Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Debido a tendencias que calificaron como “tiránicas”, “centralistas” y “autoritarias” por parte de la Federación, gobiernos de 10 estados, entre los que se destaca Michoacán, amagaron con una ruptura del pacto federal. Exigen que se establezca el diálogo en torno a una reforma hacendaria, así como el respeto a la autonomía financiera de las entidades y municipios. En el marco del mensaje emitido de manera simultánea por la decena de mandatarios, el gobernador Silvano Aureoles Conejo aseguró que de no retomar el diálogo, se emprenderán acciones legales contra el gobierno federal, y entre las que se ya se trabajan está de nueva cuenta llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por actos de inconstitucionalidad en cuanto a la desaparición de fondos y la implementación de recortes presupuestales. El gobernador michoacano acusó tendencias hacia la tiranía, tufos de autoritarismo y centralismo acentuados con el paso de los meses, los que se han ido sumando con los recortes presupuestales que desde 2019 se han materializado en la entidad. "Si no hay diálogo recurriremos a las acciones legales, pero si no hay respeto se marcará el inicio del rompimiento del pacto federal por la actitud del gobierno federal. No podemos permitir retrasos en el gobierno y el país. Es momento de olvidarnos de filias y fobias porque el objetivo más importante es defender a Michoacán", exclamó. Asimismo, ante la caída de la economía michoacana por los recortes presupuestales y desaparición de fondos y programas federales, el gobierno estatal llamó a “cerrar filas” por la estabilidad de Michoacán. Aureoles Conejo denunció que desde 2019 los recortes se han manifestado e impactado a las finanzas estatales. Para el próximo año el panorama se ve aún “más complejo” por la desaparición de programas como el Fortaseg, programas para el campo y los ya extintos fondos y fideicomisos federales. La disminución del gasto federalizado para Michoacán el próximo año será de 7 mil millones de pesos, por lo que difícilmente habrá apoyos de alimentación, deporte, cultura y otras actividades de apoyo a los sectores vulnerables. “Es momento de olvidarnos de las filias o de las fobias, porque encima de eso el objetivo más grande es cerrar filas por la República. Desde 2019 se han agudizado los problemas financieros de Michoacán por las decisiones del gobierno central. Los recursos que ha recibido Michoacán han sufrido muchos recortes y van a la baja. Para 2019 fueron 2 mil 700 millones de pesos y para 2020 son 2 mil 400 millones de pesos. Para completar la fórmula, los diputados de Morena y sus aliados acaban de desaparecer 109 fideicomisos que lastiman a la sociedad”, explicó el mandatario Michoacano. Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Colima y Guerrero son los estados que se pronunciaron respecto a los recortes de recursos, cada uno desde su respectiva entidad. Ante empresarios, académicos, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, Aureoles Conejo aclaró que el posicionamiento no busca incidir en un discurso en contra del presidente de la República. Todos los sectores, afectados El evento de Aureoles Conejo fue arropado por académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil, políticos y cámaras de comercio, quienes expusieron ante la opinión pública las implicaciones que tendrán la desaparición y recorte de programas que se constituyeron con el paso de los años. El tema de seguridad se advirtió como uno de los puntos más afectados. De continuar la tendencia de violencia generalizada a nivel estatal, este 2020 cerrará de nueva cuenta como el año más violento en la historia reciente. Al panorama anterior, la desaparición de fondos para el fortalecimiento de corporación policiales sólo incrementará la tendencia de homicidios y delitos. En entrevista para La Voz de Michoacán, Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Social de Michoacán (Fucidim), explicó que ante el panorama de violencia que se vive a nivel estatal, recortar recursos a las áreas de seguridad pública resulta peligroso. “La verdad, es una situación muy preocupante. Lo que hemos insistido en los organismos de la sociedad civil es que no hay una claridad de a dónde se dirige el recurso que ahora extinguen con los fideicomisos. Yo creo que primero era esa parte, justificar y hacer un análisis de los que pudieran tener un manejo, pero creemos que de manera general no se pueden descartar todos por una causa no comprobada como la corrupción. Queda la disyuntiva de esos temas que se atendían con los fondos, ¿cómo serán atendidos?, y puede ser una crisis bastante compleja”, señaló. Ramírez Delgado exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno al desarrollo de estrategias que permitan consolidar corporación que puedan hacer frente a la amenaza de la incidencia delictiva en la entidad. Aunado a la seguridad pública, la impartición de justicia es otro de los aspectos cimbrados en la economía estatal por los recortes presupuestales y la tendencia de la Federación a la reducción de aportaciones a las entidades. En este mismo contexto, el Poder Judicial de Michoacán se asumió sin suficiencia presupuestal para enfrenta muchos de los retos de 2021. Desde la justicia laboral, la consolidación del sistema de justicia oral y la ampliación de la infraestructura de las salas de los tribunales, se encuentran comprometidas por la falta de recursos en la entidad. El presidente magistrado del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez calificó como “grave” la situación financiera a la que se enfrentará la justicia para el próximo año. “Para el Poder Judicial representará una crisis económica que generará perjuicio a la sociedad michoacana en la impartición de justicia. No quiere decir que no estaremos atentos; sin embargo, es indudable que como la justicia no se realiza únicamente con talento humano sino con insumos, la pone en una grave situación", manifestó. Otro de los aspectos que también llamó la atención del sector académico fue el de la contención al riesgo civil al que se enfrentan miles de ciudadanos en la entidad todos los días. Programas como el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) operarán hasta junio de 2021, para posteriormente dejar prácticamente a su suerte y a criterio del gobierno central la implementación de programas de rescate. En entrevista, la presidenta del Consejo Consultivo de Cambio Climático y especialista en gestión de riesgo, Patricia Alarcón, manifestó su preocupación respecto a la desaparición del Fonden y otros mecanismos de protección a la ciudadanía. “Era una figura reconocida en las Naciones Unidas como instrumento ejemplar a los desastres. Ha sido para los mexicanos afectados un vínculo para recuperar sus vidas. El riesgo socialmente construido provoca una ruptura, no sabemos cómo se tendrá nuevamente la recuperación a la vida social ante un desastre. No debemos permanecer callados y propongo no ser callados, debe existir la capacidad de respuesta a problemática en los tema sociales”, manifestó la especialista. Según cifras de Protección Civil, más de un millón de habitantes en el estado de Michoacán viven en zonas de riesgo, en donde inundaciones, deslaves, sismos, lluvias y hasta sequías pueden generar pérdidas a sus patrimonios. En los últimos 3 años el Fonden fue empleado en desastres naturales como la inundación de Morelia de 2018, el desastre en Peribán y las heladas del mismo año, con el objetivo de apoyar a la población vulnerable. En cuanto al medioambiente, la situación tampoco es buena. En voz del activista y defensor de los bosques michoacanos, Julio Santoyo Guerrero, la desaparición y recortes presupuestales que desde hace 2 años se han gestado a la protección de los ecosistemas se han interpretado como una política permisiva e incentivadora el cambio ilegal del uso de suelo. El ambientalista exigió a los tres niveles de gobierno y tres poderes del Estado mexicano una agilización de los procesos que permitan la recuperación de los ecosistemas y detener la voracidad de los bosques de todas las regiones. “Se han olvidado de problemas que por décadas han afectado la vida de las personas. El centralismo no es funcional para una sociedad que quiere ser democrática, como la nuestra. El desvanecimiento del recurso ambiental y la extinción de programas ambientales tienen condiciones regresivas, estimulan el cambio de uso de suelo, alientan prácticas antiecológicas en la minería, reinsertan energías fósiles y dejan la puerta abierta a tecnologías nocivas contra el medioambiente”, denunció el activista.
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