Arved Alcántara / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. No existe certeza de que haya en la entidad investigaciones por posibles actos de corrupción en contra de Alfredo Castillo Cervantes, otrora comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado. A pesar de los señalamientos de políticos y activistas en los últimos años en cuanto a corrupción se refiere, así como decisiones polémicas en el manejo de la administración pública en ese lapso, en Michoacán aún no se han dado a conocer cargos o investigaciones en contra del funcionario mexiquense. Esta semana, la Secretaría de la Función Pública (SFP) giró un comunicado en donde dio a conocer la inhabilitación por una década al también extitular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, cargo con el que lo ‘premiaron’ tras su labor en Michoacán y que no estuvo exenta de pleitos con asociaciones de diversos deportes e incluso señalamientos del mal uso de los recursos destinados a las delegaciones de atletas. La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la SFP determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos. Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”.Comunicado de la Secretaría de la Función Pública federal. Al ser cuestionada por esta casa editorial sobre alguna posible investigación, la Fiscalía General de Michoacán y la Fiscalía Anticorrupción evadieron el tema: declararon no tener información al respecto, pese a los múltiples señalamientos públicos en tanto que se precisó que lo que hubiera se guardaba por presunto respeto al debido proceso, por lo que esa información es de reserva, tanto víctimas como imputados. Durante la gestión de Elvia Higuera Pérez al frente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, tampoco se presentaron denuncias, carpetas de investigación o información vertida en la Fiscalía Anticorrupción del estado a pesar de los señalamientos mediáticos en torno al periodo de la Comisión durante el año 2014 y años posteriores. No existe pues en la entidad, y pese a los señalamientos que han venido en ocasiones desde la misma autoridad, accionar contra el paso del priista recientemente sancionado, en tanto que sabe que prácticamente todo su equipo de trabajo se ha quedado a laborar en nuestro estado, ahora bajo el auspicio de una nueva administración que dio continuidad a funcionarios en dependencias claves, como la Secretaría de Seguridad Pública. SEÑALAMIENTOS MÚLTIPLES En marzo del 2016, el entonces dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, José Manuel Hinojosa interpuso una denuncia penal a través de la entonces Procuraduría General de la República en contra de Castillo Cervantes. En su momento señalaron falsedad en las pruebas por la supuesta y de las propias declaraciones del entonces titular Comisión Nacional del Deporte en el juicio que se llevó en contra de José Manuel Mireles Valverde por liderar los grupos de autodefensas de Michoacán. Incluso, el secretario del partido albiazul en el estado, Javier Estrada Cárdenas, señaló que a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se logró comprobar que durante el tiempo que estuvo al frente de la comisión autorizó el uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército a los grupos autodefensa, así como otros señalamientos que han sido borrados de los registros. Sobre las denuncias del panismo michoacano ante la Procuraduría General de la República, poco o nada se resolvió hasta este 2021 en que finalmente la SFP resolvió la inhabilitación del político mexiquense para ocupar cualquier puesto público. Luego de ser liberado de prisión en 2018, el exlíder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, denunció que Alfredo Castillo “armó a delincuentes” y encarceló a activistas y políticos inocentes, como en su caso, y los de otros entonces funcionarios públicos que fueron encarcelados durante años. Para los activistas de la época, aseguró, la llegada de Castillo al estado de Michoacán implicó un rompimiento del estado de derecho y de la propia soberanía de esta entidad federativa. Por su parte, el exgobernador interino de Michoacán Jesús Reyna García también denunció públicamente que los casi 4 años que permaneció en prisión, fueron a causa de “No ser partícipe de los actos de corrupción” de Alfredo Castillo Cervantes, por lo que advirtió, que al menos 3 políticos michoacanos fueron víctimas de la venganza política en su contra.
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