Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La dilación en la integración de la defensa y otros argumentos retrasaron la formulación de imputación en contra de los 164 detenidos integrante de Pueblos Unidos, quienes fueron detenidos el fin de semana pasado acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y bloqueo a las vías federales. En incertidumbre se mantiene la situación legal de los autonombrados comuneros, quienes fueron trasladados al penal David Franco Rodríguez en el municipio de Charo. Vale la pena mencionar que tres jóvenes menores de edad ya fueron vinculados formalmente a proceso y el Gobierno del Estado ha anticipado que se siga el mismo camino con el resto de los detenidos. Luego de 5 días de procesos de investigación y una audiencia de más de 20 horas, los defensores recurrieron al recurso de duplicidad de término, por lo que será hasta el domingo 22 de agosto cuando se resuelva la situación legal de los implicados. Mientras tanto, otros criterios como la cadena de custodia ya fueron avalados por la juez de distrito, quien calificó como legal la detención de los comuneros en el operativo policial llevado a cabo el pasado sábado por la tarde en la población de Tiamba, municipio de Uruapan y otros 6 puntos de la autopista Siglo XXI. Los trasladan a penal Tras de la audiencia, los 164 detenidos fueron trasladados en autobuses rotulados de la Guardia Nacional en un fuerte operativo de seguridad que incluyó desde elementos de Seguridad Pública del estado, hasta la presencia de las fuerzas armadas. Los familiares de los detenidos advirtieron la presunta falta de información certera sobre los delitos que se les buscan imputar. Señalaron que lo que saben del estatus legal de sus familiares detenidos lo han leído o escuchado a través de los medios locales de comunicación que han dado cobertura a los hechos. A la salida de la sede del Poder Judicial de la Federación en Morelia, los familiares entre llanto y gritos de súplica, pidieron la liberación de quienes son padres, hijos, hermanos, esposos y amigos; una vez más, no fueron escuchados y están a la espera de ser acusados formalmente después de que armados con fusiles de alto calibre bloquearon vialidades secuestrando unidades particulares. El grupo Pueblos Unidos, si bien se define como una especie de autodefensa, ha sido, además, asociado con actividades delictivas en la entidad. “No son delincuentes”, “agarren a los verdadero delincuentes” y otras consignas gritaron los comuneros ante el paso del convoy que a paso forzado partió apresurado en un fuerte esquema de escolta y resguardo. A pesar de la obra abandonada y el intenso tráfico del medio día, el convoy de los detenidos no tardó más de 15 minutos en trasladarse hasta el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez en el municipio de Charo. Detrás de los uniformados, medios locales de comunicación y familiares llegaron para atestiguar el que podría ser el ingreso simultáneo más grande de la historia reciente del centro penitenciario más densamente poblado de la entidad. Al igual que en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la sede del Poder Judicial de la Federación, el Mil Cumbres estuvo sujeto a un fuerte operativo que incluyó a los elementos de las fuerzas armadas y estatales. Los familiares no se dejaron amedrentar por la distancia ni las barreras de los elementos de Seguridad Pública del estado. De nueva cuenta exigieron la liberación inmediata tras señalar que “todos son inocentes”, si bien la autoridad los detuvo en flagrancia. El Informe de la Fiscalía General de la República revela que los datos de prueba obtenidos durante las primeras pesquisas permitieron vincular al uso de armas de uso exclusivo del Ejército y la Ley Federal de Armas y Explosivos. Entre los 167 detenidos por los bloqueos en Tiamba y la autopista Siglo XXI, se destacaron tres menores de entre los 15 y los 17 años de edad, quienes ya fueron vinculados a proceso. El resto de detenidos se trata de mayores de edad, que oscilan entre los 18 y los 50 años.