Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Por su presunta participación en actos de corrupción, en lo que va de este año un total de 48 exfuncionarios públicos de Michoacán han sido inhabilitados por la Contraloría estatal para ocupar puestos públicos de nueva cuenta. Asimismo, destacan, continúan las investigaciones para resarcir el daño financiero al estado. Según información oficial, son poco menos de 700 millones de pesos lo que se buscaría resarcir con las inhabilitaciones, con la exigencia de que exfuncionarios estatales “regresen lo que se llevaron” durante sus gestiones en gobiernos pasados. Fue en su tradicional rueda de prensa de inicio de semana donde el gobernador Silvano Aureoles Conejo refirió sobre las inhabilitaciones. En este mismo contexto, el mandatario fue cuestionado por medios de comunicación sobre los nombres de aquellos exservidores que enfrentan procesos legales. “Lo de nosotros no es un ánimo persecutorio, de que lo agarres para golpeteo y lo uses como arma para descalificar a oponentes políticos, eso no me gusta, sólo quiero que se cumpla con la ley. Si los que cometieron una falta demuestran que fue un error, que lo hagan; no tienen que ir a fuerzas a parar todos a la cárcel, porque luego sale contraproducente, mucho ruido y pocas nueces; más bien algo sólido, sin rebote en tribunales y se sepa que hay advertencia de que hecho indebido tiene consecuencias, pero sin persecución política”, señaló. La corrupción se ha enfrentado también con acciones concretas en finanzas, como la reducción del sueldo de funcionarios y el adelgazamiento del aparato burocrático, así como con acciones legales; al día de hoy se tiene en proceso de resarcimiento al erario 682 millones de pesos y la inhabilitación de 48 ex servidores públicos. Además, se modificaron cinco leyes para la creación e instalación del Sistema Estatal Anticorrupción y se simplificaron trámites que alentaban a proceso y daban margen a actos de corrupción, rubro en el que el estado pasó del lugar 30 al 17 en el ranking nacional. Aureoles Conejo refirió que hoy Michoacán es de los estados más auditados por la Federación y que ese conjunto de medidas y resultados han contribuido a que la entidad mejore su posición en el Semáforo del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como ante calificadoras internacionales. Destacó también que se debe tomar en cuenta que la corrupción no se basa únicamente en el mal uso de recursos, sino en otras acciones, como comprar medicinas a costos más elevados, comprar medicamentos caducos, no brindar servicios y hasta mentir en las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos. En el caso de Michoacán son 11 mil servidores públicos estatales quienes se encuentran obligados a presentar su Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses. En los 4 años de la actual administración estatal son al menos 140 exservidores han sido inhabilitados por parte de la Contraloría, la famosa “licuadora financiera” es una de las prácticas más recurrentes a las que se les atribuye a los imputados. Los casos integrados hasta el momento, provienen de las administraciones estatales que van desde el 2009 hasta el año 2015. En voz del funcionario, los principales casos tienen que ver con la movilidad de recursos en cuentas bancarias y la trazabilidad de los procesos de movimiento financiero. Mover recurso público entre cuentas, es una de las principales observaciones que han detectado en la contraloría local, por lo que, a decir de la autoridad estatal, lo anterior constituye un grave delito que, a manera, además de la inhabilitación por varios años para ocupar puestos públicos. Las carpetas en revisión tampoco son pocas. Por medio de la Contraloría del Estado de Michoacán, la Auditoría estatal, la Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, se revisan al menos mil 700 expedientes de administraciones pasadas y de la actual, las cuales, podrían derivar en más inhabilitaciones o responsabilidades legales. Las auditorías que se llevan a cabo datan hasta del año 2014, debido a que los rubros en donde más se han detectado irregularidades es en las áreas de atención médica del gobierno del estado, las secretarías de finanzas y los ramos de educación pública, lo anterior, derivado de la gran cantidad de recursos que manejan cada año.
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