Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Con más de 400 familias en la incertidumbre por la posible pérdida de su patrimonio, millones de pesos enterrados y más de 90 hectáreas de suelo sin utilizarse, acreedores y causahabientes denuncian un megafraude inmobiliario en el predio de Cuitzillos, entre los límites de Tarímbaro y la ciudad de Morelia. Han pasado más de 18 años desde que la empresa local UNI-K, acreedores y organizaciones sociales signaron un fideicomiso con el gobierno del estado a través del Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM). Desde entonces, una serie de irregularidades avaladas por al menos 3 directores de dicha institución han dejado en dilema a cientos de familias. A pesar del agravio en contra del patrimonio de cientos de familias, el IVEM se niega a atender y revisar los expedientes con el argumento de que el fraude se habría conjugado en administraciones pasadas. Los actos con apariencia de corrupción denunciados por los acreedores ante instancias como la Fiscalía General de Michoacán, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán, la Secretaría de Finanzas y otras instancias fiscalizadoras, no han tenido repercusiones a casi 2 décadas que se puso en marcha el proyecto que buscaba instalar hasta entre 900 y 3 mil viviendas a un costado del fraccionamiento Misión del Valle, en las cercanías con el Aeropuerto Internacional de Morelia. Jorge Téllez Girón Flores, representante de los acreedores agraviados, denunció que incluso, a pesar del perjuicio generado por más de 18 años de conflictos por la tenencia de la tierra y el desarrollo inmobiliario, ya suman un año buscando el apoyo de las instancias estatales de la nueva administración estatal. No obstante, el proyecto pasó de ser incluso pensado como espacio para créditos de vivienda de policías a ser un predio con bardas abandonadas y la confusión sobre la tenencia del espacio que restringe modificar el más mínimo detalle del suelo. El objetivo planteado desde hace casi 15 años era claro: entre acreedores y el gobierno del estado pondrían en marcha un desarrollo inmobiliario sobre el inmueble fideicomitido, en donde los acreedores aportarían el predio de 97.66 hectáreas y el gobierno del estado, a través del IVEM, aportaría el proyecto ejecutivo, permisos, licencias, financiamientos y demás procesos necesarios hasta obtener la autorización completa del fraccionamiento y venta de las viviendas, locales comerciales y predios. La autorización para el proyecto avanzó, e incluso el municipio de Tarímbaro autorizó y los trabajos de inicio se dieron en 2008. No obstante, dicho permiso sería el único avance que vería el ambicioso proyecto. La situación se complicó aún más. La parte financiera representada a través de una institución bancaria se retiró del fideicomiso a raíz del incumplimiento de la instancia estatal representada a través del IVEM. Asimismo, el principal acto de fraude denunciado por los acreedores refiere que el IVEM aportó al fideicomiso una parte del predio que previamente había comprometido legalmente desde 2003 con diversos grupos sociales, y el 8 de diciembre de 2006 solicitó la fusión de 20.94 que representan 904 lotes, para integrar con otras 49 parcelas las 97.66 hectáreas, mismas hectáreas que posteriormente, en noviembre de 2007, fueron aportadas al fideicomiso 6275 que se celebró con INPROVIDI, manifestando el IVEM en la escritura pública del fideicomiso “ser legítimo propietario, en plena posesión y sin restricción alguna de dominio de los inmuebles descritos en antecedentes”. Lo anterior derivó en un conflicto por la tierra entre los acreedores y organizaciones sociales. En 2010, los administradores lograron acuerdos con las organizaciones que para ese entonces ya se habían asentado en los lotes, por lo cual se determinó respetarles los predios a causa del conflicto que habría generado el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán, por lo que se le exigió a la dependencia la gestión de servicios y factibilidad de otros beneficios para los propietarios de todo el espectro. Además de la incertidumbre generada, los acreedores y causahabientes de la empresa conformada para el desarrollo inmobiliario acusan “la fabricación” de documentos con los que, señalan, el IVEM intentó “despojar” a través del Registro Público de la Propiedad en donde se observan anotaciones marginales en las escrituras de los predios incluidos en el convenio y fideicomiso. “Puede presumirse un intento de despojo ya que ha llevado a cabo una inverosímil y fantasiosa aclaración notarial de la reversión a la CEDENTE del fideicomiso 6275 (INPROVIDI) y han fabricado un nuevo certificado de libertad de gravamen ante el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, en el que se certifica que la parcela 183, se registra a favor del IVEM como propietario, reportando dos anotaciones marginales totalmente diferentes a las tres anotaciones marginales que originalmente habían sido anotadas”, denuncian los acreedores. Los demandantes acusan que entre julio de 2012 y septiembre de 2014, Alberto Lozano Ortiz, quien entonces fungió como director del IVEM, intentó “sanear” las anomalías cometidas por funcionarios de la institución en conjunto con los cedentes/cesionarios de la parte B del contrato de fideicomiso. El 10 de septiembre de 2013, la Junta de Gobierno del IVEM autorizó por unanimidad la creación de un nuevo fideicomiso para edificar hasta 3 mil viviendas en la misma parcela de Cuitzillos. El 23 de julio de 2014, el director general del IVEM presentó formalmente y por escrito ante la Dirección de Crédito de la Secretaría de Finanzas y Administración la versión final del nuevo fideicomiso a favor de una nueva empresa denominada Mazdi, mismo que quedó suspendido en el tiempo. “El siguiente director general del IVEM, Jaime Tejeda Vega, no hizo nada relevante por resolver el asunto y darle la continuidad del saneamiento que ya se había estructurado con Alberto Lozano. Lo único que solicitó fue dinero para firmar el fideicomiso que se dejó suspendido y continuar con el proceso que se interrumpió con Lozano. Del 1 de octubre de 2015 al 24 de julio de 2020 estuvo al frente del IVEM Yesmín Sánchez Huerta, y en menos de un mes, la funcionaria dejó claro que no atendería ninguna petición de UNI-K para sanear la operación de Cuitzillos, ya que, según manifestó, ninguno de sus antecesores había dejado constancia por escrito de este pendiente”, rezan las denuncias. El 1 de diciembre de 2020, la empresa UNI-K presentó un escrito dirigido al nuevo titular del IVEM, Roberto Valenzuela, informándole que su antecesora en el puesto, Yesmín Sánchez Huerta, no había mostrado voluntad para sanear el fideicomiso y se negó en todo momento a comparecer para cumplir con el contrato de fideicomiso 6275. La actual administración del Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán tampoco ha prestado atención al agrupamiento de acreedores y organizaciones civiles que permanecen en condición de incertidumbre ante lo que podría catalogarse como uno de los fraudes inmobiliarios más grandes de la historia reciente del estado de Michoacán. Se espera que para esta semana, tanto acreedores como familias afectadas, por lo que denuncian como un megafraude, se manifiesten en las instalaciones del Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán para exigir una audiencia y una posible solución a destrabar el uso del predio a casi dos décadas.
La Voz de Michoacán
