Javier Favela | La Voz de Michoacán Cobrar en las nóminas de gobierno y no desquitar el sueldo podría tipificarse como delito penal con sanciones de hasta 5 años de prisión, según una iniciativa de adición al Código Penal de Michoacán que ya casi está lista para presentarse en el nuevo período ordinario de sesiones del Congreso del Estado. Cerca de 5 mil aviadores detectaron las auditorías en la nómina magisterial. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sigue detectando casos de maestros que cobran sin dar clases ni presentarse a trabajar, señaló el diputado petista Baltazar Gaona, quien también evidenció que muchos médicos del sector salud solo dan una o dos consultas al mes y están cobrando salarios completos. Asimismo, en la Secretaría de Seguridad hay elementos dados de alta que no se presentan a cumplir con sus funciones. En el Congreso, en el Poder Judicial y en los Ayuntamientos hay personas incrustadas en la nómina sin hacer nada, sostuvo Gaona García, al pronunciarse por imponer de uno a cinco años de prisión a los aviadores gubernamentales, con sanciones más severas para los reincidentes. “Con la llegada de la 4T ya no hay costosos helicópteros para viajes frívolos, pero no descarto que pudiera haber muchos pilotos aviadores en la administración”. El legislador petista señaló que hay muchos aviadores en las nóminas estatales y que están incrustados en grupos de choque para cometer daños a terceros. “En lo personal, ya tengo una iniciativa para tipificar como delito el que haya personas dadas de alta en toda la estructura de gobierno, que están cobrando sin hacer nada, acostadas en la cama, mientras que miles de michoacanos se levantan a trabajar desde las 5 de la mañana y terminan sus jornadas laborales hasta altas horas de la tarde”. Al respecto, Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del PAN, apremió por empezar la limpia de aviadores en la propia casa, en el Congreso del Estado. “Pasa legislatura tras legislatura y en cada trienio se infla la nómina. ¿Y dónde están esos trabajadores? ¿Quién los puso? ¿Quién los conoce? ¿Dónde trabajan?” El legislador por Tacámbaro planteó la necesidad de meter más candados en las nóminas de las administraciones públicas. “No es un tema fácil. No puedo imaginarme todo lo que ocurre en la Secretaría de Educación, a pesar de todo lo que escuchamos. El propio gobernador lo ha declarado: a una misma persona se le han encontrado dos plazas duplicadas: una en el oriente del estado y otra en la costa, en regiones muy distantes. Este es un tema en el que deben entrar todas las fracciones parlamentarias, que además exige mucha voluntad en el gobernador y en los alcaldes. Fidel Calderón Torreblanca, líder parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, parafraseando a los expertos sanitarios, consideró que afortunadamente ya está terminando la pandemia, pues las consecuencias de los contagios ya no son tan graves. “Dentro de muy muy poco tiempo ya no habrá justificación ni en las empresas privadas ni en la administración pública para dejar de ir a trabajar”. Anotó que los países ya no detienen sus economías ni frenan las fábricas e industrias ni tampoco cierran oficinas públicas. A su vez, Jesús Hernández Peña, coordinador parlamentario del PRI, se limitó a exhortar a los funcionarios y a sus colaboradores a profesionalizarse, a ir y a cumplir con el horario que les corresponde “para tener un mejor resultado en sus encomiendas”. La diputada Guillermina Ríos, presidenta de la comisión inspectora de la Auditoría Superior del Estado, se pronunció por reactivar las actividades en todos los niveles de gobierno con las medidas sanitarias correspondientes. “La pandemia ha limitado el desempeño en muchas áreas de la administración pública. Muchos empleados no se están presentado. Volvimos a retroceder un poquito con la nueva ola. Esperamos un cambio en próximos días”. Agenda, en construcción Reyes Galindo, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, confirmó el apoyo y respaldo de su bancada a las iniciativas que le interesan y son prioritarias para el gobernador Ramírez Bedolla. Anunció rueda de prensa el próximo lunes para dar a conocer los temas rectores en el segundo período ordinario de sesiones. Paralelamente, el petista aseguró que en el Congreso local están listos para acompañar los esfuerzos del presidente López Obrador para sacar la minuta de reforma constitucional en reforma eléctrica o energética, como parte del Constituyente Permanente. En los temas personales, Reyes Galindo comentó que insistirá en la dictaminación de una iniciativa ya presentada para sancionar la violencia obstétrica, es decir, la que sufren algunas mujeres en contextos de servicios de salud antes, durante y después del parto. En tanto, Fidel Calderón recordó que la bancada de Morena se reunió con el gobernador Ramírez Bedolla para abordar los temas prioritarios que le interesa tramitar en el nuevo período ordinario de sesiones en los rubros de seguridad, justicia y hacienda. Adriana Hernández Íñiguez, presidenta del Congreso, reconoció que la bancada del PRI no ha trabajado en temas específicos para llevar al nuevo período ordinario de sesiones. Hizo un llamado a los grupos parlamentarios a cerrar filas en torno a temas cruciales de Michoacán como el de la protección a grupos vulnerables. Recordó que ya fue presentada una iniciativa contra el feminicidio infantil, y rememoró que ya se encuentra en comisiones la iniciativa ciudadana que presentó la mamá de Jessica Villaseñor. Por separado, Jesús Hernández Peña, coordinador del tricolor, destacó que hay una iniciativa para crear la figura de diputado migrante, y bosquejó una ley del transporte, a petición de muchas organizaciones. En tanto, la priista Guillermina Ríos recordó que ya subió a tribuna para proponer la reconstrucción del tramo carretero Buenavista-Peribán, habiéndoselo ya planteado dos veces al gobernador, a quien “le agradezco mucho su disposición para apoyar a la región y al estado”. En los temas de fiscalización, la legisladora subrayó que en marzo de 2022 inician las auditorías para fiscalizar el gasto que ejercieron los entes públicos en 2021. Oscar Escobar, el jefe de la bancada del PAN, informó que la plenaria albiceleste ya acordó impulsar el tema de los derechos políticos de las mujeres y una ley de justicia cívica, entre otros. Se acabó el receso legislativo de mes y medio, que muchos diputados tomaron como período vacacional, como puede constatarse en la falta de dictámenes en varias comisiones. Este martes inicia el nuevo período ordinario de sesiones. Ayer los coordinadores acordaron celebrar sesión pública para el próximo viernes 18 de febrero “con varios temas en lista de espera”, manifestó el panista Oscar Escobar, mientras que el morenista Fidel Calderón confirmó que el viernes de esta semana ha sido convocado el pleno del Congreso. Las comisiones legislativas tienen la encomienda de hacer la glosa temática de los últimos informes del gobernador Silvano Aureoles y de los alcaldes salientes en 2021. La 75 legislatura tiene 8 grupos parlamentarios. La bancada del PRI corre el riesgo de fracturarse por las tensiones internas que ha generado la renuncia de Mario Villegas al frente de la Secretaría de Finanzas, entre recriminaciones de diputados por falta de operatividad y oficio político en esa área administrativa. Por el número que curules, las mujeres pueden reorientar la agenda. Las mujeres llevan mano Con 25 mujeres en las curules del Congreso del Estado, los temas de igualdad de género predominan en las agendas parlamentarias, trascendiendo los colores partidistas de las bancadas. Morena propone crear un registro estatal de agresores, hostigadores y acosadores sexuales. El PT se pronuncia por perseguir de oficio el feminicidio y erradicar el acoso laboral en el estado. El PAN plantea crear una Ley para apoyar a madre solteras y abrir albergues regionales para mujeres violentadas. El PRD asume el compromiso de cero tolerancias a la violencia contra la mujer. Además de condenar el hostigamiento sexual en centros laborales, el PRI propone perseguir de oficio la violencia familiar, tipificar el feminicidio infantil, catalogar como delito la violencia mediática y condenar la violencia sexual dentro del matrimonio. Y el PES impulsa instituir la Presea Mujer Purépecha. La bancada de Morena –con 6 diputadas en sus filas- defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y a no ser criminalizadas por ello. Asimismo, impulsa adecuaciones normativas para crear el registro de deudores alimentarios. Bosqueja además una iniciativa de ley para sancionar la violencia político-electoral en razón de género, particularmente la que se ejerce en contra de mujeres de comunidades indígenas. El PRI (con 5 mujeres diputadas) se pronuncia por actualizar el Código Familiar del Estado para sancionar a los agresores de mujeres, así como por imponer sanciones más severas cuando en el delito de trata de personas las víctimas sean niños y adolescentes. En el documento de la agenda legislativa, el PRI plantea elevar a la Procuraduría del Menor en órgano constitucional autónomo. El priismo proyecta modificar los delitos de acoso sexual, abuso sexual, estupro y violación, homicidio simple y discriminación, “con una penalidad de 6 meses a 3 años de prisión o de 50 a 200 días multa y de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad”. El Partido Verde programa castigar en forma inmediata que todo acto de discriminación o violencia cometido por servidores públicos en contra de las mujeres o en contra de los derechos de la niñez. Plantea determinar procedimientos contra el trabajo infantil y la agresión sexual de niños y adolescentes en situación de calle. El Verde Ecologista sugiere incluir en la ley que en cada municipio exista un refugio y centro de atención integral para víctimas de violencia, mujeres y familias, lejos de sus agresores. El PAN propone combatir y erradicar el grave flagelo de los feminicidios.
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