Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Debido a la crisis financiera-estructural a la que se enfrenta Michoacán, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla reculó y siempre sí retomará el proceso de desincorporación de bienes del estado a partir de esta semana. A diferencia de la administración silvanista, el nuevo gobierno argumenta que enviará una nueva valuación de las propiedades del Ejecutivo ante instancias federales para abonar al proceso de “transparencia”. La desincorporación de bienes no será exclusivamente para el pago de nómina y gasto corriente. En voz del jefe del Ejecutivo estatal se buscará atender otras necesidades de la operatividad del gobierno, que para el cierre de año se enfrenta a un déficit de casi 18 mil millones de pesos. En rueda de prensa, el mandatario señaló que se iniciará con predios para la descentralización del IMSS federal, lo que ayudará a disminuir el adeudo que tiene el Gobierno del estado con la dependencia desde hace ya varios años. Justificó que en 2019 la valuación de los 20 predios que había propuesto el Gobierno del estado a rematar fue generada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), misma “que carece de autoridad para generar dicha información financiera”. “El secretario de Finanzas, los tesoreros siempre andan buscando cómo solucionar los temas financieros, pero las decisiones las tomamos en el Ejecutivo. Yo respaldo el esfuerzo de Luis Navarro que está en la Secretaría de Hacienda para el apoyo de las nóminas de maestros y otros trabajadores. El tema de desincorporación es una cuestión legal. Les pongo un ejemplo, vamos muy avanzados en el tema de que oficinas administrativas del IMSS se instalen en Morelia. Algunos de los inmuebles propiedad del estado tendrán que ser desincorporados para dárselo al Seguro Social”, manifestó. La desincorporación de predios para la instalación de las oficinas y viviendas de los trabajadores del IMSS será a cambio de los adeudos de hasta mil 600 millones de pesos que adeuda el estado a la Federación en este rubro. “En este sentido el Seguro Social nos informó que no sería en donación sino en pago de lo que le debe el Gobierno de Michoacán, que son mil 600 millones de pesos, pero tenemos que usar el procedimiento. No hay intenciones de vender bienes inmuebles para pagar nómina. Sí, seguramente el viernes trataremos el tema de la Isla de la Palma. El puerto tiene interés y esa isla ha tenido interés desde 1991 en que empezó un proceso”, explicó. Esta misma semana, tras anunciar la contratación de un crédito a corto plazo para alcanzar la suficiencia presupuestal y cubrir las nóminas de trabajadores de la educación y organismos descentralizados, el secretario de Finanzas, Luis Navarro reconoció que la posibilidad de una desincorporación sería darle la razón al proyecto silvanista que, a finales del sexenio, levantó incluso protestas ciudadanas y políticas en el Congreso de Michoacán por parte de morenistas y afines al nuevo gobierno. “No hay de otra. Hay muchas formas, pero como todo es muy rápido, lo más rápido era un crédito. Podemos recurrir a otros instrumentos; dicen que los bienes son para remediar los males y en una de esas tendríamos que desincorporar bienes, es una posibilidad. No es lo ideal, pero al dejarnos un estado en quiebra sería la única opción. Se le daría razón y no (a Silvano), aquí el tema es que en las últimas quincenas se pagaron cosas que se pudieron no haber pagado”, explicó. Proyectos de desincorporación provocaron guerra política Desde el 2019, los proyectos de desincorporación de bienes del estado generaron debate y conflictos políticos a nivel estatal. En su momento, Ramírez Bedolla como gobernador electo incluso advirtió que quienes compraran los predios del estado en remate incurrirían en responsabilidades legales y sanciones. Incluso, integrantes de Morena, hoy diputados, encabezaron la toma de la sede del Poder Legislativo para evitar que los diputados aprobaran los proyectos de desincorporación de bienes del estado argumentando que nunca pasarían una iniciativa de ese tipo, cosa que finalmente tendrán que aprobar ahora ellos como legisladores. Desde el 2019 que el gobierno del estado promovió paquete de 20 predios a desincorporarse ante la insuficiencia presupuestal por la carta de la nómina educativa. Hasta este 2021, llegó al Congreso del estado un proyecto de 6 predios a desincorporarse, entre los que se destacó el espacio que hasta hace algunos años ocupó el antiguo Cereso Francisco J. Múgica. El panorama económico se complicó para el 2020 con la llegada de los efectos de COVID-19 y los recortes de participaciones y recursos de la federación, por lo que se insistió en más de 3 ocasiones con acotaciones, reducciones y revisiones a los dictámenes de desincorporación que finalmente saldrían en próximos días.
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