Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Continúan invisibilizados los crímenes de odio en contra de la comunidad diversa sexual en el estado de Michoacán. A pesar de la discriminación y la violencia generalizada en contra de la población LGBT+, las agresiones y lesiones en contra del sector vulnerable apenas se cuentan. El marco del Día Internacional del Orgullo Gay, activistas de Michoacán destacaron que en los últimos meses únicamente se contabilizaron 5 crímenes de odio en contra de la población LGBT del estado. Aclararon que lo anterior no coincide con la situación de violencia a la que se enfrentan todos los días en los espacios públicos y privados. Preocupa la ausencia de registros de agresiones, lesiones y homicidios en contra este sector de la población que, a pesar de los esfuerzos, sigue siendo víctima del abandono institucional. Los datos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, así como de organismos de seguridad pública, no cuentan con rubros de datos referentes a agresiones, homicidios o lesiones en contra de ese sector de la población. En rueda de prensa, colectivos exhortaron a que se modifique y actualice el Código Penal del Estado de Michoacán y el federal para que se incluyan protocolos de investigación para los delitos de odio en contra de la población LGTB. Hasta 2021 únicamente el estado de Jalisco cuenta con un Código Penal que incluye este tipo de investigaciones. Manuel Parra Zambrano, presidente del Frente Michoacano LGBT, lamentó el rezago legislativo que mantiene invisibilizada la problemática social. “Es muy difícil que podamos tener los datos duros porque no está legislado el tema de los crímenes de odio. El único estado es Jalisco y es porque el gobernador lo determinó. En el caso de Michoacán, en 2020 se registraron 5, uno de ellos en Morelia. Fue muy sonado de alguien que tenía una agencia de modelaje y fue un crimen de odio. El asunto es que de repente es complicado porque se lleva a otros temas de ajuste de cuentas de violencia sistemática y de otras prácticas, se ha invisibilizado”, manifestaron los colectivos. Por su parte, Chantal Paulin Nateras, directora del Instituto de la Juventud de Morelia, aseguró que se requiere de la inclusión y las políticas para la no discriminación para la atención de la población LGBT tanto en la ciudad capital como en el resto del estado. “Nos toca llevar atención, canalizar y dar seguimiento a este problema que hemos encontrado en la violencia en la familia, por el tema de la aceptación. En el espacio público hemos tratado de dar seguridad para que no sean violentados ni irrespetados los derechos de la comunidad”, manifestó la especialista y funcionaria municipal ante la opinión pública. Otro de los aspectos que ha sido puesto sobre la mesa por parte de colectivos y especialistas es la atención e investigación a los centros de reconversión sexual. Advirtieron que estos espacios aún siguen siendo detectados tanto en la ciudad de Morelia como al interior del estado, sin que se tengan algún tipo de consecuencias legales. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales han sacado la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales desde hace más de 40 años, dichos espacios siguen aplicando terapias de conversión que, se ha demostrado, afectan emocionalmente a tal grado que conllevan al suicidio. Con base en lo anterior, incluso se ha promovido la creación de protocolos de investigación para la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género. Lo anterior con el objetivo de que parejas sentimentales de población LGBT puedan tener derechos para denunciar la desaparición de personas. Se ha detectado que en los últimos años, familiares directos han incurrido en internar en contra de su voluntad a personas LGBT en centros de reconversión con argumentos de drogadicción, con el objetivo de cambiarles en su personalidad. Lo anterior se ha advertido como una práctica que tendría que poder ser denunciada por personas ajenas a las familias. La invisibilidad preocupa Señalaron que durante el censo poblacional del año 2020 y los resultados presentados apenas en semanas pasadas, no se consideró contar a las personas homosexuales, lesbianas o transgénero del estado. A la omisión institucional, también se suma la negativa de las familias de reconocer la orientación sexual de sus familiares. Los mecanismos de denuncia no prosperan pues los activistas señalaron que las manifestaciones de violencia política y discriminación en los discursos de funcionarios públicos siguen sin avanzar, a pesar de que existen organismos descentralizados para combatir la discriminación. Por lo anterior urgieron a que se modifiquen las propias legislaciones que garanticen que se atienda la violencia que se genera todos los días. En la actualidad, Michoacán se encuentra posicionado en el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto al número de agresiones de odio y homicidios en contra de la población diversa sexual, que si bien no se encuentra entre los primeros 5, sí se destaca que las condiciones de violencia se mantienen aún con las estrategias de concientización. En la entidad, los varones de 20 a 35 años son los que sufren más discriminación, así como las mujeres transexuales de 25 a 40 años de edad.
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