Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- Al menos 4 anexos han sido clausurados los últimos días y varios más están ya en la mira por violaciones a los derechos humanos falta de licencias e irregularidades en general en cuanto a la operación se refiere. Luego de que autoridades estatales cerraron un centro de rehabilitación por presuntos actos de tortura, las acciones de supervisión se han agudizado en la capital del estado. A pesar de que los anexos se cuentan por cientos en la ciudad, únicamente se tienen 70 licencias debidamente expedidas ante el Ayuntamiento de Morelia, el resto se mantienen en la clandestinidad. A partir de las denuncias en los últimos meses han llegado al menos 20 denuncias y solicitudes de revisión de espacios, los cuales, además, se presume carecen de la licencia y protocolos de funcionamiento tanto municipales como sanitarios. En voz de Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia, el llamado es para las familias para que tomen precauciones al ingresar a sus seres queridos a algún tipo de centro de rehabilitación de adicciones. Aseguró que, si bien se está poniendo todo el empeño para detectar y desmantelar los espacios clandestinos, también se requiere de que éstos no sean utilizados por el riesgo que representan para la integridad de las personas. Reconoció que en este caso está participando también la fiscalía general del Estado de Michoacán a través de las carpetas de investigación e incluso la junta de asistencia privada en el tema de los registros de los propios anexos. “Ya ha habido otros cierres. Tenemos hasta 3 cierres adicionales; nosotros tenemos denuncias por 20 que están operando y que no cuentan con los permisos. Carecen de ella y se están haciendo las acciones correspondientes. La fiscalía es la que se encarga de la atención de la violencia. Lo primero que debemos ver es el tema de los permisos, también la Junta de Asistencia Privada está participando”, manifestó el funcionario municipal. El pasado 15 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró un inmueble, presuntamente relacionado con hechos delictivos, que era utilizado como clínica de rehabilitación y liberó a 21 personas, víctimas de posibles actos de tortura. De acuerdo a los datos que constan en la carpeta de investigación, el 20 de junio del 2020, María Fernanda “N” fue ingresada contra su voluntad a dicho centro ubicado en la colonia Cosmos, para ser atendida por problemas de adicción a las drogas. “Durante su estancia, la mujer fue sometida a diversos tratos crueles, presuntamente por parte del personal encargado, que, a su vez, ordenaba al resto de internos a golpearla, además de que tenía prohibido ver a su familia. Tras ser dada de alta, la agraviada fue amenazada por el personal, para que no contara lo que sucedía al interior y por su madre, quien le decía que la volvería a internar”, explica la Fiscalía. Al temer por su integridad, María Fernanda “N” acudió a presentar la denuncia correspondiente, de la cual tuvo conocimiento el agente del ministerio público de la Fiscalía de Asuntos Especiales que integró la carpeta y llevó a cabo los actos investigación. Como parte de las diligencias se tuvo conocimiento del testimonio de otras dos personas que habían sido internadas en ese lugar, y que durante su estancia sufrieron actos similares. Con base a lo anterior, la autoridad municipal insistió en que la regulación de los centros de atención a las adicciones y anexos es una tarea permanente. “Hemos participado junto con la fiscalía. Siempre hemos estado en coordinación para la inspección. Tenemos aproximadamente 70 licencias y sabemos que hay muchos que trabajan de manera clandestina y que se han atendido con la fiscalía para llevar a cabo las inspecciones. Incluso los que tienen licencia también se han inspeccionado junto con la fiscalía y hay una coordinación permanente para acudir al llamado”, manifestó. Actualmente existen poco más de 380 anexos en todo el estado de Michoacán, de los cuales solamente 8 están debidamente reconocidos y certificados por la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), el resto, operan a su suerte e incluso han Sido señalados por abusos y otras violaciones a los derechos humanos. Los centros de rehabilitación o anexos que se han multiplicado en todo el estado y el país surgen como respuesta a una gran necesidad de atención que tiene la población ante los problemas de adicciones. No obstante, la irregularidad prevalece en estos espacios que incluso han tenido señalamientos de actividades ilícitas en su conjunto. Se advierte que en su mayoría operan de manera semiclandestina, toda vez que abren y ofrecen servicios a la par de que se mudan y cambian de razón social con mucha rapidez sin responder a responsabilidades por los tratamientos que ofrecen en la atención de salud. En lo últimos años se han dado a conocer denuncias públicas de abuso sexual, físico e incluso de que son centros vinculados al reclutamiento con el crimen organizado tanto al interior del estado como en la capital michoacana. Las encargadas de regular estos espacios es la Secretaría de Salud del Estado y por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), que se dedican a la atención de adicciones de las personas que actualmente operan en el estado de Michoacán.
La Voz de Michoacán
