Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Al alertar que la deforestación está llegando a niveles alarmantes en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla propuso endurecer los delitos penales contra el medio ambiente para imponer hasta 12 años de prisión a los talamontes, a los "seres desalmados" que provocan incendios forestales para instalar huertas, así como a los técnicos forestales que avalan el derribo de árboles y destrucción de vegetación, a sabiendas de su ilicitud. En paquete de reformas turnado al Congreso del Estado, el Ejecutivo planteó adoptar las nuevas tecnologías para dar el combate frontal contra la deforestación y el daño ambiental. La fotografía satelital, la teledetección remota y la geolocalización permiten monitorear territorios inaccesibles, en tiempo real y a escalas imperceptibles para el ojo humano. Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en escudos de protección para los ambientalistas, pues los ciudadanos podrán hacer denuncias de delitos sin tener que enfrentarse a los criminales. Hasta ahora, los ecologistas que se atreven a denunciar delitos forestales sufren violencia, represión y amenazas de grupos delictivos, exponen la vida y la integridad. El gobernador propuso además instaurar auditorías ambientales a industrias, agroindustrias y fincas comerciales. La multa impuesta irá creciendo por cada día que el infractor no detenga las irregularidades. "Es el momento de marcar un alto definitivo" a los delincuentes ambientales, con aseguramiento automático de bienes a dueños y propietarios de predios que en el plazo de 3 meses no atiendan las notificaciones de la autoridad competente. Michoacán tiene 15 mil 619 especies de organismos, de los cuales, al menos 301 son endémicas. La iniciativa de Ramírez Bedolla busca poner las bases para el control de las emergencias ambientales y para la protección de la diversidad biológica de la entidad. México tiene más de 100 zonas críticas forestales por ilícitos identificados en 20 estados (incluyendo Michoacán) como tala clandestina, sobreexplotación de bosques, cambio de uso de suelo, incendios forestales provocados y programas de manejo incumplidos, según datos oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la iniciativa firmada en forma conjunta con los secretario de Gobierno y de Medio Ambiente, Elías Ibarra y Alejandro Méndez, el Ejecutivo reconoció que no se han conseguido los éxitos esperados, que hay más infractores que sanciones, en detrimento de la masa forestal, a pesar de los filtros de revisión, recorridos de vigilancia, inspecciones a centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, clausuras de predios y aserraderos, así como aseguramiento de madera, vehículos, de equipos y de herramientas. El mandatario michoacano insistió en endurecer el Código Penal del Estado, en lo referente a delitos contra el ambiente y la fauna. Actualmente tales conductas ameritan penas de 6 meses de prisión como mínimo y 9 años como máximo, lo que es muy parecido a las sanciones establecidas en el Código Federal, que van de 1 a 9 años de cárcel para delitos similares. Los delitos ambientales abarcan la contaminación del aire y del agua, la deforestación ilegal, el tráfico de especies protegidas, la pesca ilegal, la caza furtiva, la explotación minera no autorizada y muchas otras formas de degradación ambiental. En la exposición de motivos, Ramírez Bedolla advirtió que la destrucción de ecosistemas contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza en las comunidades. Sin embargo, aclaró que no se opone al cambio de uso de suelo cuando esté técnicamente justificado. Remarcó que el furtivo cambio con fines de lucro para usar los suelos deforestados como nuevas huertas provoca daños irreversibles al ecosistema. “El cambio de uso de suelo conlleva a la pérdida de hábitats, la extinción de especies y la desestabilización de la supervivencia humana”, manifestó el gobernador, al pronunciarse a favor de implantar una política criminal que endurezca los delitos ambientales. Consideró que la disuasión y la prevención desalientan a los propietarios, poseedores o responsables del manejo de un predio forestal de participar en delitos contra la naturaleza. Aclaró que los delitos ambientales no son simples infracciones menores, sino acciones que tienen un impacto devastador en los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana. De ahí que también propuso exigir a los infractores la reparación del daño, así como una compensación ambiental, de manera equitativa y proporcional a los daños ambientales causados por un proyecto, obra o actividad. El dinero financiaría proyectos de conservación o restauración ambiental. El Congreso del Estado tiene en sus manos la adecuación de la legislación para implementar nuevas tecnologías como los Sistema de Información Geográfica (SIG), que son softwares específicos para crear consultas interactivas, integrar y analizar información, conectando mapas con bases de datos, lo que permitiría identificar y monitorear los impactos ambientales, detectando cambios en periodos cortos de tiempo en la masa forestal, deforestación y destrucción de ecosistemas. Las nuevas tecnologías ayudan a rastrear los cambios ambientales a escalas imperceptibles para el ojo humano. Desde satélites de observación terrestre hasta sensores ambientales de alta precisión, estas tecnologías permiten recopilar datos detallados sobre la deforestación, la contaminación del aire y del agua y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, las tecnologías permiten hacer una detección temprana de daños en los bosques, como incendios forestales, enfermedades, plagas, tala ilegal o eventos climáticos extremos, monitoreando los cambios ambientales a largo plazo, viendo las tendencias de degradación o recuperación forestal.
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