estudio de recursos por cada 100 mil habitantes y en el caso de Michoacán nos ubicamos en el lugar 22. Es decir que hay estados que tienen mejores condiciones de soporte financiero para poder realizar actividades de investigación. Sabemos que el estado tiene una problemática por el déficit financiero y que debemos adaptarnos, pero lo que tenemos es indicativo de que no resulta suficiente para la tarea de investigación”, explicó el abogado de los michoacanos. En promedio, cada año se registran poco más de 55 mil carpetas de investigación por distintos delitos del fuero común ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), tendencia que incluso se mantiene al alza respecto a otros años. Entre los esquemas de cooperación que establecerá la fiscalía para cubrir las limitaciones por el recorte presupuestal, se esperan aportaciones del ejecutivo estatal para la infraestructura de servicios médico forense en el municipio de Zamora y otras regiones, así como esquemas de apoyo para la búsqueda de personas desaparecidas e insumos de investigación pericial. “El principio con el que hemos trabajado es que con lo que nos den saldremos adelante, pero direccionar y estirar recursos llegará a un límite de productividad. Habrá al parecer un decremento y hemos visualizado que no se vea reflejado en el presupuesto en similares términos se pueda compensar con otros apoyos como es el crecimiento en infraestructura, al Semefo, dotación de insumos, búsqueda de personas desaparecidas y fondo de aportaciones para la Seguridad”, manifestó. Otra de las opciones que destacó, servirán como mecanismo de apoyo para las labores de investigación y levantamiento de denuncias, será la coordinación con las corporaciones policiales tanto del orden municipal como estatal.
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