Deudas, boquete financiero, inseguridad… lo que Ramírez Bedolla reconoce que recibirá el 1 de octubre

Juan Carlos Huante, Javier Favela, Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Este 1 de octubre, Alfredo Ramírez Bedolla tomará posesión del cargo como gobernador de Michoacán para el periodo 2021-2027, y las condiciones en que recibe la estafeta no son las más favorables.

La toma de protesta al morenista se dará en un contexto complicado, con adeudos al magisterio, que lleva dos meses sin cobrar su sueldo; un boquete en las finanzas de la entidad y un clima en el que la violencia simplemente no disminuye.

En el tema de las finanzas, el morenista ha dicho en reiteradas ocasiones que las finanzas del estado tienen un boquete de 50 mil millones de pesos: de deuda pública son 21 mil millones de pesos, además se tiene un déficit de 13 mil millones de pesos, que incluye los 3 mil 800 millones de pesos que se deben al magisterio. En el tema de los proveedores y deudores terceros institucionales tampoco es halagüeña la situación, ya que hay 4 mil 800 millones de pesos que se deben al ISSSTE, mil 580 millones de pesos al IMSS y 500 millones de pesos a Pensiones Civiles del Estado, entre otros rubros. Por otro lado, la deuda bancarizada asciende a 22 mil millones de pesos.

En el tema magisterial, el mandatario electo afirmó que la federalización de la nómina no se ha concretado por “manejos irregulares de la actual administración”. Y aseguró que el gobierno estatal ha recibido 346 millones de pesos, con los que pudiera pagar ya dos quincenas del magisterio, “pero no lo ha hecho”.

Cabe referir que el pasado 13 de septiembre, Ramírez Bedolla divulgó una videograbación en la que informó de una gestión de 3 mil 822 millones de pesos trabajada desde el pasado 21 de julio, que serían depositados pronto, y ahí aseguró que la Federación iba a absorber por completo el pago de nómina desde agosto hasta diciembre, pero eso sucederá hasta diciembre; es decir, tres años después de que Silvano Aureoles se lo exigió a Andrés Manuel López Obrador.

Ante ese panorama, Alfredo Ramírez fustigó que el gobierno de Silvano Aureoles defraudó a los michoacanos. “Están defraudados, agraviados como pueblo”, dijo. Por ello, ya advirtió que se investigará si hubo enriquecimiento ilícito en aquellos funcionarios de la administración saliente que se hicieron empresarios millonarios, dueños de ranchos, de huertas y aguacateros.

“Por supuesto que vamos a investigar, debe investigarse si hay enriquecimiento ilícito en estos casos, eso es lo que nos pide el pueblo de Michoacán. No va a haber, de ninguna manera, negociación, perdón y olvido; no debe haber impunidad, y quienes abusaron de la confianza de los michoacanos tendrán que enfrentar las consecuencias y enfrentar su responsabilidad”, sentenció.

Alto al dispendio

Para cuidar las finanzas del estado, Ramírez Bedolla destacó que los funcionarios de la administración que él encabezará deberán apegarse a un decálogo de honestidad y eficacia; por eso, mediante la publicación de un decreto, se eliminará el gasto superfluo y se garantizará que los recursos sean usados en favor del pueblo de Michoacán.

“Tenemos que poner un alto al derroche, a la corrupción, al abuso de los recursos públicos, y para ello es necesario que trabajemos con honestidad y sin corrupción”, señaló.

Para lograrlo, el morenista dio a conocer varios ejes que implican fusión de dependencias, reducción de personal y máxima economía. Por ejemplo, a fin de  optimizar, compactar y dar eficiencia al aparato de gobierno, se integrarán a la Oficina del Gobernador la hasta ahora empoderada Coordinación de Comunicación Social y la Consejería Jurídica.

Y es que, en 2015, cuando asumió Silvano Aureoles la gubernatura, el gasto de la Oficina del Gobernador era de 31 millones de pesos, y en 2020 ascendió a 85 millones de pesos, lo que significó un aumento del 166 por ciento.

Para reducir la nómina, se plantea que desaparezca la figura de asesor en todas las dependencias de gobierno y las 15 jefaturas regionales; no habrá personal asignado a relaciones públicas o diseño de imagen personal ni se contratarán eventuales para atención personal de funcionarios. Tampoco habrá contrataciones con pago por honorarios, más que en las áreas indispensables, como salud y educación.

Además, el Ceconexpo de Morelia gestionará los salones de Casa de Gobierno, las instalaciones del Recinto Ferial, Inmuebles de la Compañía Inmobiliaria (hotel del Centro de Convenciones) y de Fomento Turístico de Michoacán (centros recreativos en Los Azufres y en Ixtlán).

En cuanto al transporte, Ramírez Bedolla anunció que se acabó el uso personal de helicópteros o aeronaves y no se permitirá la adquisición ni renta de vehículos de lujo para uso de los funcionarios públicos.

Como antecedente, en 2015 se gastaban en combustibles, aditivos y lubricantes de vehículos aéreos, terrestres y marítimos al servicio de funcionarios 3 millones 495 mil pesos en vehículos, mientras que en 2021 el gasto fue de 105 millones de pesos.

Asimismo, se pone fin a escoltas para “amigas o amigos” del gobernador, como las 13 personas asignadas para proteger al senador Antonio García Conejo y las 10 que cuidan a Juan Bernardo Corona, además de mencionar las 160 que tienen a su cargo la seguridad de Aureoles Conejo.

En cuanto al eje de economía en adquisición de bienes, implica máxima economía, eficiencia y funcionalidad en adquisición y arrendamiento de bienes; licitaciones públicas y transparentes; no habrá remodelación de oficinas ni compra de mobiliario de lujo. Y no más gastos millonarios en promoción personal de funcionarios y sí habrá comunicación para informar y con sentido social.

No más bosques por aguacate

En el tema del impacto ambiental causado por la proliferación de huertas de aguacate, Ramírez Bedolla plantea reglamentar la producción para mitigar el gran impacto que genera. Sin embargo, reconoció que las autoridades “no pueden pelearse” con el principal sector productivo del estado.

El gobernador electo deploró la actual expansión descontrolada, y ejemplificó que ya están llegando huertas a Morelia, sin ser zona aguacatera, mediante el cambio de uso de suelo en forma ilegal.

El aguacate es el principal producto de exportación y es la primera cadena productiva generadora de empleos, con fuerte presencia en 32 municipios. Esa industria genera 40 mil empleos directos y más de 100 mil empleos indirectos, según las cifras que expuso Ramírez. Hay casi 20 mil micros y pequeños productores con huerta.

Para paliar la situación, Ramírez propuso darle una denominación de origen al aguacate michoacano para mantener la calidad, respetando la altitud de siembra y las zonas de producción tales como Uruapan o Tancítaro, “viendo cómo hacerlo armonioso con el medio ambiente”.

Violencia y desplazados

El tema de la seguridad es particularmente sensible en el estado debido a la escalada de violencia que han causado las pugnas entre grupos delictivos que se disputan el control del estado.

El gobernador electo reconoció que el fenómeno ha venido mutando en los últimos 30 años. Recordó que en la década de los 90, el principal tema generador de inseguridad era la marihuana (la siembra, la cosecha y el traslado). “Hoy la situación criminológica es otra, con las metanfetaminas y el cobro de piso”. Planteó enfrentar la inseguridad en coordinación con la Federación y con participación ciudadana, creando también una Unidad de Inteligencia Financiera en Michoacán. Y reprochó la ausencia de nuevas obras de infraestructura carretera en la zona de Aguililla, Coalcomán y Tepalcatepec desde hace 30 años.

Además de las víctimas de homicidios y la incidencia en otros delitos, hay cerca de 80 mil personas que han sido desplazadas por la violencia durante los últimos tres años en la región de Tierra Caliente.

Así, los homicidios dolosos tuvieron un aumento demasiado sensible, si se compara 2016 (mil 450 víctimas) con 2020, en el que se documentaron 2 mil 433 asesinatos: 983 víctimas más. En la administración del perredista fueron en aumento los asesinatos dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el tema de los desplazados por la violencia en Tierra Caliente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha informado que Tepalcatepec, Aguililla, Coalcomán, El Aguaje y El Naranjo son regiones que se están incendiando desde hace tiempo y las autoridades no han brindado soluciones.

Por ello, se ha solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervenir con una facultad de investigación por violación grave a derechos humanos, conformar una Comisión de la Verdad integrada por la sociedad civil y autoridades de todos los órganos de gobierno a fin de indagar qué está ocurriendo.

Otro punto a saber, señala Marco Antonio Tinoco, titular de la Comisión, es por qué las autoridades no han intervenido, ya que se trata de delitos derivados de la delincuencia, como ataques a las vías de comunicación, que son de índole federal.

Es así que la CEDH y la sociedad civil señalaron que en Tierra Caliente hay miles de niños huérfanos de entre uno y cinco años que no tienen algún familiar cercano, aunque actualmente no se cuenta con cifras oficiales.

Comentó que los menores permanecen en su lugar de origen y en la mayoría de los casos sus padres tuvieron que huir por la violencia, “no tienen quién les dé un taco, estos chicos no son visibilizados en los datos oficiales al igual que los discapacitados”.

De esta manera Silvano Aureoles Conejo deja un estado sumido en la violencia, pues sólo en julio, agosto y hasta el 10 de septiembre habían sido ultimadas al menos 543 personas.

Desde su arribo como gobernador, en octubre de 2015, el promedio de homicidios en la entidad era de mil por año, pero en 2020 la cifra alcanzó los dos mil 433 asesinatos, y en lo que va de este 2021 suman mil 553. Cabe señalar que el mayor número de homicidios se han registrado en los municipios de Morelia, Zamora-Jacona y en Uruapan.

También el número de mujeres asesinadas aumentó, el año anterior fueron 243, y en lo que va de 2021 suman 173. Por razones distintas las personas de sexo femenino cada vez se involucran más con la delincuencia organizada, a decir de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por ello, la morenista Selene Vázquez Alatorre manifestó que el gobernador perredista se ha dedicado más a “un asunto personalísimo de un litigio que él decidió tomar para justificar su latrocinio”. Dijo que desde hace meses el mandatario estatal no hace siquiera el intento por resolver tanto los problemas de su administración como el adeudo a trabajadores del gobierno estatal, maestros de todos los niveles, además de deudas con proveedores, y menos lo que representa la lucha contra la delincuencia.