Arturo Molina / La Voz de Michoacán Permanece a la baja la calificación de centros Penitenciarios en el estado de Michoacán. Con un 7.14 en promedio en los 11 Centros de Readaptación Social durante el 2019; las condiciones de los internos siguen empeorando en prácticamente todos los rubros respecto a los análisis realizados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en otros años, en donde se toman en consideración factores como salud, alimentación, seguridad y hasta posible hacinamiento. La disminución de los presupuestos y muchos otros factores, sigue siendo un factor decisivo para que las condiciones en los reclusorios vayan a la baja año con año, según estas mediciones, y para que la tasa de reinserción social vaya en una línea paralela similar en prácticamente en todo el estado, donde no más del 10 por ciento de los internos logra tener éxito en su reinserción tras “egresar” de los penales. El Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria de Michoacán dado a conocer por la CEDH esta misma semana presentó un descenso en su apreciación global. El estudio del año 2017 reflejó una puntuación de 8.40, mientras que en el año 2016 reflejó un 8.06, lo que implica que en menos de cuatro años los Centros ha perdido hasta un 1.40 puntos de promedio. El informe cuenta con puntuaciones consideradas también muy bajas en los siete rubros que se revisaron: situación jurídica de los internos, con 6.83; estancia digna y segura en prisión, que obtuvo 7.53; integridad física y moral, que promedió 6.83; las actividades productivas y educativas, donde obtuvo 7.43; vinculación social del interno, con 7.71; orden y aplicación de sanciones, calificación de 7.69, y derechos humanos de grupos vulnerables en prisión, donde “reprobó” con 5.93. En las calificaciones por Cereso destacan a Apatzingán, con un 7.99; Lázaro Cárdenas, 6.69; La Piedad, 8.36; Maravatío, con 6.32; David Franco Rodríguez de Morelia, que obtuvo, 6.39; Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto en Morelia, 5.75; Sahuayo, con 7.38; Tacámbaro, 8.11; Uruapan, 7.45; Zamora, que promedió 6.68, y Zitácuaro, con 7.35. Llama la atención que la calificación más baja en todo el estado, se la lleva el Penal de Alta Seguridad para delitos de Alto impacto en la ciudad de Morelia con los indicadores que presentan Información sobre la situación jurídica de los internos con 3.73, Clasificación criminológica 3.83 y Separación de procesados y sentenciados 4.45. En tanto que el Cereso de Tacámbaro registró la más alta calificación siendo los rubros de respeto al horario de visita familiar, vigilancia de las personas privadas de su libertad y el espacio para los internos los mejor evaluados. En la última evaluación, también este centro penitenciario recibió una buena calificación, notablemente por encima de otros del estado. El Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria es aplicado por la CEDH para conocer la situación de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y recluidas en estos espacios, mismo que es efectuado desde hace más de una década bajo estándares nacionales e internacionales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha manifestado en diferentes ocasiones su preocupación en torno a la violencia y a la falta de capacidades para reinsertar a los ciudadanos privados de la libertad a la sociedad. La situación ha llegado al grado de que autoridades estatales han calificado a las cárceles estatales y federales como auténticas “universidades del crimen”, desde donde se planean, ejecutan y desarrollan diferentes actividades delincuenciales. Los datos de años pasados refieren incluso las fallas en la materia de generar condiciones, talleres, desarrollo académico y otras actividades. Actualmente, el sistema de Readaptación Social logra apenas una décima parte de su objetivo, solo el 10 por ciento de los internos, puede egresar del penal estatal y reintegrarse a la sociedad en una actividad productiva. Recientemente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos también advirtió la constante falta de mecanismos de reinserción en las cárceles michoacanas, tales como la impartición de esquemas educativos, atención psicológica, oficios y otras actividades En la mayoría de los Ceresos estatales los programas para reinsertar en programas productivos a los ciudadanos privados de la libertad han quedado a deber, según informan los organismos de derechos humanos. En este contexto, los penales mixtos, en donde permanecen mujeres, han llamado la atención de las autoridades debido a la falta de separación de espacios propios para la mujer y, sobre todo, cuando muchas de ellas tienen a sus hijos pequeños, menores de 4 años, durante su tiempo en condena. Al menos el 40 por ciento de los presos es gente joven de entre 18 y 30 años, por lo que, a decir de las autoridades, es necesario reestructurar el esquema de prisiones y dejen de ser consideradas como escuelas del crimen. La recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al Gobierno del Estado es que prefiere a que se revisen los protocolos de seguridad, disciplina y sobre todo, que se revise que no exista la colusión entre las distintas autoridades.
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