Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Nuevamente rehúyen legisladores al debate en torno al aborto en el estado de Michoacán. A favor o en contra, los diputados locales se mantienen en la postura de no entrar al debate del que dependen los derechos y la vida de millones de mujeres de esta entidad y que basta con homologar el criterio de la Corte en torno a su despenalización. Ya suman casi 2 décadas de la última actualización del código penal del estado de Michoacán en torno al aborto, el cual se mantiene como un delito menor desde principios de este siglo. A pesar de ser un tema de máximo interés para prácticamente todas las mujeres y con la mayoría a favor de esta lucha por sus derechos reproductivos, diversas legislaturas simplemente continuando “pateando el bote”, argumentando incluso irregularidades en la inclusión del debate para poder posponerlo. A 13 meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel país, Michoacán se mantiene como uno de los estados más conservadores y en donde el tema ni siquiera es abordado por los legisladores locales. A la dilación anterior se suman las posturas divergentes entre Ejecutivo estatal y los legisladores quienes no han logrado ni siquiera llevar más allá de las comisiones el polémico tema. Esta mitad de semana, la tensión volvió a escalar en la ciudad de Morelia. Luego de que el Gobierno de Michoacán envío un punto de iniciativa al congreso de Michoacán, grupos provida y de feministas se encontraron en las puertas del Palacio Legislativo del Congreso de Michoacán. Mientras las mujeres activistas casi se enfrentaron a golpes por la divergencia de posturas, al interior del Congreso los diputados optaron por eliminar de la orden del día la discusión de la iniciativa. A pesar de la urgencia de avanzar el tema y la determinación de la SCJN, el aborto quedó excluido de la agenda de la sesión extraordinaria. Grupos provida y colectivos de feministas coincidieron en al menos un punto: la falta de atención de los legisladores en atender el fenómeno que año con año cobra la vida de cientos de mujeres a nivel nacional. Foto, Samuel Herrera Jr. Fustigan al Congreso Al respecto, organizaciones civiles se pronunciaron respecto a la falta de resultados y de una voluntad política real, en la que siguen predominando tabúes, valores conservadores y visiones religiosas sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. El colectivo Humanas Sin Violencia señaló las consecuencias de que los legisladores no quieran asumir costos políticos por legislar sobre los derechos de las mujeres. “No es costo político, no es la presión moral, no es el discurso trillado de la defensa de la vida, desafortunadamente es la impunidad y el desacato al Estado de derecho, del respeto a un orden social incluyente e inclusiva; es la resistencia a una transformación social y política de fondo, es La la desobediencia de una orden de la Suprema Corte de Justicia, es el machismo, la misoginia y el odio hacia las mujeres, es el condicionamiento para el intercambio de prebendas por derechos humanos de las mujeres, es la mediocridad no el miedo, es el control sobre el cuerpo de las mujeres, es la resistencia a que las mujeres seamos libres; no entienden que un derecho humano no se impone, se ejerce”, manifestó. Luego de que los legisladores dilataron el debate sobre el aborto, los grupos de feministas retuvieron a los diputados dentro del Palacio Legislativo. Durante más de 2 horas, los grupos de manifestantes bloquearon todos los accesos del inmueble ubicado en el Centro Histórico de Morelia. Fue hasta que se vieron imposibilitados a salir del recinto, que los legisladores aceptaron recibir una comisión de manifestantes a cambio de que se les permitiera retirarse del edificio. Foto, Samuel Herrera Jr. Inconstitucional, ir contra aborto Fue en septiembre del 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció como inconstitucional cualquier sanción penal a una mujer mexicana por la interrupción del embarazo. El argumento de la Corte destacó las condiciones de pobreza, falta de información y violación de múltiples derechos en la acción legal. Especialistas advirtieron que desde hace más de 20 años no se ha modificado el concepto de aborto en el Código Penal de Michoacán, por lo que la determinación del tribunal sienta precedente y órdenes al resto de los poderes del Estado mexicano. Al elevar al rango de “inconstitucional” cualquier proceso legal en contra de una mujer por la interrupción del embarazo, supone una salida para la mujer o persona gestante en términos legales aun cuando la legislación local no se haya actualizado. El principio de progresividad marca que todos los jueces del país tendrán que partir del mismo criterio, lo anterior sumado a que las instituciones de salud tendrán que acercar todo lo necesario para garantizar la interrupción del embarazo de las mujeres que así lo decidan. A pesar de las necesidades en término de legislación, el debate en el Congreso de Michoacán no se ha apegado a la determinación de la Suprema Corte y las únicas propuestas que tuvieron alcance refieren a la realización de encuestas para consultar su sentir sobre este derecho de las mujeres.