Arturo Molina/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Este año ha aumentado un 25 por ciento la tasa de judicialización de carpetas de investigación por delitos cometidos en Michoacán. Sin embargo, persiste un déficit de recursos y personal en la Fiscalía General el Estado (FGE), que reconoce que dos terceras partes de las carpetas de investigación terminan archivadas; bajo este contexto, urgen a que se dote del presupuesto necesario a esta instancia para el 2020. Y es que, pese a los avances en la materia, sigue habiendo un déficit importante de capital monetario y humano para dar cabida a las miles de denuncias y encaminar el proceso de la mejor manera. De un total de 50 mil delitos que se comenten en promedio por año, en 2018 se lograron judicializar apenas 2 mil, mientras que para el cierre de este año se han logrado judicializar un total de 2 mil 600 carpetas. La cifra aumentó, pero la diferencia sigue siendo marcada. Déficit en investigación En rueda de prensa, el fiscal Adrián López Solís aseguró que actualmente la dependencia tiene una efectividad del 34 por ciento en materia judicial, esto es, denuncias que avanzan en el proceso. Por lo anterior, destacó la urgencia de aumentar la plantilla de policía investigadora en el tema delictivo. “Actualmente, los 700 elementos no bastan para atender los más de 50 mil delitos anuales que se cometen”, reconoció, y señaló que, aunque se bajó de un 75 a 61 por ciento de carpetas archivadas, sigue habiendo un déficit importante en materia de procuración de justicia. El objetivo es que por año se sumen al menos 100 elementos nuevos a la Policía Ministerial, mismos que puedan ser incluidos en las proyecciones presupuestales, tanto en términos de capacitación, salarial y operatividad de la recién creada Fiscalía General del Estado. “Cuando revisamos el componente de lo que ingresa y cómo se resuelve encontramos que la Fiscalía resolvía bajo diferentes mecanismos el 34 por ciento de las carpetas y estas formas de resolución son la judicialización, el no ejercicio de la investigación, la incompetencia y la acumulación, y una figura que es el archivo temporal”, explicó el funcionario. “Nuestra pretensión es incrementar la judicialización y las resoluciones como el no ejercicio, y disminuir el archivo temporal, porque es enviar a la congeladora los archivos. Eso no puede seguir así”, atajó, reiterando que “en lo que llevamos del año hemos incrementado la judicialización en un 25 por ciento, el año pasado se cerró en 2 mil carpetas y hoy estamos en 2 mil 600 carpetas”. Aseguran las cifras de delitos que terminan archivándose han disminuido con el paso de este año y en la transición. Actualmente, poco más del 60 por ciento de los casos termina archivándose, una cifra que sigue siendo muy alta. En este contexto, López Solís reconoció que se buscará acabar con esta práctica que es considerada como una congeladora. Los datos duros también son preocupantes en cuanto al alcance de la justicia para los ciudadanos. Cifras de la FGE, revelaron que de 2017 a 2018 se archivaron el 75 por ciento de un total de 45 mil carpetas de investigación al no contar con elementos para continuar con las investigaciones. De este universo, sólo 11 mil siguieron su curso y un número aún más pequeño llegó a judicializarse. “Tener 700 policías es incapacidad para investigar 50 mil delitos que pasan al año. Queremos incrementar 100 policías a razón por año, que para este año serían 100, para 2020 serían otros 100 y 2021 serían otros 300 más en total”, detalló. “Hablamos de la capacidad del policía, no es hacer un reclutamiento masivo, sino hacer lo más profesional; el requisito del nuevo sistema obliga a que sea gente que entienda y sepa técnicas de investigación. Lleva a contar con la previsión salarial, uniformes, vehículos para este crecimiento en pantalla de personal operativo”. En este sentido, la Fiscalía General del Estado (FGE) advierte un déficit de al menos 500 elementos de policía de investigaciones en escena del crimen. En voz de Adrián López Solís, titular de la FGE, se espera que para este año se incorporen al menos 100 elementos que permitan disminuir el indicador negativo. Los requisitos para integrarse a la Policía Ministerial, contemplan al menos nivel licenciatura, por lo que la cantidad de aspirantes se reduce en gran medida. Uno de los propósitos es que en de manera inmediata se emita la convocatoria para que quienes tengan el perfil y la vocación se sumen de manera inmediata a la iniciativa. Actualmente la tasa de homicidios se encuentra ligada a la delincuencia organizada. En voz de López Solís al menos el 70 por ciento de este delito ha sido vinculado a esta situación, que aún con los esfuerzos interinstitucionales sigue afectando en gran medida a la entidad. Organizaciones civiles han advertido que una de las principales preocupaciones radica en que las investigaciones que se realizan por parte de las autoridades dejan en su mayoría, una parte importante de datos sin compilar.
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