Arturo Molina / La Voz de MichoacánFotos, Víctor Ramírez Morelia, Michoacán. Conocido como la “Casa del pueblo” por albergar a los diputados locales (aunque cuando el pueblo se manifiesta las puertas se cierran), el Palacio Legislativo de Michoacán alberga tras sus paredes un complejo y casi olvidado patrimonio histórico y cultural que, con el paso de los años, se ha olvidado por parte de los morelianos. El espacio fue testigo de las decisiones del Cura de Dolores, Miguel Hidalgo, en la fase más álgida de la lucha armada de la insurgencia independentista e incluso, vio surgir la decisión de acabar con la esclavitud en las colonias españolas. Entre los pocos vestigios que quedan en el acceso, recuerdan el inmueble como la ‘antigua casa’ de José María Anzorena, quien fue el primer intendente insurgente durante la guerra de Independencia de 1810. Además de la importancia del inmueble, José María Anzorena fue la primera autoridad insurgente del gobierno de la revolución armada de 1810. Más allá de ser una propiedad de un reconocido insurgente en la historia de México, el hoy Palacio Legislativo también fue el lugar en donde Miguel Hidalgo firmó el decreto de abolición de la esclavitud en la América Española apenas a 50 días del levantamiento armado en el pueblo de Dolores Guanajuato (16 de septiembre de 1810). Incluso, durante la ocupación de más de 50 días del ejército insurgente en la ciudad de Valladolid de Michoacán, el edificio habría dado asilo al propio Hidalgo y a sus oficiales. Tras las paredes del hoy Palacio Legislativo se tomaron las decisiones militares que marcaron el rumbo de la guerra de Independencia hace más de 200 años. El edificio afrancesado fue construido a finales del siglo XVIII con la tradicional cantera rosa que caracteriza a la mayor parte del primer cuadro del centro histórico de Morelia y desde entonces, se ha convertido en uno de los inmuebles más importantes por su valor histórico, cultural y actualmente por su valor como espacio donde se toman las decisiones legislativas del estado. A finales del primer siglo del México independiente, el inmueble fue restaurado exactamente en 1897 y se le dieron los detalles de fachada que ostenta actualmente junto con los ventanales y otros elementos. Por decreto del Estado michoacano y tras la búsqueda de un espacio para albergar a los 40 legisladores del estado, para el año de 1922 el inmueble fue decretado como sede central del Poder Legislativo de la entidad. En la actualidad, la llamada Casa del Pueblo se ha limitado a permitir el acceso únicamente a los diputados y en algunos casos a civiles para eventos de índole política y cultural. Las que alguna vez fueron habitaciones y espacios del palacio, hoy albergan las oficinas de asesores y trabajadores del Poder Legislativo, mientras que el espacio más grande es la sede del pleno. Desde la pandemia por la COVID-19 los espacios para que los ciudadanos michoacanos presencien las sesiones ordinarias y extraordinarias del poder legislativo han desaparecido prácticamente bajo los argumentos de la contención a la pandemia. Los problemas políticos, sociales, económicos y otros fenómenos han impreso sus marcas en los muros del inmueble histórico. Los grafitis de protesta, daños a la puerta y las ventanas rotas, se han convertido en parte de la escenografía del edificio. Y es que prácticamente todos los días, tanto Palacio Legislativo como Palacio de Gobierno reciben distintos tipos de expresiones de inconformidad por parte de trabajadores de la educación, burocracia, grupos indígenas, mujeres y estudiantes.