Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Al dictar conferencia magistral en Morelia, Héctor Nahún Martínez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador, sugirió al Estado mexicano declarar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas para combatir afondo la violencia criminal. El juzgador salvadoreño identificó similitudes entre los cárteles mexicanos y las pandillas maras que asolaron a aquella pequeña nación centroamericana de 8 millones de habitantes. Una declaratoria constitucional de terrorismo facilitó la persecución penal de los 70 mil pandilleros maras de El Salvador. Al gobierno le bastó con probar la mera pertenencia de jóvenes y adultos a cierta organización delictiva para aplicarles el derecho penal del enemigo y mandarlos a la cárcel, sin probar en forma exacta o fehaciente la responsabilidad individual en los delitos cometidos, según contextualizó el ministro Martínez, flanqueado por el director del Instituto de la Defensoría Pública, Felipe Morales Correa, el anfitrión. En el teatro Morelos se dieron cita operadores jurídicos michoacanos para conocer la receta salvadoreña: a partir de una declaratoria de la Sala Constitucional, las maras o pandillas empezaron a ser perseguidos como terroristas. Héctor Nahún Martínez hizo recuento histórico de la lucha contra las pandillas criminales. Recordó cómo fallaron las estrategias de pacificación, las leyes antimaras y las treguas pactadas con los líderes máximos delas organizaciones criminales, aun ya estando en cárceles de máxima peligrosidad. Resultó insostenible darles beneficios, permitirles visitas familiares, autorizar fiestas en las cárceles o dejarlos ingresar electrodomésticos. Recordó que, en el año 2010, las maras ya habían doblegado al país y, en el 2015, El Salvador se había convertido en el país más violento de todo el mundo. Los maras terminaron por demostrar su peso y su poder en todas las esferas jurídicas, sociales y económicas del país, expandiendo su control territorial y llegando a tal nivel de estratificación que ya no era posible identificar a las cúpulas o a grupos de líderes de la organización criminal. El ministro salvadoreño evidenció cómo las pandillas utilizaron métodos de terror para pretender arrogarse potestades exclusivas del Estado y adjudicarse el monopolio en el uso legítimo de la fuerza pública en aquel país. Los maras tenían el poder de vida y muerte sobre los ciudadanos, de decir donde podían vivir, en qué barrios o colonias podían ingresar las compañías distribuidoras, extorsionando por igual a las tienditas de la esquina o a las grandes trasnacionales. Al ser judicializada una Ley contra actos de terrorismo promulgada en el 2015, la Sala Constitucional dio un viraje jurídico y emitió un criterio inesperado para autorizar al Estado a combatir el terrorismo con el máximo rigor. La Sala justificó la creación de órganos especiales de investigación y de enjuiciamiento ante la envergadura de los daños sociales que habían causado las pandillas con su régimen de terror. En ese sentido, el Estado admitió la prueba testimonial de referencia (sin presenciar los hechos delictivos en forma directa) para combatir al crimen organizado. Ante una criminalidad extremadamente violenta, el ministro Martínez planteó la disyuntiva que enfrenta el Estado: dar el combate con estándares garantistas de debido proceso o aplicar herramientas dogmáticas, es decir, acudir al famoso Derecho penal del enemigo. VERDUGOS GOZAN DE DERECHO Un mara o un pandillero tiene derecho a defenderse en forma legítima, a aportar prueba y a controvertir la prueba de acusación, acompañado de una verdadera defensa técnica, eficiente y efectiva, bajo el estándar interamericano de derechos humanos. Sin embargo, en medio de los debates dogmáticos entre los garantistas y los funcionalistas normativos, “nuestras familias están expuestas al terror”, advirtió el ministro salvadoreño, Héctor Nahún Martínez. En opinión del ministro, los derechos no son absolutos, ni siquiera el de la vida. Desde hace 8 años, el Tribunal Constitucional de El Salvador avaló la nueva política criminal del país, la cual está cimentada en la declaratoria de las pandillas como terroristas. “¿Y la Corte interamericana con su estándar de debido proceso? Ahí viene el debate jurídico”. A inicios del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por aplicar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, al emitir la sentencia del caso García Rodríguez. Al aplicar el derecho penal del enemigo, los jueces salvadoreños aseguró tienen un freno: deben aplicar el test de proporcionalidad en cada caso concreto, es decir, ver si una medida es idónea, proporcional y necesaria. Las penas de prisión contra el crimen organizado “siempre serán excesivamente largas, superando las expectativas de vida, aunque en El Salvador las penas no rebasan los 60 años”.
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