Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Atentados contra los ecosistemas michoacanos siguen quedando en la impunidad. La falta de castigo para quienes incurren en dañar a la madre naturaleza es la constante en nuestra entidad, a pesar de los presuntos esfuerzos en todos los rubros para habilitar y endurecer penas antes diferentes conductas ilícitas. En voz de especialistas y académicos en la materia, desde el marco legal, la falta de legislación, el desinterés y muchos otros factores han incidido en que, a pesar del daño ecológico, sean pocos los sancionados. Uno de los datos más evidentes, es que a pesar de que fueron cientos de incendios forestales en este 2021, así como casi 23 mil hectáreas siniestradas, las denuncias por tales hechos son casi inexistentes. En la primera mitad de este año, solo se presentaron 35 denuncias, mismas que quedaron registradas como carpetas de investigación en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En voz del doctor Arturo Chacón, investigador del Instituto de Investigaciones de los Recursos Naturales (Inirena) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), los propios mecanismos de denuncia y la falta de conocimiento de la población complicaron el panorama. “Se cuentan por miles los delitos ambientales pero el problema es que la gente desconoce los mecanismos para poder denunciar esto y muchas veces es por la vía el problema de confrontaciones que se generan conflictos y amenazas en las comunidades. Incluso aquí en la ciudad se presentan amenazas”. Arturo Chacón, investigador del Inirena “Cuando se presentan las denuncias las autoridades complican más la situación exigiendo pruebas cuando deberían ser facilitadoras. Una de las partes más frecuentes en la parte ambiental es que los expedientes no se terminan”, explicó. Delitos siguen sin denunciarse En el 2020, las cifras fueron de apenas 148 en todo el año, es decir, poco más de una decena de denuncias por mes a pesar de la gran cantidad de fenómenos que siguen afectando a la entidad en materia ambiental. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha destacado que los delitos ambientales no llegan ni al 1 por ciento de la actividad que se denuncia ante las fiscalías. La situación no ha variado prácticamente en los últimos años a pesar de los efectos del cambio climático, la destrucción ambiental y otros aspectos. Durante el año 2015, se recibieron en total 78 denuncias por delitos ambientales. Al respecto, a doctora Patricia Alarcón, presidenta del Consejo Consultivo de Cambio Climático de Michoacán, si bien existen avances en la legislación estatal, hay al menos cinco pendientes que se deben de abordar. “Se tiene que revisar el cambio de uso de suelo de vocación forestal por vocación frutícola; la restauración ecológica del Lago de Pátzcuaro, Lago de Zirahuén, de Cuitzeo; Lago de Chapala, Camécuaro y laguna de Zacapu. Además de las costas; el manejo de los residuos sólidos; el uso de cañones antigranizo y la necesidad de implementar el programa de educación ambiental que desarrolló recientemente el gobierno del Estado”, manifestó. Fiscalía, sin trabajo A un año de la creación de la Fiscalía contra Delitos Ambientales como ramificación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la cifra de denuncias poco o nada ha cambiado respecto a otros años: los delitos de esta naturaleza constituyen menos del 0.1 por ciento del total de denuncias que se presentan cada año. A nivel nacional se ha advertido que aunado a la baja tasa de denuncias presentadas por los delitos que destruyen los ecosistemas forestales, se tiene que sumar la baja tasa de judicialización de los mismos. Apenas un 30 por ciento de las denuncias y carpetas de investigación terminarán con una sentencia, mientras que el 70 por ciento restante quedará archivada. Asimismo, se han enviado intenciones del ejecutivo al legislativo estatal para endurecer los castigos a quienes atentan contra el medio ambiente sin que hasta la fecha se tenga algún resultado en materia legislativa. Todos los delitos en los que se involucra el medio ambiente no ameritan prisión preventiva ni penas mayores a cinco años, por lo que cualquier civil culpable de incendiar, destruir o contaminar difícilmente pisará una prisión. Por otra parte, los delitos ambientales de índole federal no se han dado a conocer. La trata de especies exóticas evidente en redes sociales, carreteras, mercados, tianguis y en la vía pública es la constante de prácticamente todos los años en nuestro estado. Decenas de animales rescatados por la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA) por año engrosan los albergues del Zoológico de Morelia como evidencia de que la venta se mantiene en prácticamente todas las regiones del estado de Michoacán. A través de las redes sociales se llegan a ofrecer incluso grandes felinos como jaguares, tigres; reptiles, peces, aves e insectos cuya venta está catalogada como ilegal al tratarse de fauna silvestre.
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