La Voz de Michoacán
Alcaldesa de Zacapu asegura que en el municipio “no hay peligro” y es “seguro para vivir”
Mónica Valdez sostiene que el operativo para detener a “El Gordo Chuy” se dio desde el gobierno del estado; el gobernador Ramírez Bedolla declaró que fue una acción federal que “se venía planeando desde la Ciudad de México”.
Redacción / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Luego del enfrentamiento que se suscitó esta madrugada en Zacapu, tras un operativo del Gobierno Federal que derivó en la detención del líder delincuencial apodado como “El Gordo Chuy”, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta municipal, Mónica Valdez Pulido, aseguró que el municipio es seguro para habitar y vivir, y pidió a la población que retome sus actividades diarias.
“Quiero decirles que podemos estar tranquilos, fue un suceso que se presentó como un acto preventivo de delito por parte de la Secretaría de Seguridad en el estado, y quiero decirles también que Zacapu es un municipio seguro para habitar y para vivir. Podemos reincorporarnos de manera habitual a nuestras actividades diarias”, destacó la munícipe durante un live de Facebook.
En el video, Valdez Pulido sostiene que el operativo fue planeado desde la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Michoacán, sin embargo, minutos antes, en la capital del estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró que fue una acción de la Federación, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) con el “respaldo” de la autoridad estatal.
Ramírez Bedolla celebró la detención del objetivo delincuencial en una casa ubicada en la calle Ciriaco Torres, y la calificó como muy “relevante” para esa zona de la entidad.
“Fue una acción que venía con planeación desde la Ciudad de México y por eso la respuesta (enfrentamiento y quema de vehículos) de este grupo delictivo, pero logró la captura del objetivo, que eso es muy importante, relevante en esa zona del estado”.
Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán
En la publicación en vivo, la presidenta municipal resaltó “la coordinación con el gobierno estatal” quien le brindó información de lo sucedido “con hechos reales y fidedignos para que toda la población esté enterada por nosotros de lo acontecido en esta madrugada”.
Luego pidió al director y subdirector de Seguridad Pública del municipio que le acompañaban en ese momento que dieran a conocer una postura “oficial”. El primero aseguró que la corporación municipal a su cargo no tuvo responsabilidad en estos hechos, pues fue una acción coordinada entre la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, aunque aclaró que atendieron reportes que llegaron al número de emergencia 9-1-1 a fin de salvaguardar a los ciudadanos.
El segundo señaló que por instrucciones de la alcaldesa se atendió cualquier tipo de reportes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, pero reconoció que uniformados municipales acudieron al lugar de los hechos en apoyo a las fuerzas castrenses que fueron los actores del operativo.
Mónica Valdez insistió en que “estos operativos se dan desde el estado (Gobierno de Michoacán); se suscitan de una manera silenciosa, no se podían activar sirenas en las patrullas que nuestros comandantes tenían”, incluso aseguró que estuvieron en el lugar de los hechos, “estuvimos pendientes desde que nos enteramos de esta situación”, empero aceptó que el operativo enviado desde el estado michoacano ocurrió “sin notificación para su servidora”.
Valdez Pulido recalcó que no hay riesgo ni peligro para realizar las actividades cotidianas: “En Zacapu podemos salir con tranquilidad, vivir con tranquilidad y estar en paz. En este momento no hay riesgo ni peligro para que podamos estar haciendo nuestras actividades diarias”.
Sin embargo, cabe aclarar que en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se establece como delito federal el crimen organizado y compete a la autoridad del Estado Mexicano perseguirlo, procesarlo y ejecutar penas.
El artículo primero indica que la Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.
Además, la Ley faculta a las autoridades federales a realizar investigaciones y operaciones encubiertas para combatir a grupos o miembros de la delincuencia organizada.
Si bien las autoridades locales pueden colaborar en la investigación de delitos federales, la competencia para juzgarlos y sancionarlos recae exclusivamente en el ámbito federal.
