Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Observatorio Ciudadano advirtió la incapacidad en materia del poder Juidicial para atender las modificaciones y ampliaciones al término de la legítima defensa en Michoacán. El riesgo de que la impunidad latente implique un obstáculo importante para esta reciente modificación en el Código Penal del estado, así como la posibilidad de que sea usada en beneficio de auténticos delincuentes, es una problemática latente, asegura el organismo. Así lo aseveró Rodrigo Antúnez Álvarez, director de Observatorio Ciudadano, quien manifestó su preocupación en torno a la falta de capacidad del sistema de justicia en la entidad. La alta tasa de impunidad y la falta de elementos de investigación podría ser contraproducente en una medida que, si bien busca defender a los ciudadanos, también podría generar un recoveco para la delincuencia. Reconoció que la intención y el tema legislativo han sido buenos en cuanto a la iniciativa de ampliar la legítima defensa de las víctimas, no obstante, señaló que, en el tema judicial, Michoacán se ha destacado por tener una alta tasa de impunidad en los diferentes delitos, sobre todo, en casos como el homicidio doloso, donde muchas veces ni siquiera carpetas de investigación se integran correctamente. Un alto porcentaje de homicidios se quedan sin información debido a la falta de capacidades de los ministerios públicos a la hora de realizar las pesquisas, por lo que, en voz de Antúnez, la preocupación como organización de la sociedad civil surge precisamente de esa debilidad. “De entrada, la legitima defensa en los casos específicos donde realmente sea un acto defensivo ante una agresión inminente por parte de una persona en un domicilio o en la vía pública, lo vemos como una decisión correcta (que el Congreso la aprobara). Lo que preocupa son dos cosas: una es la incapacidad judicial que existe en nuestro país, y dos, en nuestro estado no hay capacidad de investigación para realmente ver un procedimiento transparente, claro y rápido, ni para definir las causas del posible evento donde se aplique la legítima defensa”, manifestó. Legítima defensa, un cambio en el código penal A finales del año pasado, el Congreso de Michoacán y la Comisión de Justicia privilegiaron que las modificaciones realizadas al artículo 27 del Código Penal no consideraran un exceso en la legítima defensa cuando la persona que se defiende se encuentra en un estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para admitir el límite adecuado de su conciencia o racionalidad para defenderse. Así también, conforme al proyecto dictaminado se contempló que cuando una mujer sea quien repele la agresión jueces y agentes del Ministerio Público apliquen el precepto de perspectiva de género, a fin de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para la población femenina. Al respecto, Rodrigo Antúnez aseguró que aún se tiene que valorar la gran cantidad de armamento que sigue ingresando al estado de Michoacán de manera ilegal y que representa la principal causante de homicidios. Una clara falla en la definición de lo que realmente pasó en el incidente puede llevar a casos donde no hay legítima defensa y se aplique para dejar libres a los culpables, es una alarma y se tienen que mejorar los elementos de investigación y que realmente haya justicia en lo que está pasando”, refirió. Rodrigo Antúnez Álvarez agregó que “hay una excesiva posesión y flujo de armas al interior del estado. El 80 por ciento de los homicidios dolosos se están llevando por armas de fuego, tenemos una tasa de armas de fuego y esperamos que no se puedan excusar de procesos judiciales a personas involucradas”. Sistema judicial en el país y Michoacán está en crisis En opinión de especialistas en seguridad, el sistema de justicia está colapsado por la falta de capacidad de investigación a nivel nacional, derivado en gran medida de recortes o nulos aumentos en los presupuestos que los ayuden a financiar y mejorar su capacidad operativa. En el caso de Michoacán, advierten complejidad a la hora de la integración de las carpetas de investigación. Si bien en el estado la impunidad es menor a la media nacional, el dato no es esperanzador. Según cifras oficiales, cerca de 97 de cada 100 carpetas de investigación que se abren por delitos denunciados en el estado terminan archivadas en las oficinas de la Fiscalía General del Estado para nunca encontrar el camino hacia la justicia de los afectados. Esto ha desencadenado, por ejemplo, en una gran cantidad de cuerpos en la fosa común sin identificar ni ser integrados correctamente sus expedientes, lo que dificulta la búsqueda y hallazgo de las personas desaparecidas por los colectivos. Los datos duros también son preocupantes en cuanto al alcance de la justicia para los ciudadanos. Cifras de la Fiscalía General del Estado revelan que de 2017 a 2018 se archivaron el 75 por ciento de un total de 45 mil carpetas de investigación al no contar con elementos para continuar con las misma. De este universo, sólo 11 mil siguieron su curso y universo aún más pequeño llegó a judicializarse. Es decir, la mayoría de casos que investiga la Fiscalía de Michoacán no llega a buen puerto, no se les da seguimiento. Al respecto, el Gobierno de Michoacán advirtió que la estrategia debe de ser coordinada con la Federación, toda vez que los generadores de violencia y de incidencia delictiva, son los grupos del crimen organizado, son competencia de las autoridades de la Federación.
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