Angélica Ayala / La Voz de Michoacán Pátzcuaro, Michoacán. En la asamblea general del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) que se realizó este pasado fin de semana en la comunidad de San Andrés Tzirondaro, municipio de Quiroga, acordaron en que esta semana se organizarán para la Caravana Nacional P'urhépecha, misma que iniciará en la ciudad de Morelia y concluirá en la Ciudad de México con la intención de tener una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir presupuesto directo federal para los poblados purépechas. Lo anterior fue dado a conocer por el vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán Macario, quien adelantó que también se van a realizar mítines, tomas de carreteras e instituciones estatales y federales. “A partir de la semana que viene, estamos exigiendo que el Estado mexicano implemente un plan de justicia social para los pueblos originarios de Michoacán”, mismo que dividieron en varios ejes: “Acciones para garantizar el derecho humano al agua de las comunidades Indígenas, el 20 por ciento de las comunidades originarias de la entidad tienen problemas para acceder al agua potable y sistemas de drenaje a pesar de ser pueblos con más de 500 años como las comunidades de Cocucho, San Benito Palermo o Santa Rosa”. Asimismo, estarán exigiendo a los tres órdenes del gobierno la defensa y cuidado de los bosques, “como que garanticen un número suficiente de helicópteros contra incendios, y plantas y semilla de pino para reforestación social, queremos reforestar un millón de pinos en las comunidades originarias durante el presente año”, aclaró que en los tres últimos años el CSIM a reforestado un millón 900 mil pinos sin recibir remuneración alguna, “pero este año ni si quiera quieren otorgar planta de pino”. Otras de las peticiones del Consejo Supremo Indígena son mesas de trabajo, “sobre la defensa y restitución de los territorios indígenas para ir resolviendo problemas de tenencia de la tierra y la invasión de terrenos comunales por empresas aguacateras”, lucha que han emprendido por décadas, entre ellas el pueblo indígena de Santa Fe de la Laguna, quienes hace un par de años les restituyeron algunas hectáreas que estaban en poder de particulares a la orilla del Lago de Pátzcuaro. Entre los temas de denuncia, informó que están demandando respeto a los procesos de autonomía de los pueblos originarios, “que actualmente se encuentran obstaculizados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que demora los trámites de reconocimiento de comunidades Indígenas hasta por tres meses, lo que atrasa la entrega de los presupuestos directos, además de denunciar que el INPI en Michoacán se toma atribuciones que no le corresponden, como el reconocimiento de los jefes de Tenencia”. La caminata que están por iniciar la próxima semana desde la capital del estado es parte de los planes y acciones “para resarcir la deuda histórica que el Estado mexicano mantiene con las comunidades originarias mediante la inversión directa de obras de infraestructura pública tal y como realiza el gobierno federal en otros pueblos originarios como los yaquis, mayas, triquis o zapotecos, pero no hay obra directa federal en Michoacán, con lo que se discrimina a las comunidades indígenas del estado”. Pavel Guzmán informó que la caminata es para llegar al Palacio Nacional, donde solicitarán una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que el gobierno federal implemente un plan de justicia para los pueblos originarios de Michoacán, “tal y como el que realizó con los hermanos del pueblo yaqui”. Informó que con este plan de justicia que se aplicó en las comunidades yaquis, que se encuentran en Sonora, entre ellos los pueblos de Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Tórim, Vicam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem, entre otros, donde el gobierno federal invirtió 11 mil 800 millones de pesos, “nosotros no estamos pidiendo que nos den el dinero, ni administrarlo, que lo haga el gobierno federal, directamente a los pueblos indígenas de Michoacán, que no pasen por el gobierno del estado o ayuntamientos”. Señaló que el presupuesto que están exigiendo es para el fortalecimiento de la obra pública en las comunidades purépechas, además de garantizar los servicios básicos como es el agua potable. Pavel Guzmán comentó que con este plan de justicia que están exigiendo al gobierno federal se garantiza una atención a las comunidades indígenas en temas que han sido ignorados por los gobiernos municipales y estatales.