Jorge Manzo / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Hace un año nació en Michoacán la Fiscalía General del Estado (FGE). A partir de entonces, el fiscal general Adrián López Solís afirmó que se han tenido que tomar acciones contundentes con el fin de revertir la impunidad que se venía arrastrando, aparte del déficit operativo y del deterioro que dejaba a su paso en la sociedad la actividad delincuencial. Ofreció abatir la incidencia de homicidios dolosos en un “tiempo razonable”. Cara a Cara con La Voz de Michoacán, el abogado oficializó que se ha registrado un decremento en delitos de alto impacto, excepto en homicidios dolosos, por lo que puso nuevamente sobre la mesa la idea de combatirlo de manera integral a nivel nacional, con el uso de técnicas de investigación e intercambio de información, así como se emprendió contra el secuestro y que en Michoacán ha logrado que el 90 por ciento de esos ilícitos queden resueltos. Confesó que, tras el déficit que se traía de armamento, vehículos, tecnología de punta e incluso, salarios homologados de los trabajadores, este año se tiene un aumento en el presupuesto de más de 400 millones de pesos, mismos que permitirán avanzar en la función sustantiva de la institución. Apremió a incrementar la capacidad de respuesta en la judicialización de todas las carpetas de investigación, a fin de evitar la impunidad, y del colapso del propio sistema de justicia. Aclaró que la tarea del ministerio público es la de investigar y llevar ante la justicia a quienes previamente cometieron un delito. Se comprometió seguir en esa ruta, y aunque no le puso un periodo para lograr la pacificación plena del estado, comentó que, si se quitan los indicadores de ejecuciones, el estado no enfrenta graves problemas de inseguridad, al ubicarse en el lugar 23 del mapa nacional, es decir, 22 estados antes son más violentos. El exsecretario de Gobierno pidió a la sociedad seguir confiando en la autoridad, y advirtió que no habrá tregua para el crimen organizado. Destacó que la cantidad de homicidios que se registran es producto de una disputa que libran bandas delincuenciales, mismas que buscan apropiarse de territorios, con el fin de realizar actividades ilícitas para el consumo de las drogas, y que genera dinero mal habido. Declaró que en este periodo ya crearon las fiscalías del medio ambiente y de la fauna, en derechos humanos y libertad de expresión, de tortura y de asuntos internos, lo que obliga a un crecimiento del 30 por ciento a la estructura de la institución. Compartió que era urgente la homologación de salarios, debido a que había personal que ganaba 13 mil pesos, a partir del viejo sistema, y los que se incorporaron desde hace 4 años tenían percepciones de más de 25 mil pesos. “Estamos trabajando, con la convicción de que sí es posible revertir el proceso de deterioro que está generando la actividad delincuencial y que sí es posible llevar a quienes infringen a la ley ante los tribunales para que se les sancione. Ese es el principal reto y todos los días tenemos una revisión puntual de qué está sucediendo, cómo se está atendiendo la investigación, en qué se está concluyendo el resultado de determinadas investigaciones, quiénes son los que están provocando ese daño a las vidas de las personas y hemos aumentado sustancialmente la efectividad de las personas detenidas y puestas a disposición de los jueces”, expuso el exdiputado. Argumentó que hay un problema de adicciones, de desigualdad, de pobreza, falta de integración familiar, disfuncionalidad y hasta de enfermedades mentales que no se está atendiendo como sociedad, por lo que llamó a los michoacanos a que asuman la parte que les corresponde. En el caso de la Fiscalía General, aclaró que su ámbito de actuación es a partir de que se registra un hecho criminal. López Solís expresó que en la medida de que la Fiscalía cumple con el objetivo de que se procure justicia y se repare el daño a la víctima, en esa medida se abate y combate la impunidad, que es un problema que hoy en México y en Michoacán tiene grandes retos por delante. Él es el primer fiscal autónomo de Michoacán, y le tocó encabezar el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, y todo lo que ello conlleva. “Es un reto profesional de gran envergadura que te impone mucha responsabilidad, que se debe atender con mucha seriedad y que, por supuesto no está exento de situaciones de riesgo porque evidentemente nos toca atender las denuncias, las noticias de acontecimientos y crímenes”, confesó durante la charla el encargado de la procuración de justicia. Anunció que en la institución se puso en marcha un sistema de evaluación y seguimiento del trabajo para identificar cuáles son las formas de resolución de las carpetas de investigación. En este año, la Fiscalía logró que se judicializaran 2 mil 750 averiguaciones, mientras que en 2018 la entonces Procuraduría llevó a tribunales 2 mil 007. En ese sentido, calculó que se tuvo un incremento en la productividad arriba del 31 por ciento. Sin embargo, el reto es titánico, puesto que esa cantidad de investigaciones representan apenas el 5 por ciento de las 67 mil carpetas que se iniciaron durante el año pasado. Si bien se tuvo un 2 por ciento de aumento comparado con 2018, también se debe informar que se vienen arrastrando con un acumulado. Además, de que, vía la reparación del daño, en 2018 se canalizaron alrededor de 9 mil 200 casos, y el año pasado fueron 9 mil 500. De esas cifras, en 2018 fueron 2 mil 700 acuerdos reparatorios y en 2019 llegaron a cerca de 3 mil 700. En este punto, el fiscal anunció que en todas las formas de resolución se contabiliza el 41 por ciento de los casos, es decir, que el resto representó la impunidad, mismo que también se redujo, puesto que en años anteriores oscilaba en el 66 por ciento. “Ese es el reto, lograr con nuestro trabajo incrementar nuestros indicadores de judicialización, mecanismos alternativos y disminuir el archivo temporal”. Entre los casos que no se han podido resolver, el fiscal abundó que hay temas de robo a casa habitación, de vehículos y otras carpetas en donde no se tiene identificada a la persona que es posible responsable del delito, lo que se le denomina imputado desconocido. En cuanto a secuestros, hay 196 detenidos, ya sea en flagrancia o en cumplimiento de órdenes de aprehensión relacionados con hechos denunciados, y el 95 por ciento de las víctimas directas fueron recuperadas sanas y salvas. Al hablar del homicidio dolosos, Adrián López comentó que tiene sus raíces, causas y motivos. Pidió que se tome como referencia la coordinación para el combate al secuestro, puesto que el homicidio sigue siendo en la descripción de la tipología y del código, un delito del orden común, porque se trata de la privación de la vida de una persona, sin embargo, por esa tendencia en crecimiento se debería recargar en recursos humanos y materiales para combatir algo que está lastimando sensiblemente a la sociedad. “En 2018, llegamos a cerca de mil 350 homicidios dolosos. En 2019, llegamos a mil 650 eventos. Con una particularidad, que nosotros identificamos que había un subrregistro porque casos en donde las personas resultaban lesionadas y así ingresaban al hospital, se iniciaba una carpeta por lesiones y la persona fallecía a los pocos días en el hospital y la carpeta seguía siendo de lesiones”, compartió López Solís. La instrucción que se dio fue que se reclasificaran, con el riesgo de que incrementara la incidencia, sin embargo, para él es preferible que se digan las cosas tal cual son. Aún y cuando se propuso el tema a nivel nacional, el fiscal general anunció que se puso en marcha una unidad especializada en Michoacán que ya ha traído resultados, con la detención de varias células de delincuentes que traen varios homicidios, en paquete. “En el caso del feminicidio, tuvimos 13 casos en 2019, de los cuales se aclararon 11 casos que están judicializados. Ahí tenemos una tasa de efectividad de arriba del 90 por ciento y con la unidad hemos llegado a una tasa de efectividad de casi el 30 por ciento”. Por otra parte, al hablar de la implementación del sistema de justicia adversarial, López Solís reconoció que hubo una importante inversión en infraestructura sobre todo en el Poder Judicial y una buena capacitación para los jueves, sin embargo, luego va disminuyendo en cuanto a la calidad de esa investigación para el caso de policías, para el caso de ministerios públicos y peritos. “En ese aspecto, hemos avanzado bastante bien. El dato en materia de capacitación es que poco más de tres mil servidores públicos tuvieron algún tipo de capacitación, sea curso, diplomado, o algún tipo de especialidad”. En este punto, la Procuraduría tenía cerca de 4 mil personas trabajando, 400 de ellos eran sindicalizados; por disposición de la ley se tienen que incorporar al Gobierno del Estado y ya no participan en la Fiscalía y se quedaron con cerca de 3 mil 500 trabajadores de confianza y, de ellos, tres mil tuvieron la oportunidad de tener una capacitación. ¿Cuándo veremos esa anhelada pacificación en Michoacán? “Si quitas tú el tema de los homicidios y te quedas con los otros delitos, los números nos dice que esos otros delitos van disminuyendo; incluso en la incidencia delictiva nacional, Michoacán está en el lugar número 23, es decir, hay 22 estados antes con mayores problemas de incidencia delictiva. Sin embargo, tenemos claro que el tema de los homicidios está generando, con toda justificación, mucha preocupación e intranquilidad a la población. Yo les he dicho que estos homicidios son resultado de una disputa entre bandas delincuenciales por apropiarse de los territorios, con el fin de realizar actividades delincuenciales para el consumo de las drogas porque eso está generando dinero mal habido. Entre ellos se identifican y se agreden. No dudo que además allá alguna persona que nada tenga que ver con esto y que también resulte víctima, pero sin ánimo de generar un patrón generalizado, la tendencia nos dice que ese es el contexto en que están sucediendo estas cosas. Nos vemos en un tiempo razonable abatiendo esa incidencia. No hay tiempo. Cuando la sociedad se transforme las cosas serán mejores”.