Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Gobiernos y organismos en general incumplen con sus obligaciones con las personas con discapacidad. Desde hace más de 9 años son omisos en destinar presupuesto a uno de los sectores de mayor vulnerabilidad y de alta tasa de crecimiento a nivel local. Desde el 2014, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo 4 establece que gobiernos municipales, estatal, organismos descentralizados tenían que destinar el 2 por ciento de sus presupuestos a tareas encaminadas a favorecer a las personas con discapacidad. De lo anterior, no se ha traslado nada del papel a los hechos, afirman especialistas. En voz de Florencio Ubaldo Muñoz, presidente de la asociación Derechos Humanos Sin Fronteras, en 2022 el presupuesto para las personas con discapacidad se redujo al apoyo al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) con poco más de8 millones de pesos. Aseguró que en términos porcentuales el total de recursos que les tocaba como Población vulnerable a través de obras, rehabilitación, generación de oportunidades y políticas en general superaba los mil 800 millones de pesos. “En el 2014, cuando se creó la ley, se decía que estaban obligados a destinar el 2 por ciento de sus presupuestos a problemáticas directamente relacionadas en torno a la discapacidad, a qué se resuelvan. Si eso fuera verdad sólo el año pasado nos quedaron a deber más de mil 800 millones de pesos. El CREE tiene un presupuesto de 8 millones de pesos. Eso es lo que nos quedan a deber”, argumentó. El artículo 4 de dicha ley fue modificado en el año 2014 y reza: “En el caso del Poder Ejecutivo, los gobiernos municipales y los órganos autónomos del estado de Michoacán, en el ámbito de sus competencias y en los casos aplicables, establecerán los programas y realizarán las acciones prioritarias que garanticen la eficaz atención y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, para ello reservarán como mínimo el 2 por ciento de su presupuesto”. Con base a lo anterior, se establece que los programas y acciones que lleven a cabo, de acuerdo a sus atribuciones y competencias, como mínimo, irán encaminados a la prevención de enfermedades que de no ser atendidas desembocan en discapacidad; la promoción, respeto, protección y las garantías de los derechos humanos de las personas con discapacidad de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y asistencia médica, habilitación y rehabilitación. Asimismo, también buscará orientación, gestión y apoyo para la obtención de prótesis, órtesis o medicamentos; la orientación, apoyo y capacitación a familiares o a personas que cuiden o asistan a las personas con discapacidad; la promoción, capacitación o apoyo para el empleo y la autogestión; la eliminación de barreras físicas y de comunicación; la capacitación del personal adscrito a las dependencias con áreas de atención al público con la finalidad de concientizar, sensibilizar e informar sobre la discapacidad; y la atención integral con personal calificado en las áreas de atención al público de las dependencias. “Desde el 2014 nos deben, estamos hablando de 9 años y podemos decir dinero con el que hacemos más de 10 Teletones. La ley dice que deben ser políticas para favorecer las condiciones de personas con discapacidades, sillas de ruedas... nosotros queríamos construir del Instituto dela Discapacidad, conseguimos el terreno y lo tenemos abandonado, nos costaba 10 millones de pesos, pero no nos hicieron mucho caso”, explicó. Crece población En los últimos años, la población con discapacidad de Michoacán creció. Se estiman más de800 mil personas con algún tipo de discapacidad, mientras que el riesgo de padecerlas también creció de manera exponencial por distintos factores. Información de la Secretaría de Movilidad y Urbanismo del Estado de Michoacán, reveló que hasta un 50 por ciento de la población con algún tipo de discapacidad física prefiere no salir de sus casas ante la imposibilidad de transitar por las calles de la ciudad. Banquetas con pendientes, obstáculos, baches, rampas obstruidas, inmuebles sin accesos especiales, transporte público sin capacitación y otros factores han relegado a las personas con discapacidad de cualquier posibilidad de circular por ciudades como Morelia. A pesar de los miles de millones de pesos invertidos en obra pública estatal y municipal de los últimos años, los proyectos no contemplan espacios de inclusión para las personas con discapacidad visual, motriz, auditiva o de otros tipos. El “cumplimiento” de los gobiernos se redujo a instalar rampas que en muchos casos incumplen con los requisitos de inclinación. Y es que a pesar de la falta de atención por parte de los gobiernos en cuanto a infraestructura de refiere, la discapacidad física, sigue creciendo en Michoacán. El envejecimiento poblacional y otros fenómenos como los accidentes han dejado a más de 800 mil personas con alguna limitación física.
La Voz de Michoacán
