Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ya se encuentra en marcha una auditoría administrativa de los procesos de construcción del distribuidor vial de salida a Salamanca, en la ciudad de Morelia. Ante la gran cantidad de denuncias ciudadanas por afectaciones a la movilidad y por actos de corrupción, la Secretaría de la Controlaría del Estado de Michoacán (Secoem) revisará los procesos de ejecución desde el ámbito administrativo. Costos, recibos, contratos, temporalidades, compromisos, erogaciones, deudas y todo tipo de información generada durante los últimos dos años será revisada por la autoridad estatal a fin de identificar posibles irregularidades y determinar responsabilidades al respecto. Foto: Víctor Ramírez, La Voz de Michoacán. En voz de Azucena Marín Correa, titular de la Contraloría estatal, el objetivo es desahogar y aclarar las causas por las cuales la obra presenta más de medio año de retraso, así como las condiciones en las que la empresa contratada en 2020 entregó la construcción tras el proceso de recisión de contrato hace apenas unas semanas. Fue a principios de este mes de octubre, cuando el la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas (SCOP), así como la Secoem recorrieron la obra para identificar las condiciones en las que se encontraba la intervención de casi 10 hectáreas de extensión. El principal indicio es la inconformidad de los colonos de la zona ante la incertidumbre no saber para cuándo quedará concluida la obra y las consecuencias económicas y de movilidad para decenas de miles de morelianos. “Fuimos en el periodo en el que la empresa entregó la obra a verificar el avance que tenían a ese momento grosso modo. Escuchamos a los vecinos que están muy preocupados por la necesidad de esta vialidad por la movilidad y entendemos la premura para que esa obra se entrega administrativamente”, dijo Azucena Marín. “Estamos revisando contratos, vamos a requerir a la SCOP más información para nosotros tener una perspectiva real de cómo está la obra administrativamente, no solo físicamente sino también administrativo: cuántos pagos, en que temporalidad, si los pagos ya están cubiertos con obra y es lo que estamos revisando”, manifestó la funcionaria. El panorama en cuanto a la obra se sigue complicando: Gobierno de Michoacán y la empresa constructora no llegaron a conciliar en lo que respecta a los volúmenes de obra que fueron pagados y los que finalmente fueron entregados tras el proceso de recisión de contrato. Por lo anterior, los trabajos que actualmente se desarrollan en la zona son menores. El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, señala faltantes en el avance que fue finiquitado desde el inicio de la obra en febrero del 2021. Lo anterior, no ha permitido resolver el conflicto legal que, hasta el momento mantiene en “stand by” la salida norte de Morelia. Si bien desde hace al menos 6 semanas las maquinarias y trabajadores regresaron a la zona de intervención, únicamente están trabajando las zonas aledañas como tuberías, pasos deprimidos secundarios y pavimentos que no afectan a las partes de volúmenes pendientes como el túnel principal. Hace dos años, por la entrada norte de Morelia accedían y salían casi medio millón de personas cada 24 horas al ser el punto de conexión con la ciudad de México. Al día de hoy, el libramiento Norte se redujo a un socavón de 3 kilómetros de largo y 30 metros de ancho inundado de aguas negras, lodos y varillas puntiagudas que emergen de la obra negra. La zona son varios minutos de pérdida de tiempo por el tráfico y hasta una hora para cruzar unas cuantas cuadras en horas pico. Si bien poco a poco se han reanudado los trabajos de construcción, la incertidumbre de los colonos, comerciantes, estudiantes y automovilistas de la zona en torno a cuándo estará concluida la obra son cada vez más latentes. Sobre la polémica anterior, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo incluso acusó de que los pagos “adelantados” que llevaron a condiciones de descapitalización de las empresas y los retrasos fueron a causa de los manejos de la actual gestión estatal. Al respecto, la contralora estatal aclaró que la gestión de Alfredo Ramírez Bedolla prácticamente ha cubierto partes mínimas en cuanto a los pagos a las empresas constructoras, mientras que el resto fue comprometido desde hace casi 2 años. “Tenemos que auditar que lo que se pagó ya se haya ejercido también; vamos a revisar que los conceptos estén realmente aplicados, la mayoría de los pagos se realizaron en la administración pasada. Nosotros realmente es poco lo que sea cubierto en la actual administración. Tenemos muchas denuncias ciudadanas por el atraso en la obra”, concluyó.
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