Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) anunció que interpondrá recursos legales contra el Gobierno de Michoacán, y en particular contra la Secretaría de Turismo (Sectur), por el registro de la K’uinchekua como marca local, cuando se trata de una tradición ancestral de la región purépecha. Desde el año pasado ha existido una molestia generalizada en las regiones originarias ante lo que consideran un abuso, pues se trata de lucrar con un tema que, si bien pudiera tener potencial turístico, representa una cosa muy distinta a lo que la Sectur promueve En rueda de prensa sostenida en Morelia esta semana, Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero del órgano indígena, acusó al Ejecutivo estatal de intervenir directamente y “ultrajar a las tradiciones de los pueblos de la Meseta Purépecha”. A pesar de los señalamientos del estado, que defiende el registro de la K'uinchekua y busca verle el “lado positivo”, asegura que no se consultó con ninguna comunidad sobre el uso de la palabra como una marca comercial y de exploración de turismo cultural. Pavel Guzmán declaro que “los pueblos originarios temen que la celebración tradicional de la Meseta se vea limitada o sujeta al permiso de los gobiernos en un futuro”, así como no poder sostener y promover una serie de actividades en distintas regiones que se promovían anteriormente con el mismo nombre. Cabe destacar que este lunes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que ya se concretó con el registro de la marca indígena ante el riesgo de que otros actores se adelanten como ha pasado con otros conceptos culturales. Pelean presupuestos En otro tema, durante la rueda de prensa se reveló que siguen sumando conflictos entre comunidades indígenas y gobiernos civiles en el estado de Michoacán. Ya suman al menos tres focos rojos en donde la obstaculización de los recursos para los consejos comunales enciende posibles confrontaciones. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció públicamente que, a pesar de los discursos de los tres órdenes de gobierno en torno al respeto a la libre autodeterminación de los pueblos originarios, el camino para el presupuesto directo se sigue enturbiando. San Matías el Grande en Hidalgo, Jarácuaro y otra comunidad más en Erongarícuaro y en años pasados Nahuatzen (sic), Quiroga y Salvador Escalante fueron escenarios de las diferencias entre ambos modelos de gobierno. Apersonados en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEHD) los comuneros e integrantes del CSI exhortaron a los gobiernos a sacar las manos de los procesos de consulta y, sobre todo, a liberar los recursos que ya pertenecen a los pueblos originarios. Pavel Ulianov Guzmán lamentó que a pesar de que los alcaldes de Hidalgo y Erongarícuaro pertenecen a Morena y al PT, partidos que forman la misma coalición que gobierna a Michoacán actualmente, no se han logrado avances en el diálogo con ambos ediles. “En Uricho no permitieron que se realizara la consulta. El problema no es el presupuesto directo, sino que se les debe de consultar a todos. Afortunadamente ya se ganó en el Tribunal Electoral contra los jefes de tenencia que impuso el Ayuntamiento”, manifestó el vocero del órgano indígena. Actualmente, se mantienen en proceso decenas de trámites de consulta ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), mismos que están orientados a garantizar los procesos de consulta de los pueblos originarios en al menos 4 regiones indígenas de esta entidad. Conflicto en Hidalgo, latente Además, se detalló que el Ayuntamiento de Hidalgo, en el oriente Michoacano cerró las puertas de recursos y servicios a la comunidad autónoma Otomí San Matías el Grande. Los recursos para ejecución directa que ya obtuvo la población mediante consulta no han llegado a pesar del paso de los meses. Asimismo, a manera de aparente “represalia”, el ayuntamiento suspendió los servicios de salud, recolección, seguridad y atención general. Apersonados en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los comuneros recordaron que desde el pasado 22 de enero lograron la atribución de autogobierno, misma que no ha sido respetada. El alcalde José Luis Téllez Marín fue señalado de no convocar a la sesión de cabildo para autorizar el despliegue de recursos para 532 habitantes de dicha población otomí. “Está violentando los derechos porque sabe que los recursos no los tenemos y suspende los servicios básicos. Tendría que sesionar en Cabildo para la transferencia de recursos y nos han negado el acceso a la sesión de cabildo. El día sábado se le planteó al gobernador la propia situación”, manifestó José Irat, comunero. El emplazamiento de la comunidad es claro. En caso de que no se resuelva en favor del consejo recurrirán a la toma de carreteras y otras medidas de presión para garantizar que se les entreguen los recursos que les corresponden como consejo y comunidad autónoma. En términos presupuestales destacaron que les corresponden al menos 15 millones de pesos, mientras que estiman que las actualizaciones de este año la cifra crecería hasta los 18 millones de pesos de manera directa.
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