Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Por presunto cobro de “moches” para conservar el puesto de trabajo al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dos diputados locales fueron señalados por parte del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán. Al menos dos denuncias fueron presentadas por parte de trabajadores que aseguran que les piden hasta la mitad de su salario por haber sido recomendados. El exhorto a revisión del CPC fue presentado ante la controlaría interna del Congreso de Michoacán toda vez que habría más casos de cobros de cuotas a los trabajadores del Legislativo estatal. El documento difundido a la opinión pública reza: “Se hace alusión a posibles hechos de corrupción cometidos por la diputada por el Distrito de Uruapan Norte, Mayela del Carmen Salas Sáenz, así como al diputado por el Distrito V con cabecera en el municipio de Paracho, Osiel Equihua Equihua, quienes, de acuerdo con lo declarado en la nota periodística por las personas afectadas, les han solicitado la mitad de su salario a cambio de haberles ‘recomendado’ para ingresar a laborar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Michoacán”. Durante la presentación del documento, la presienta del CPC, Elvia Higuera Pérez, denunció la situación que se vive en la CEDH, y aseguró que hay indicios de que no es la única área en la que se incurre en estas prácticas. Acompañada de colectivos y organizaciones de la sociedad civil se denunció incluso la falta de denuncias por parte de los 40 legisladores que integran el Congreso. Refirió que resulta paradójico que en la dependencia y organismo descentralizado encargado de garantizar los derechos de los michoacanos, se estén generando casos en donde se aprecia que viola flagrantemente el derecho al salario y al trabajo de al menos 2 personas que se atrevieron a denunciar ante la opinión pública. “Dos personas denuncian que dos diputados de alguna forma consiguieron un empleo pero una vez que ingresaron les empezaron a pedir un porcentaje de su salario como pago o compensación por el empleo. Nos parece que es muy denostable, sigue siendo lamentablemente una recurrente. No es un caso aislado, ya anteriormente hemos tenido información de otros casos de gente que colabora al interior del Congreso con algunos diputados y hacían mención que una vez que eran ingresados les empezaban a descontar o les pedían porcentajes”, manifestó. En este contexto, Circe López Riofrío, directora del colectivo Humanas Sin Violencia, evidenció el silencio de los legisladores estatales. En los últimos años no se han presentado denuncias o señalamientos por estos actos que, aseguran, no son nuevos. “Es lamentable, no sólo el asunto de cobrar y de condicionar o coaccionar a las personas para tener un empleo. Es un asunto de violencia institucional y es un asunto no sólo lamentable, sino desvergonzado. Y resulta terrible pensar que el Congreso tiene legisladores y legisladoras que no hacen pronunciamientos, ni uno solo en estas prácticas, y nos habla de colusión y acuerdos internos que nos parecen terribles”, manifestó en rueda de prensa. Señalaron que en estos posibles actos se debe investigar por parte de la Auditoría Superior de Michoacán, la contraloría interna y en caso de ser necesario otros organismos para sancionar a quienes han caído en estas conductas. Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los legisladores señalados ha generado alguna reacción pública por las denuncias presentadas. Luego los señalamientos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer un comunicado en donde exigió que se realicen las investigaciones que sean necesarias para deslindar responsabilidades en el caso de los presuntos actos en agravio a empleados del organismo. El encargado del despacho del organismo, Uble Mejía Mora, informó que desde que se tuvo conocimiento de esta situación por publicaciones en portales de noticias, se dio vista al Órgano de Control Interno para que realizara la investigación respectiva. En ese sentido pidió que se deslinden responsabilidades, y en caso de que algún servidor público esté involucrado en actos de esa naturaleza, se le apliquen las medidas administrativas conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Asimismo, Mejía Mora dio a conocer que el organismo contribuirá en todo lo necesario para el desahogo de las investigaciones y para que los responsables de actos de corrupción sean sancionados. Herramientas 2 diputado señalados 2 trabajadores de la CEDH Hasta el 50 por ciento sueldos en moche 9 meses de retraso en el nombramiento de ombudsman “forma consiguieron un empleo pero una vez que ingresaron les empezaron a pedir un porcentaje de su salario como pago o compensación por el empleo”, Elvia Higuera. CPC. “ nos habla de colusión y acuerdos internos que nos parecen terribles”, Circe López. Activista.
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