Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Raúl Morón Orozco acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la vulneración de sus derechos, una vez que fue restringido su derecho a ser registrado como candidato a la gubernatura. Insistió que sus derechos humanos fueron violentados por las instituciones electorales y enumeró los cuatro, que, a su juicio, son materia de discusión. En la Ciudad de México, en donde ofreció una rueda de prensa, el también presidente municipal de Morelia con licencia, acusó que se le violentaron los derechos político electoral a ser votado, el de las garantías judiciales y de igualdad ante la ley, así como la protección judicial, mismos que también están firmados por México ante la Convención Americana. En este punto, reclamó el derecho político electoral a ser votado se le vio impedido, a pesar de que está establecido que ningún órgano administrativo puede restringirlo y argumentó que estos derechos solo pueden ser impedidos a través de una sentencia emitida por un juez competente en materia penal, derivando en una sanción desproporcionada. “Desproporcionada porque no existían pruebas que sustentaran la acusación ni la gravedad de mi supuesta acción. Inconstitucional e inconvencional porque mi derecho político electoral no debió ser afectado por una autoridad administrativa”, expresó Raúl Morón, tras denunciar que los magistrados fueron omisos al no denunciar la violación y desacato a los artículos. Asimismo, denunció que se le violaron las garantías judiciales, una vez que el INE vulneró su garantía de audiencia y el debido proceso, ya que cuando detectaron la supuesta existencia de propaganda de precampaña “tenían la obligación de notificarme formalmente, así como el procedimiento a seguir y las consecuencias jurídicas a que me haría acreedor”. También reprochó la violación a su derecho de igualdad y no discriminación, una vez que sentenció que el INE llevó también a cabo un trato diferenciado, desigual e injustificado y, por tanto, discriminatorio e imparcial hacía su persona, por vulnerar su derecho a cargos electorales en condiciones de igualdad, toda vez que en diversos casos y en igualdad de circunstancias, sí inició un procedimiento oficioso en materia de fiscalización garantizando el debido proceso que a mí me negó. “A manera de ejemplo menciono dos: 1.- Caso Félix Salgado Macedonio; y, 2.- Caso Mónica Liliana Rangel Martínez. La parcialidad en la actuación del INE se acreditó también en el caso de Zacatecas, resuelto en la misma sesión que mi caso, en el que el Consejo General determinó considerar la presentación de informes como extemporáneos; y, en mi caso particular, como omiso. Dos situaciones muy similares juzgadas de manera claramente distinta”. “Además, el INE actuó como juez y parte dentro del procedimiento de fiscalización, dado que las facultades investigadoras y sancionadoras recaen en una sola instancia: el Consejo General. Por tal razón, es evidente que el sistema jurídico mexicano es incompatible con la garantía de imparcialidad establecida en el artículo 8.1 de la Convención”. Morón Orozco denunció que la parcialidad con la que se ha conducido el INE, se ve reflejada también dentro de la resolución de su Consejo General respecto del procedimiento en contra del partido Morena y las CC. Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Munguía, Luz María Lastras Martínez y Mónica Liliana Rangel Martínez, con fecha del 12 de mayo de 2021; resolución que declaró acreditada la omisión de presentación de informe de precampaña, y les fueron impuestas sanciones pecuniarias, sin negarles el derecho a ser registradas como candidatas, a pesar de tratarse de casos semejantes al de un servidor.