Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Al rendir cuentas de su gestión, el fiscal del estado, Adrián López Solís, reportó un aumento del 61 por ciento en la judicialización de las carpetas de investigación del delito, lo que equivale a mil 294 expedientes, en comparación con el primer semestre del 2021. El titular del Ministerio Público entregó el Informe semestral de avances del Plan de Persecución del Delito al Congreso local, al gobernador Ramírez Bedolla y al grupo de inteligencia operativa, ratificando el compromiso de investigar y de perseguir los delitos penales sin prejuicios y sin estereotipos, con neutralidad y con apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia. No sólo hay una tendencia ascendente en la judicialización de carpetas. El Informe también reporta un crecimiento del 41 por ciento en la determinación de carpetas, con una diferencia de 12 mil 228, entre enero y junio, entre los años 2021 y 2023. La judicialización y los acuerdos reparatorios “son las dos formas por excelencia de atender de fondo una carpeta de investigación, para llevar al responsable a los tribunales, imponerle sanción y reparar el daño a la víctima”, señaló el fiscal, quien aseguró que hay un aumento del 46 por ciento en acuerdos reparatorios cumplidos en sede ministerial con garantía de reparación integral del daño. López Solís afirmó que hay una mejora en los resultados, a pesar de la sobrecarga de trabajo que inhibe el éxito de las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a culpables y reparar el daño. Los investigadores enfrentan importante saturación laboral, levantando información de nuevos casos todos los días, al tiempo que siguen líneas de investigación de casos ya acumulados. El fiscal comentó que le da prioridad a la judicialización de aquellos delitos de alta complejidad y de alto impacto social que ameritan prisión preventiva oficiosa, exhortando al personal a seguir siendo asertivos y atentos con el dolor e indignación de las víctimas. El fiscal general del estado reportó además un aumento de un 91.7 por ciento en la vinculación a proceso en el período antes referido. Sin embargo, “al hablar de un tema (bajo investigación), en mi caso, debo ser extremadamente cuidadoso, porque en mi condición de fiscal, de agente del Ministerio Público y poseedor de información de primera mano del contenido de las carpetas, cualquier cosa que yo diga y haga de manera equivocada, imprudente o anticipada, podría tergiversar el contenido de una investigación o el sentido de una teoría que habríamos de sostener en su momento”. El funcionario dejó en claro que la Fiscalía tiene investigadores, no patrulleros dedicados a vigilar las calles, y planteó que la acreditación de los agentes del Ministerio Público permite cubrir el perfil con todas sus dimensiones, para que investiguen y litiguen bajo los estándares del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. “El documento entregado es un referente para continuar en la mejora del desempeño y garantizar el acceso a la justicia, en beneficio de la ciudadanía. La entrega de dicho informe es una oportunidad no sólo de rendir cuentas y transparentar los resultados de la función, sino también es evaluación permanente que permite tener claro de dónde venimos y hacía donde vamos”. El fiscal reconoció la labor de los servidores públicos de la Fiscalía, esforzándose para cumplir las metas que se revisan en las vertientes del desempeño institucional e individual, del que se han obtenido un conjunto de indicadores de eficacia en su línea ascendente, que han demostrado una mejora en los resultados, a pesar de la sobrecarga de trabajo en el marco del Sistema de Justicia Penal, producto de la investigación y las variables que pueden surgir en la ruta de la resolución legal de la causa. Recordó que la procuración de justicia demanda una serie de exigencias en la modernización de los sistemas de telecomunicaciones, así como la acreditación de los laboratorios de Servicios Periciales y la permanente capacitación del personal en las diferentes materias y especializaciones, que se verá reflejado en el fortalecimiento de la investigación y la persecución de los delitos. En ese sentido, planteó actualizar el (PPD) para trazar nuevas líneas de acción que permitan brindar calidad y eficiencia en el servicio. Asimismo, agradeció al presidente López Obrador, al gobernador Ramírez Bedolla y a los diputados locales por el apoyo brindado a la institución, al igual que a las fuerzas federales y locales, a quienes refrendó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para abonar a la construcción de la paz. El fiscal general, finalmente, cerró apremiando al Congreso de Michoacán para crear un sistema de testigos protegidos con garantías y con mecanismos de salvaguarda para que puedan sostener sus acusaciones en casos de secuestro u homicidio, sin enfrentar amenazas o riesgos a la integridad física del testigo.
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