Congreso ajustará gastos para liquidar pendientes que se vienen arrastrando

Es muy reducido el margen de maniobra presupuestal frente a las enormes necesidades del estado, ha dicho la diputada Julieta Gallardo

Foto: Cortesía.

Javier Favela / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Diputados dictaminadores abrirán la discusión para etiquetar 462 millones de pesos del Presupuesto Estatal de Egresos 2023 con el fin de atender reclamos de justicia y temas pendientes del pasado.

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Este martes los 9 diputados dictaminadores han sido convocados para arrastrar el lápiz en la dictaminación del ingreso y de la erogación de más de 91 mil millones de pesos para el próximo año.

La Auditoría Superior de Michoacán tendrá garantizados 210.6 millones de pesos para ejercer durante el próximo año, pero el órgano técnico de fiscalización ya no será una Unidad Programática Presupuestal (UPP), sino una mera Unidad Responsable dependiente de la estructura financiera del Congreso del Estado.

El Poder Legislativo destinaría 10 millones de pesos extras a la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior del Estado, cuya titular, Vanesa López, ayer se quejó que no le eran suficientes las actuales 35 o 40 personas bajo su mando (solo 2 auditores), y que necesitaba más presupuesto para armar un gran equipo, adquirir herramientas, capacitar al personal y abatir deficiencias.

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El Congreso podrá disponer de hasta 10 millones de pesos para consultar a los pueblos indígenas con el fin de acatar mandato de la Suprema Corte dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 168/2020. De acuerdo con la petista Belinda Hurtado, ya solo le quedan cinco meses a la actual legislatura michoacana para realizar consultas a más de 200 comunidades indígenas, en el marco de la reforma a 13 artículos de la Ley de Educación del Estado.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) tendrá que destinar 60 millones de pesos para cumplir y concluir las obligaciones con extrabajadores de la Junta de Caminos del Estado, que fue extinguida en 2019. Aún hay exempleados sin ser liquidados por el Gobierno ni reubicados a otras dependencias.

La Secretaría de Seguridad Pública deberá destinar al menos 60 millones de pesos para activar en forma inmediata los seguros de vida de los elementos operativos de la Guardia Civil del Estado, por llevar una vida de alto riesgo, con pago de indemnización a sus beneficiarios en caso de fallecimiento o de invalidez.

Por otra parte, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad deberán aportar 11.4 millones de pesos para reparar el daño a las víctimas por los hechos violentos en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, registrados los días 4 y 5 de abril del 2017, con cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Recomendación 42VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Según la investigación del ombdusman nacional, 4 personas fallecieron en la comunidad Arantepacua durante la irrupción policiaca, hubo 37 lesionados (8 de ellos policías estatales), 10 detenidos torturados y 38 detenidos con tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La Secretaría de Educación (SEE) destinará 50 millones de pesos al programa de Atención a la Primera Infancia a cargo de los CENDIS (Centros de Desarrollo Infantil) Michoacán. Cabe recordar que Casa de Gobierno fue epicentro de protestas hace meses por quejas de pagos retenidos y sueldos adeudados a casi 400 trabajadores.

En el presupuesto para la UMSNH ya estarían incluidos los recursos para concluir el nuevo edificio del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales por hasta 8 millones de pesos.