Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- Gobierno de Michoacán heredó decenas de recomendaciones y quejas por atender en materia de violaciones a los derechos humanos tanto en términos de competencia estatal como federal. En total, se cuentan con 8 recomendaciones pendientes por atender o en proceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En este nivel, destacan los casos del operativo en Arantepakua de abril del 2017 y la atención al albergue de "Mamá Rosa" en Zamora. Asimismo, en el ámbito estatal, son 60 las recomendaciones y quejas que atiende actualmente el gobierno del estado como parte de las políticas de la nueva administración. En entrevista para La Voz de Michoacán, la doctora Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán reconoció la ardua carga heredada delos últimos gobiernos. En el caso de las quejas y recomendaciones por parte de la CEDH se destacaron asuntos de competencia de la Secretaría de Salud en cuanto a abasto de medicamentos, atención y otros aspectos; en la Secretaría de Seguridad Pública por abuso de autoridad y agresiones y en el tercer lugar, la Secretaría de Educación Estatal. "Son aproximadamente en el tema estatal entre 40 y 60 que estamos revisando, que no son coincidentes y las estamos trabajando para dar seguimiento y en la medida de lo posible generar un mecanismo de reparación del daño. Es una línea que queremos trabajar. Desde la Comisión traemos entre 40 y 60 que estamos trabajando y estamos también con las nacionales", explicó. Entre las recomendaciones más relevantes por atender destacó la que refiere al albergue de Mamá Rosa en el municipio de Zamora, situación que incluso se viralizó hace casi una década a nivel nacional. Arantepakua, caso más álgido Otro de los puntos que sigue pendiente desde hace más de 14meses, refiere al caso de Arantepakua, en dónde al menos tres comuneros fueron asesinados a balazos durante una intervención de la Policía Michoacán en el año 2017. La postura del gobierno entorno al polémico caso será el cumplimiento de cada una de las recomendaciones que vienen plasmadas en el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Desde finales del 2020, la CNDH señaló las violaciones a las garantías individuales de las víctimas y de la población en el operativo dirigido por la administración de Silvano Aureoles Conejo. A pesar de la resolución del órgano nacional, el ejecutivo estatal desestimó las recomendaciones hasta el último día de su administración. En voz de Higuera Pérez, el compromiso en este caso será el de pedir perdón como gobierno a la comunidad indígena y establecer criterios de reparación de daños que se apeguen a la necesidad es de la comunidad siempre en consenso con las víctimas indirectas y las autoridades comunales. "Estamos trabajando mesas de diálogo porque lao puntos son muy diversos y tenemos que hacer cronogramas porque viene el tema de reparación de daños, disculpa pública, los planteamientos de la comunidad de cómo se debe de dar la reparación. No se las podemos imponer, tiene que ser a partir de la necesidad de la comunidad". A pesar de que en diciembre del 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones por los hechos al gobierno del estado, el ejecutivo estatal y los funcionarios implicados en las acciones del 5 de abril en Arantepacua, de la gestión de Silvano Aureoles Conejo no respondieron e incluso negaron que existieran pruebas con-tundentes de violaciones a lo derechos humanos. El argumento del entonces Secretario de gobierno precisó que debido a la naturaleza del conflicto la comunidad no permitió la entrada de las autoridades de procuración de justicia para el levantamiento de evidencias que permitieran establecer responsabilidades. Cuestionado sobre la situación a inicios de este 2021, el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís aclaró que, si bien aceptarán las recomendaciones de los organismos defensores de los derechos humanos, lo anterior no quiere decir que acepten la responsabilidad de los hechos. En su caso, el ahora fiscal fungió como secretario de Gobierno en el año 2017. Fue el pasado 6 de abril del2017, que murieron por arma de José Carlos Jiménez Crisóstomo, estudiante de enfermería de 25años; Luis Gustavo Fernández Cuenete, de menos de 16 años; y Francisco Jiménez Alejandre, de 70años, murieron víctimas de disparo de arma de fuego; la comunidad acusó a los uniformados del Gobierno del estado de haber disparado en contra de la población indefensa. En ese contexto, las fotografías que logró documentar La Voz de Michoacán, dejaron ver el dolor de las familias y de los comuneros por las vidas que arrebataron las balas. Durante el encontronazo, resultaron lesionados siete elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, todos por heridas de arma de fuego y tres de ellos con lesiones que comprometen órganos vitales; semanas más tarde uno de los elementos falleció por las heridas.
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