Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ratifican esta semana las denuncias por cambio ilegal de uso de suelo en los cultivos de aguacate e incumplimiento en los acuerdos ambientales productivos del T-MEC en materia ecológica. A casi tres meses de la primera queja, se presentaron los argumentos y pruebas de la devastación ambiental provocada por la fiebre del también llamado “oro verde”, así como de las omisiones generales para abordar con seriedad el tema de parte de los distintos niveles de gobierno. La Comisión para la Cooperación Ambiental del T-MEC, la encargada de recibir la denuncia, la había observado, argumentando que antes de llegar a ellos los quejosos deberían agotar instancias locales; les dieron tiempo para contestar, según los requerimientos que mandata la resolución de controversias, pero no hubo acciones positivas para contrarrestar la querella. Finalmente, los quejosos enviaron al organismo internacional pruebas de que todos los poderes del Estado y órdenes de gobierno han sido y continúan siendo omisos en combatir el cambio ilegal de uso de suelo provocado por la siembra desbordada e incluso ilegal de aguacate. Los quejosos señalaron que existe evidencia suficiente para demostrar que las autoridades ambientales en México Semarnat, Profepa, Conafor y Conagua (además de la Sader en cuanto autoridad promotora de la producción del aguacate) han estado enteradas desde hace varios años e incluso por distintas vertientes de la problemática ambiental por la falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales en la producción de aguacate en Michoacán y no han dado respuestas o atención adecuada a la misma. Asimismo, se destaca que el daño a esos bienes ambientales afecta directamente el derecho humano a un medioambiente sano, no sólo del peticionario, sino de millones de michoacanos que por razón a su lugar de residencia proximidad con el acto perjudicial al ecosistema tienen un interés legítimo, es decir una afectación cualificada, real y jurídicamente relevante. Crecen huertas y aumentan productores Cifras presentadas por la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán (APEAM), refieren que el número de productores creció de 29 mil en septiembre de 2021 a 32 mil 315 en diciembre de 2022. Lo anterior, es más de 3 mil productores en 15 meses, lo que podría llegar también a cifras estratosféricas de productores ilegales en el periodo 2000-2022. En el periodo 2012-2021 se identifican apenas 35 denuncias penales que tienen que ver con tala de bosque, derribo de arbolado, incendios o cambio de uso de suelo, con el fin en todos los casos de sembrar aguacate. En 26 de esas denuncias se dieron por concluidas por la emisión de una resolución derivada de procedimiento administrativo. De esas resoluciones en 20 casos se menciona que se sancionó con multa, pero sin evidencia real de cobro de la misma. No obstante, las 35 denuncias populares constituyen evidencias sólidas para mostrar “que las autoridades ambientales están perfectamente enteradas de la problemática ambiental del aguacate desde hace muchos años y están conscientes de los problemas de la falta de aplicación efectiva de la ley ambiental”, expone la denuncia ante el órganon de controversias del T-MEC. “También muestran que las autoridades ambientales no han dado atención adecuada a la problemática ambiental derivada de la producción del aguacate”. Y es que incluso, a pesar de los discursos de orden esgrimidos desde el Ejecutivo estatal y la falta de permisos, los cultivos de aguacate se siguen expandiendo sin control sobre el territorio estatal. Más allá de las huertas ilegales, las mismas huertas lícitas le han comido decenas de miles de hectáreas de bosque a la entidad con la anuencia de las autoridades. Muchos los dueños de huertas y empacadoras son, además, autoridades y funcionarios, que van desde alcaldes y diputados, hasta encargados de diversas dependencias. Desde principios de año el gobierno de Michoacán se ha pronunciado presuntamente preocupado por las querellas presentadas a nivel internacional por la repercusión que traería para el aguacate en los mercados de Estados Unidos. Pese a que lo anterior pondría en riesgo los acuerdos comerciales de no revertirse, sigue sin haber pasos sólidos para acotar las huertas y resarcir el daño. Cuestionado sobre las querellas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, aclaró que tanto la veda forestal cómo el proyecto de certificación del aguacate permitiría contener los efectos negativos tanto en el medio ambiente como la percepción Internacional sobre el “oro verde”. “Vamos a enfrentar la denuncia porque se presentó ante instancias del tratado de libre comercio. Estamos preparados para eso, una de las situaciones es combatir los incendios forestales. Tenemos que aplicar una veda forestal para el estado de Michoacán porque ya no podemos seguir así. La certificación ambiental ya es necesaria, tenemos que avanzar a la de ya”, explicó.
La Voz de Michoacán
