Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia. El estado de Michoacán se encuentra empantanado en la corrupción, acusan especialistas. A pesar de los discursos, estrategias y creación de organismos fiscalizadores de los últimos años, la tendencia y la percepción del estado no ha cambiado. En voz de Elizabeth Vázquez Bernal, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, los estudios recientemente publicados por organismos internacionales colocan al estado entre los tres que no han presentado avances en el último año. Aunado a Michoacán, los estados que se mantienen estancados en materia de combate a la corrupción son Baja California y Tamaulipas. La calificación promedio de Michoacán en cuanto a temas de corrupción se encuentra en .42, de lo que establece la organización mundial World Justice Project. “Este año se presentó el índice del Estado de Derecho. Michoacán se encuentra en las entidades en las que nos encontramos estancadas. El Poder Judicial destacaba a nivel nacional con respecto al servicio profesional de carrera, de juicios en línea, pero este año nos ponen estancados absolutamente a todo el estado de Michoacán”, manifestó la presidenta del CPC. Otros aspectos que también se mantienen estancados refieren a los derechos humanos, derecho a la vida y consideraciones que colocan a Michoacán como estancado. En voz de Elizabeth Vázquez, el problema de la corrupción en Michoacán va más allá de simples causas presupuestales. El perfil, preparación y vocación de los funcionarios públicos tendría que revisarse tanto en el estado como en el país de manera urgente. Creo que va más allá de los temas presupuestales. Tienen que ver con la vocación y que los hechos de corrupción que no son visibilizados se encuentran dentro de los municipios michoacanos. Ahí observamos la mayor parte de los problemas”, precisó. La impunidad en actos de corrupción alcanza hasta un 80 por ciento en el estado de Michoacán a pesar de la creación de organismos de combate a las malas prácticas gubernamentales. En este sentido, se destacó que la falta de confianza, la ausencia de denuncias y otros fenómenos, siguen incidiendo en el fenómeno que año con año cuesta miles de millones de pesos a los mexicanos. Con base al panorama anterior, urgen mecanismos para modificar el Código Penal de Michoacán y establecer criterios en el que el ciudadano aporte denuncias y sean las fiscalías, auditorías y contralorías las que tengan que poner sobre la mesa los datos de prueba. Actualmente el criterio “el que acusa aporta pruebas” ha reducido las intenciones de los testigos de actos de corrupción. Vázquez Bernal insistió en que la cooperación de los ciudadanos y el perfeccionamiento de las instituciones fiscalizadoras de corrupción tendrán que ser la prioridad para los organismos ciudadanos en próximos años. Recientemente trascendió que uno de los principales triunfos, radica en que las denuncias por actos de corrupción incrementaron en un 20 por ciento en el último año. En total, se abrieron más de 230 carpetas de investigación en contra de funcionarios de los dos niveles de gobierno y poderes del estado.
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