Mejora Regulatoria, “fantasía” gubernamental con magro impacto: trámites aún son caros y lentos

Presentan avances en Mejora Regulatoria, aunque gasto y días promedio de resolución siguen prácticamente igual

Maricruz Rios / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La excesiva tramitología en Michoacán para todo tipo de procesos que involucran a una dependencia de gobierno estatal, desde académicos hasta comerciales, continúa siendo pesada y tiene un costo social de más de 2 mil 300 millones de pesos.

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El reporte presentado por Michoacán durante la Semana Nacional de Mejora Regulatoria deja entrever que se dieron pasos hacia adelante en cuanto a la simplificación de trámites, sin embargo, la tramitología apenas adelgazó un 6 por ciento entre las mediciones de 2018 y 2020.

Por ello es importante mantener la ruta y seguir trabajando en el tema, reconoció el director de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán, Sergio García Lara, quien apuntó que “la simplificación de los trámites debe ser una prioridad para todos los gobiernos”, en términos de que ahorran tiempo, dinero y esfuerzo a todas las partes involucradas.

El funcionario michoacano expuso ante representantes de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y colegas de otras entidades, los avances en el tema, en donde dijo, lo más notable es que se aminoraron el número de trámites y se redujo ligeramente el costo social económico.

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Destacó que, de 879 trámites y servicios existentes en 2018, en 2020 se redujeron a 701. En aquel entonces se tenía un promedio de 19 días para la resolución, mientras que 16 dependencias del Gobierno estatal se encontraban por encima del promedio en cuanto a velocidad de atención y respuesta a casos.

Lo más importante, sin embargo, es que el costo social económico de esta excesiva tramitología rebasaba los 2 mil 462 millones de pesos, equivalente a 1.37 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE).

“Nos dimos cuenta que al centro del trámite no estaba el ciudadano y que 19 días para atender un trámite era demasiado”, atajó Sergio García durante su presentación, quien refirió que lo primero fue construir su catálogo estatal de trámites y servicios.

Sin embargo, lo más relevante fue la altísima cifra del costo económico social que este lento proceder significaba, que es el gasto de tiempo, esfuerzo y recursos propios que cada persona tiene que atravesar desde que sale de su casa para presentar una solicitud hasta más de medio de mes después que puede que queda resuelto.

Es decir, el costo social acumulado para los ciudadanos era muy alto, por lo que se planteó la implementación del Programa de Simplificación de Cargas Administrativas (Simplifica), con el objetivo de reducir el costo social económico acelerando primeramente los trámites prioritarios, y con ello ahorrar unos mil 035 millones de pesos en este rubro y el que el costo social económico no sobrepasara los mil 427 millones de pesos en la entidad.

Si bien hubo un avance en cuanto a la cantidad de trámites, el costo social económico apenas bajó a 2 mil 316 millones de pesos, por lo que la tasa de simplificación apenas fue del 5.9 por ciento en dos años.

En este sentido, se informó que cinco dependencias son las más “costosas” en este sentido, ante la extendida burocracia y tramitología que presentan: la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), el CECyTEM, la Secretaría de Gobierno, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Dirección de Pensiones Civiles del estado.

Algunas de las áreas de oportunidad detectadas fueron las credenciales escolares de los diversos subsistemas, la atención a conflictos individuales de trabajo, así como la expedición de licencia de conducir

Sergio García reconoció que sigue también quedando a deber el tema del tiempo de resolución, dado que el diagnóstico más reciente muestra que es de 20 días.
Entre algunas de las recomendaciones para evitar la acumulación de requisitos, el funcionario listó la reducción de servicios externos, compartir información entre dependencias, facilitar opciones de pago, reducir el número de copias solicitadas y hasta evitar todo proceso que implique traslados adicionales del interesado.

En su aportación, Sergio García también mencionó que otro reto es motivar al ciudadano a dar su opinión sobre los trámites, toda vez que esto ayuda a consolidar la ruta a seguir y medir los avances en el tema, especialmente ahora que se busca dar pasos hacia lo digital.