José Luis Ceja / La Voz de Michoacán Jiquilpan, Michoacán. A partir de enero entrarán en vigor las tarifas autorizadas por el Cabildo de Jiquilpan en octubre pasado para el cobro de los servicios de emergencia y apoyo por parte de la Dirección de Protección Civil de este municipio, en las que se contemplan todas y cada una de las actividades de este organismo municipal. Lo anterior se desprende del Proyecto de Ingresos 2022 aprobado en octubre pasado por parte del colegiado jiquilpense, en el que servicios como traslados de enfermos, retiro de panales de abejas y dictámenes realizados por el organismo de auxilio y apoyo serán pagados por los ciudadanos mediante un tabulador ya establecido. “A la presente iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Jiquilpan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2022, se incorporan diversas adecuaciones, entre las que destacan las siguientes: en el rubro de servicios que presta el área de Protección Civil Municipal se consideran cuotas y tarifas que por servicios a petición de parte se requieren para diversos trámites administrativos, tales como dictámenes, certificaciones, capacitaciones y servicios especiales, sin por ello desatender de forma gratuita la comisión de emergencias médicas a la población en situaciones de urgencia y prevención de accidentes”, señala el documento. Es así que se establecen tarifas que van de los 160 a los 5 mil 400 pesos por revisiones y dictámenes de espacios comerciales, entre los que se encuentran centros escolares, negocios, tiendas departamentales, tortillerías, restaurantes, cantinas, billares, cadenas de farmacias, agencias automotrices, refresqueras, cerveceras, tequileras y prácticamente todos los rubros comerciales a los que por ordenanza municipal se les obliga a contar con este dictamen para adquirir la licencia de operación municipal. Enfermos pagarán servicios municipales Pese a que, en teoría, la Dirección de Protección Civil del municipio es financiada en su totalidad por el erario, en el proyecto de ingresos del 2022 los familiares de quienes requieran traslados a hospitales locales y foráneos deberán ajustarse al plan de tarifas de la dependencia municipal con costos de traslado mínimo de 500 pesos por traslado sin oxígeno a hospitales de la ciudad hasta 9 mil pesos a la capital del estado, servicios que, además, están sujetos a la disponibilidad de unidades. Pese a los costos manejados por los servicios que prestará la dependencia local a partir del próximo sábado, la iniciativa de proyecto de Ley de Ingresos 2022 de este municipio proyecta solamente la recaudación de 42 mil pesos a lo largo del próximo año, aclara el documento que estos cobros se realizarán únicamente a petición de partes, esto es, en caso de una emergencia médica en vía pública, el traslado de los heridos se realizará de manera gratuita; sin embargo, si se tratara de una emergencia médica en un domicilio particular el traslado del enfermo a cualquier centro hospitalario se sujetará a las tarifas consignadas en el instrumento recaudatorio. Lo anterior aleja a la Dirección de Protección Civil de este municipio de los principios de gratuidad, altruismo y entrega que dieron origen a su fundación, cuando organizaciones de rescate y auxilio como la Comisión Nacional de Emergencia, 0-50, Radio Organizado y otras renunciaron a sus registros ante la Secretaría de Gobernación para integrar la dependencia de Protección Civil y Bomberos del municipio, a la que entregaron sus equipos de radiocomunicación, ambulancias y carros de bomberos en la idea de que este municipio cumpliera con los requerimientos establecidos por el gobierno mexicano luego de la tragedia de abril de 1992 en la ciudad de Guadalajara, suceso después del cual se giró la instrucción de levantar un censo en el que cada municipio manifestara con cuántas unidades de rescate contaba, el número de elementos y las capacidades de cada uno de ellos para atender eventuales incidentes similares a los de Guadalajara. Fue en ese contexto en el que oficialmente el municipio no contaba siquiera con un cuerpo de rescate oficial, que los grupos de voluntarios que operaban al amparo de varias organizaciones decidieron sacrificar sus bases para dotar al municipio del equipo y personal necesarios para presentar a la Secretaría de Gobernación un padrón de respuesta ante contingencias; de hecho aún después de la municipalización de Protección Civil, varios de los integrantes de las organizaciones disueltas siguieron prestando servicios a título de voluntariado en la institución.
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