Juan Bustos / La Voz de Michoacán La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) señala que no se pagarán los más de 250 millones de pesos que representa el gasto en los programas alternativos y eventuales que presentan las expresiones sindicales como las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), expuso Yarabi Avila González, ante diputados ayer. La funcionaria estatal acudió al Congreso a un encuentro con los diputados que no fue una comparecencia, de acuerdo a diputado Marco Polo Aguirre, ya que solo era una invitación para dialogar con los integrantes de la Comisiones Unidas de Programación Presupuesto y Cuenta Pública. En la presentación, la funcionaria detalló que el gobierno del estado garantiza el pago de salarios a maestros con la federalización en los hechos a través del U-80, sin embargo, precisó que no se contempla acceder a la exigencia de pagos de eventuales o programas alternativos. En entrevista con medios de comunicación, dijo que el gobierno del estado no cuenta recursos para estas solicitudes de determinados grupos. Subrayó que no van ceder a manifestaciones que no vayan conforme a normativa, asimismo se requiere un techo presupuestal que no se tienen para cubrir este tipo de temas, y apuntó que la erogación este tipo de gastos supera muchos presupuestos de dependencias como SEIMujer o Secretaría de Cultura. Ávila González puntualizó que el presupuesto 2022 será suficiente gracias al apoyo federal y con las medidas de austeridad y apego a la ley; reiteró que no se entregarán plazas automáticas a estudiantes normalistas. “El dinero se usará únicamente para lo que está autorizado, queremos hacer las cosas bien”, expresó la secretaría de Educación. De igual forma, precisó que se han pagado pendientes con el magisterio, por lo que no hay razones para que los maestros no regresen a las clases y que ejerzan su labor para la que se prepararon. Al desglosar las problemáticas, señaló que son 75 millones de pesos lo que se pretende se gasten en este tipo de personal que “no son trabajadores de la educación”, es personal que cubre horas docentes, principalmente de secundaria, personal de apoyo que son vigilantes, intendencias y también cubre a representantes sindicales. Expuso que estas personas no son contratadas por la secretaría, sino que llegan a los centros de trabajo por invitación de directores y representantes sindicales con la promesa de pago. Agregó que son 109 millones de pesos para los programas alternativos como el Alfabetizador Popular, Centros para el Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte (CDCCAD) y las escuelas integrales. Asimismo, son 73 millones de pesos de homologados no transferidos que, producto de una minuta, se pide que se paguen bonos que no están establecidos. Durante la comparecencia, detalló los hallazgos que se tienen en la nueva administración, como son el pago de compensaciones a personal que trabaja menos de 5 horas, personas que estaban en laborando en centros educativos privados e inactivos, pero que cobraban. Ávila González indicó que se encontraron incompatibilidades en doble jornada laboral de hasta 50 horas a la semana, incompatibilidad con 42 horas semanales e incompatibilidad referente a no colindancia de municipios donde se ubican los centros de trabajo. Agregó que también hay hallazgos de personal con plazas docentes, pero desarrollando trabajo administrativo; también se detectaron dos plazas de director en solo centro de trabajo, incluso tener una plaza de supervisión y laborar en oficinas centrales. Los diputados en sus intervenciones agradecieron a la funcionaria la presencia y que esperaban en un lapso de seis meses o un año pudiera presentar avances para resolver las anomalías identificadas.
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