Juan Bustos / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A diez años del establecimiento de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en (CSDI) en Michoacán, especialistas en la materia manifiestan que, si bien tuvo efectos positivos inmediatos, como el desmantelamiento de la principal célula criminal de aquel entonces, lo cierto es que las promesas en cuanto a presupuestos y acciones para la eliminación de la violencia se quedaron muy cortas y la entidad todavía padece efectos e inercias en ese sentido. Una década en donde los aprendizajes debieran ser muchos, pero en la práctica parecieran ser pocos. El CSDI tuvo poco seguimiento real y las estrategias, desde aquel entonces y hasta ahora han, pese a relevos estatales y federales, han apostado a esquemas de la militarización de la seguridad pública mientras el ciclo de violencia se repite entre algunos altibajos en las cifras que pocas veces obedecen a estrategias concretas de la autoridad. Para Joel Herrera, especialista en Sociología Política e Historia de la Violencia e investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard, la violencia en Michoacán se ha convertido en un ciclo vicioso, donde lo único que ha cambiado es que diferentes grupos criminales se disputan el control de comunidades y recursos. En tanto que Erik Avilés Martínez, politólogo y especialista en Política Pública y Desarrollo Regional aseguró que la inversión de recursos que se prometieron no fue cierta en términos de que era el mismo presupuesto para ejercer en dicho año. La era de autodefensas Es importante recordar que Michoacán en febrero de 2013 grupos de civiles armados, conocidos como autodefensas, comenzaron a formarse en algunos municipios michoacanos, principalmente en la región de Tierra Caliente, en respuesta a la creciente violencia generada por el crimen organizado dada por el vacío institucional y la expansión de las actividades criminales de los cárteles, que llevó a la apropiación de tierras, control de precios y extorsión. Al año siguiente en medio de una crisis institucional por la precaria salud del gobernador Fausto Vallejo y la gubernatura interina de Jesús Reyna, incluso detenido posteriormente (y finalmente exonerado años después), es que se establece la CSDI, encabezada por el polémico Alfredo Castillo Cervantes y que tuvo como misión atender estas problemáticas. Para muchas voces en Michoacán, Castillo era el gobierno de facto la entidad el periodo en que estuvo al frente de la Comisión, aún tras la designación de Salvador Jara Guerrero, exrector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) como gobernador el 21 de junio de 2014 por el Congreso local. ‘Debe dejar lecciones’ Fue en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de enero de 2014, que se le dio vida a la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, en respuesta a la creciente inseguridad y las demandas de apoyo al gobierno federal, recordó el especialista en Políticas Públicas, Erik Avilés Martínez. Sin embargo, su existencia fue efímera y carente de conexión con la realidad michoacana, ya que la CSDI, “lejos de abordar las profundas problemáticas sociales como la injusticia, la pobreza, la desigualdad y el rezago educativo, se convirtió en un estandarte de imposición de un nuevo orden centralista”, del presidente Enrique Peña Nieto. “En su decreto de creación, la palabra educación ni siquiera fue mencionada, evidenciando, una falta de respaldo por estudios de factibilidad y consultas ciudadanas”, expuso Avilés Martínez. El también presidente de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán explicó que la Comisión, en lugar de destacar por la procuración de seguridad y justicia, “se le recuerda por desplazar el poder, perseguir selectivamente a objetivos criminales y reacomodar élites locales en torno a un poder central”. Aseveró que el llamado Plan Michoacán, presentado como respuesta al desarrollo integral, careció de consultas ciudadanas y se gestó en un escritorio, siendo operado por una cúpula con intereses propios. El especialista dijo que, en retrospectiva, la instalación de la CSDI recibe críticas negativas en el veredicto social debido a que funcionarios de ese entonces enfrentaron su muerte política o periodos de ostracismo, mientras que otros se beneficiaron del reacomodo generado por la misma Comisión. Avilés destacó que al final la supuesta inversión extraordinaria anunciada para Michoacán resultó ser parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, sin recursos frescos, a pesar del anuncio en su momento de la Presidencia de la Republica de que se harían llegar 45 mil 500 millones de pesos para diversos esquemas en medio de un plan integral de acción. En el ámbito educativo, Avilés Martínez lamentó que las propuestas en el Comité Ciudadano del Plan Michoacán, en el cual él participó, enfocadas en rescatar financieramente el sector educativo estatal, fueron desestimadas. Mencionó que la educación básica estaba “sumamente viciada”, descartando la inversión. Explicó que en enero de 2015 la CSDI desapareció sin dejar un legado valioso y fue extinta con la destitución de su titular, dejando la seguridad estatal en manos del Ejército, algo que no dista mucho del contexto actual, pese a entrar un nuevo gobierno federal y relevos estatales. Avilés Martínez apuntó que la desaparición de la CSDI, un año después de su creación, debe ser una lección en dos sentidos. “Primero, se destaca la importancia de tomar en cuenta el sentir y las necesidades de la ciudadanía antes de emprender intervenciones del poder central; segundo, se subraya la necesidad de considerar la educación como piedra angular para intervenir en la mejora estructural de la seguridad en Michoacán”. Una década de violencia en Michoacán En entrevista con la Voz de Michoacán, Joel Salvador Herrera, especialista en Sociología Política e Historia de la Violencia Criminal, expuso que el principal “éxito” del movimiento de autodefensas y la acción gubernamental fue la desarticulación de Los Caballeros Templarios en Michoacán. “Sin embargo, la alianza con algunos elementos criminales locales generó complicaciones a largo plazo”. La captura de líderes templarios, como La Tuta, fue un hito, pero la forma en que se llevó a cabo contribuyó a empoderar a otros grupos criminales que ahora son causa de la violencia en las mismas regiones. El académico, que actualmente realiza estudios postdoctorales en Harvard, expuso que el movimiento de autodefensa es complejo, considerándolas no únicamente como un producto del hartazgo social, sino también como iniciativas lideradas por élites locales, incluyendo ganaderos, empresarios y políticos. Destacó que la infiltración de elementos criminales en las autodefensas fue abordada en su momento, aunque Herrera prefirió no usar el término “infiltración”, sino verlas como manifestaciones de intereses locales que determinaron también el rumbo de dicho movimiento. En términos de lecciones aprendidas, Salvador Herrera destacó que, desgraciadamente, la violencia en Michoacán se ha convertido en un ciclo vicioso, donde diferentes grupos criminales en diferentes épocas se disputan el control de comunidades y recursos y lo único que cambia es la posición de poder, no la realidad de la inseguridad. Subrayó que, “la intervención del gobierno federal al respaldar a ciertos grupos, a menudo complica más las cosas y no resuelve la situación a largo plazo”. El especialista concluyó con una mirada hacia el futuro, considerando el año electoral en México. Herrera señaló que históricamente hay un aumento de la violencia antes de las elecciones, ya que los grupos criminales buscan influir en el proceso, colocar sus cartas, encarecer las negociaciones y marcar su presencia mediante el control de los territorios. Como ya es costumbre, en 2024 Michoacán es visto como una región con alto riesgo de “incidencias” violentas durante el proceso electoral. Comisionado Castillo, un perfil controvertido Alfredo Castillo Cervantes, una figura enigmática, es objeto de controversias y críticas. Su trayectoria, que abarca desde sus roles iniciales como subprocurador hasta su inhabilitación por la Función Pública tras un presunto manejo irregular de recursos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en el último tramo del sexenio peñista, está marcada por episodios que han suscitado dudas sobre su conducta y decisiones. Antes de su llegada a Michoacán, Castillo estuvo vinculado estrechamente con el expresidente Enrique Peña Nieto, acompañándolo desde los inicios de su carrera. Su presencia se hizo notoria durante el escandaloso caso de Paulette Gebara Farah, una niña de 4 años de edad que desapareció misteriosamente en 2010. Castillo, en calidad de subprocurador del Estado de México, lideró la investigación que fue cuestionada por numerosas irregularidades. Tras diez días de pesquisas, el cuerpo inerte de la niña fue hallado en su propia habitación. El apodo del Virrey se le atribuye debido a la percepción de que durante su gestión al frente de la Comisión, por orden de Peña Nieto, ejerció un control casi total sobre Michoacán, interviniendo en áreas que excedían la competencia de un comisionado de seguridad. Su estrategia de aliarse con las autodefensas para combatir a los cárteles de drogas fue inicialmente exitosa, pero posteriormente se volvió controvertida cuando comenzó a perseguir a líderes de las propias autodefensas que antes habían sido aliados; las armas entregadas a varios grupos han matado a decenas de personas desde entonces y alimentado el ciclo de violencia.
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