Mayoría de ediles no firman coordinación de seguridad con Gobierno del estado

El acuerdo “no obligatorio” implica que la Secretaría de Seguridad Pública (SSM) asuma la intervención en cuanto a los nombramientos de directos municipales de seguridad, mientras que el control de los recursos de cada municipio seguirá siendo de manejo de los ediles.

Foto: Cortesía.

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. A casi dos meses de que se implementó el nuevo convenio de coordinación y colaboración en materia de seguridad, 42 municipios michoacanos son los únicos que han firmado el acuerdo con el gobierno de Michoacán. El resto, 71, se mantiene en proceso de revisión de sus propias estrategias y a la expectativa de un eventual convenio.

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El acuerdo “no obligatorio” implica que la Secretaría de Seguridad Pública (SSM) asuma la intervención en cuanto a los nombramientos de directos municipales de seguridad, mientras que el control de los recursos de cada municipio seguirá siendo de manejo de los ediles.

El general José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, detalló que aún se mantienen en reuniones con cada uno de los alcaldes de los 113 municipios para evaluar, cuantas demarcaciones más se pueden anexar al convenio con el Gobierno del estado.

“En el convenio de colaboración llevamos firmados aproximadamente 40 o 42 municipios, estamos por coordinar a otros más para ver si ellos aceptan o no. No es un convenio obligatorio, es voluntario y la característica es que el municipio mantiene su presupuesto y en coordinación con Seguridad Pública les designamos a sus directores de Seguridad a petición y coordinación con los municipios”, explicó.

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En casos como Morelia, en donde el Ayuntamiento capitalino ha manifestado abiertamente sus intenciones de no firmar el acuerdo con el Gobierno del estado, tanto estado como municipio han presumido buenas relaciones en cuanto a coordinación y atención ciudadana se refiere a través de distintos operativos y reuniones.

Aún restan por signar el esquema de coordinación muchos de los municipios con desarrollo urbano del estado de Michoacán, mientras que en el caso de las 14 demarcaciones enclavadas en la Meseta Purépecha se establecieron otros acuerdos para la atención a la incidencia delictiva y otros fenómenos.

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En voz de Ortega Reyes, el objetivo es apoyar en coordinación, capacitación y cubrir las deficiencias que se han percibido en las Policías Municipales a raíz de la evaluación del estado de fuerza que se realizó desde el inicio de la gestión de Ramírez Bedolla al frente del Gobierno de Michoacán.

Ha trascendido la vulnerabilidad y las propias condiciones de rezago a la que se enfrentan la mayoría de las policías municipales de todo el estado. El 99 por ciento de las corporaciones carece de estado de fuerza óptimo, capacitación, licencias de armas, patrullas y herramientas para hacer frente a las necesidades que demanda la entidad.

Durante visitas de inspección a al menos 7 demarcaciones en los últimos meses se ha requerido del relevo casi obligatorio de mandos municipales por incumplir con certificación, licencias de armas y otras irregularidades, casos concretos de Tlalpujahua y Buenavista, puntos en donde además se registraron complicaciones en materia de seguridad.

Desde el 2012, el esquema de Mando Unificado se ha replicado en distintas entidades de la República como mecanismo para atender las carencias de estado de fuerza en los municipios. En Michoacán fue a partir del 2015 en que dicho esquema cobró fuerza en la mayor parte de las regiones.

No obstante, no todos los alcaldes han colaborado con la idea de ceder la rectoría de la seguridad pública al Gobierno del estado por lo que implicaba en captación de programas y apoyos para las corporaciones locales.

La firma entre municipios y estado para la coordinación se ha politizado en más de una ocasión en la historia reciente de Michoacán. Apenas en el 2018, casi una veintena de presidentes municipales emanados de Morena signaron una carta dirigida a la administración el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo para anunciar que no renovarían el convenio de Mando Único por consideraciones propias. Entre los municipios que se sumaron a dicha postura, se ubicaron los de mayor incidencia delictiva hasta nuestros días, tales como Morelia, Zamora y Lázaro Cárdenas.